Foto: La labor de rescate de ONG como Sea Watch team (en la foto) es objeto de criminalización

Este sábado 11 de marzo, la organización de rescate de personas migrantes Alarm Phone anunciaba en su cuenta de Twitter el riesgo de naufragio de 47 personas que viajaban a bordo en un barco que había salido de Libia. A las malas condiciones de la embarcación, se sumaba que las condiciones climáticas eran peligrosas, por lo que reclamaban que era necesario un rescate inmediato. A posteriori, explicaban que la nave mercante “Basilis L” estaba en el camino de asistencia al barco en peligro para asistir a las 47 personas a bordo, que se había aproximado al lugar, pero sólo en funciones de monitoreo y vigilancia.

Las posibilidades de que los guardacostas libios se aproximasen a la embarcación eran muy altas, y con ello, serían obligados a regresar a Libia, de donde estaban escapando por el riesgo que sus vidas corrían. Alarm Phone, en contacto con las personas migrantes que estaban en el barco, alertaba del peligro al que se exponían y de la situación emocional de pánico en la que se encontraban las personas, y exigía que fueran rescatadas sin demora, por el riesgo de naufragio.

La noche del sábado, la misma organización avisaba en su cuenta de twitter de la pérdida de la comunicación con las personas que viajaban a bordo de la embarcación, y que los guardacostas libios les habían comunicado que las autoridades italianas coordinarían el rescate, sin dar más informaciones. En la mañana del domingo, la ONG avisó de nuevo de la urgencia del rescate —tras contactar de nuevo con la embarcación— y afirmó que un segundo buque mercante “Atlantic North” había llegado a la escena para intentar ayudar a las personas que estaban en la embarcación, junto con el buque “Basilis L”, al que se sumó una tercera embarcación “Kiling”.

“Las autoridades italianas, a sabiendas de la situación, retrasaron el rescate y los dejaron morir”, denunciaba Alarm Phone, con la preocupación de que los supervivientes sean expulsados a Libia o Túnez

El domingo 12 de marzo, la ONG anunciaba que docenas de personas del barco habían naufragado, tras los avisos expuestos. “Las autoridades italianas, a sabiendas de la situación, retrasaron el rescate y los dejaron morir”, denunciaba Alarm Phone, con la preocupación de que los supervivientes sean expulsados a Libia o Túnez, donde les esperan condiciones inhumanas, siendo necesario que sean llevados a un lugar seguro en Europa. Esa misma tarde, la embarcación Open Arms denunciaba que el total de personas fallecidas en Cutro este fin de semana había sido de 79, con 24 niños y niñas menores de 12 años, 33 menores de edad en total y 12 personas desaparecidas. Una vez más, la negligencia de las autoridades y las políticas migratorias que no priorizan los derechos humanos genera muerte.

A finales de febrero 67 personas morían en el naufragio de Crotone, siendo abandonadas por las autoridades italianas. No han pasado dos semanas desde que, desde la sociedad civil y las ONG se exige justicia, memoria y verdad para las víctimas de este naufragio, y una vez más, en Europa, y en este caso en Italia, se produce un nuevo naufragio a la luz de la negligencia, falta de compromiso y solidaridad, y sobre todo, del incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Una vez más, el Estado italiano es responsable de no asistir adecuadamente a personas que están a bordo de una embarcación que corre peligro de naufragio, y más con el conocimiento de que huyen de Libia, y que los guardacostas libios, con gran probabilidad se aproximarían a la embarcación para ejecutar devoluciones ilegales.

No sólo Alarm Phone, sino varias organizaciones de la sociedad civil, como Sea-Watch International alertaban de la situación de peligro de la embarcación que naufragaba este fin de semana en el Mediterráneo Central. Ante ello, la nada, el vacío, la falta de rescate y cumplimiento con el derecho internacional y con la dignidad humana, y por ende, la muerte. Un día más en Europa, los derechos humanos de las personas migrantes —cuando se trata de las personas procedentes de ciertos lugares en concreto— no se cumplen, sino que se vulneran, y se deja a la deriva a cientos de personas que huyen de la violencia. Personas con derechos —que los Estados, olvidan y socavan— como el derecho de asilo y refugio.

Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM0), en noviembre de 2022 más de 5.600 muertes de personas migrantes se produjeron en las rutas migratorias hacia Europa y dentro del territorio comunitario desde principios de 2021 hasta finales de octubre del año pasado. En el informe se destacaba que, desde el 2014 hubo constancia de más de 29.000 muertes en los trayectos hacia Europa y que “estos continuos fallecimientos son otro sombrío recordatorio de que se necesitan desesperadamente más vías legales y seguras para la migración”. Igualmente que, desde el año 2021 hasta el 24 de octubre de 2022, el estudio registró al menos 2836 muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo Central, una cifra que supone un aumento en comparación con las 2262 muertes contabilizadas en el periodo 2019-2020. “Más allá de un fallo estructural a la hora de proporcionar vías seguras de migración, los registros del Proyecto muestran que muchas de las muertes en las rutas migratorias hacia los países de destino en Europa podrían haberse evitado con una asistencia rápida y eficaz a los migrantes en apuros” denunciaba el informe de la OIM.

En un intento de analizar los motivos que generan los naufragios y las vulneraciones de derecho, contemplamos un escenario complejo y multicausal.

El primero, y el más grave la falta de cumplimiento de la obligación internacional del Estado de rescatar a personas que se encuentran en situación de peligro de naufragio a bordo de una embarcación. Es gravísimo que tras los numerosos avisos por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de rescates de personas migrantes —que son criminalizadas actualmente a través de la ley y la justicia en Italia y otros países— las autoridades italianas no hayan puesto en marcha un operativo de rescate marítimo para asistir a la embarcación. La negligencia política a tenor de la falta de actuación para el rescate, que, en ciertos casos, es alevosa a la luz de tantos avisos, ha causado innumerables muertes en las fronteras europeas. La responsabilidad política de estas muertes es tan evidente y clara, que es imposible de esconder a través de discursos y ha de ser exigida.

No sólo los Estados no se hacen cargo de su obligación internacional de rescatar a las personas migrantes que se encuentran en peligro, sino que obstaculizan, castigan y sancionan a las embarcaciones que rescatan en el mar

En segundo lugar, un conjunto de políticas migratorias securitistas y criminalizantes, que son sistemáticas y comunes a lo largo de toda la Unión Europea, y que van en contra de la vida de las personas. Estas van desde el obstáculo para la implementación de la las vías legales y seguras para migrar —lo que genera que las personas utilicen vías no habilitadas y extremadamente peligrosas, como el cruce a través del Mediterráneo—, la imposibilidad de la realización de una vida digna para las personas que llegan al territorio de la Unión, la criminalización del derecho a migrar, y de las personas migrantes, y también de las organizaciones que defienden sus derechos, como las organizaciones de rescate marítimo. No sólo los Estados no se hacen cargo de su obligación internacional de rescatar a las personas migrantes que se encuentran en peligro, sino que obstaculizan, castigan y sancionan a las embarcaciones que rescatan en el mar. Esta Europa va más allá del incumplimiento de la ley, y directamente, permite y abandona a las personas a su suerte, vulnerando todos los estándares morales y de dignidad humana.

En tercer lugar, los discursos y políticas migratorias dan muestra del incremento de la restricción en la protección de derechos, securitización y militarización de las fronteras que viene imponiéndose en Europa en estos últimos años. Esto no sólo se representa a través de las políticas de la extrema-derecha, sino de prácticamente todos los partidos que ocupan el escenario político. Si bien la extrema-derecha y la derecha atacan directamente con discursos criminalizantes y racistas a las personas migrantes y a su derecho humano a migrar, las actuaciones políticas de otros partidos muchas veces no distan de la mirada de la derecha. Ejemplo de ello es la masacre de Melilla, la gestión del Ejecutivo y la falta de asunción de responsabilidades derivadas de lo sucedido. Mañana 15 de marzo, el ministro de Interior, Grande-Marlaska intervendrá en la comisión de Justicia e Interior del Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre la tragedia de Melilla, después de declinar durante meses la invitación de la comisión europarlamentaria, impulsada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

“No hubo ningún muerto en territorio español” afirmaba Marlaska durante estos meses, e incluso, el presidente Pedro Sánchez llegó a calificar el resultado del operativo como “bien resuelto”. No obstante, en noviembre, la organización Lighthouse Reports y la BBC evidenciaban a través de una reconstrucción 3D de la masacre de Melilla que algunas de las personas fallecidas en Melilla habían muerto del lado español. De hecho, el testimonio de uno de los testigos entrevistados por Lighthouse Reports “permite identificar un muerto en el lado español, una persona llamada Anwar”. En torno a la actuación, el Defensor del Pueblo acusaba en octubre al Ministerio del Interior de incumplir la ley en la masacre de Melilla “se efectúo un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales”. Es urgente que Interior y Marlaska asuman responsabilidades en virtud de lo sucedido en Melilla, y que los partidos que dicen estar comprometidos con los derechos humanos, actúen en la práctica de forma consecuente, y no asuman y ejecuten prácticas políticas vulneradoras de derechos.

A tenor de las políticas migratorias restrictivas y securitistas, se observa una tendencia criminalizante de las personas migrantes y las organizaciones de apoyo y rescate de personas migrantes. Estas prácticas se generan a nivel legal, judicial y administrativo

En cuarto lugar, y a tenor de las políticas migratorias restrictivas y securitistas, se observa una tendencia criminalizante de las personas migrantes y las organizaciones de apoyo y rescate de personas migrantes. Estas prácticas se generan a nivel legal, judicial y administrativo, y son varios los casos judicializados actualmente en Europa contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que intentan realizar las funciones que el Estado no realiza cuando deja a la deriva a personas en alta mar. Entre ellos, se encuentra en Italia el caso contra la embarcación del Iuventa, Médicos Sin Fronteras y Save The Children, o en Lesbos, el que un informe del Parlamento Europeo identificaba como “el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa”. Es preocupante la criminalización que atraviesa la defensa de derechos y el intento de rescate de personas migrantes, puesto que no sólo los Estados no cumplen sus obligaciones internacionales, y van en contra de la solidaridad de rescatar personas migrantes, sino que impiden con intentos legislativos, judiciales y administrativos, que las ONG salven vidas.

Una cuestión esencial relativa a la vulneración de derechos, es que los Estados cuando ejecutan devoluciones ilegales, frecuente y sistemáticamente practicadas por toda Europa, están incumpliendo principios básicos en la legalidad internacional en materia de derechos humanos. Esto sucede no sólo a través de la expulsión directa de las personas que llegan a las fronteras, sino por medio de los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países que efectivizan que las autoridades de terceros Estados, como Marruecos o Libia, se encarguen de las expulsiones. Cada vez que el Estado —directa o indirectamente con la ayuda de las fuerzas de seguridad de otros Estados— expulsa a personas, sin analizar debidamente su situación y su posibilidad de solicitar protección internacional, está incumpliendo el principio básico de non-refoulement o no devolución, recogido en numerosos tratados de derechos humanos, entre ellos, la Convención de Ginebra o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  Mediante las devoluciones ilegales, los Estados, no sólo desprotegen a las personas, sino que, en la mayoría de los casos, las están expulsando a un lugar donde sus derechos se van a vulnerar y donde su vida corre grave peligro, que es precisamente el motivo por el que están huyendo.

Europa está alcanzando niveles de decadencia moral. Ni rastro queda de los lemas fundacionales de la Unión Europea, que proclamaban la dignidad, libertad, justicia y derechos humanos. Italia y España son algunos de los ejemplos, no obstante, cada semana llegan nuevas noticias de restricciones de derechos. Esta semana conocíamos que el Gobierno británico aceleraba los planes para endurecer la política migratoria, incluidas las deportaciones a Ruanda, y prohibiendo solicitar asilo a las personas migrantes llegadas a Reino unido a través del canal de la Mancha. Se trata de un proyecto de ley introducido por el Gobierno que concedería facultades a la ministra de Interior, Suella Braverman, a fin de expulsar a las personas que accediesen por vías no habilitadas al Reino Unido —a falta de canales legales y seguros, que son urgentes e imprescindibles para evitar las muertes— y prohibir su regreso en el futuro.

Ante todo ello, es urgente seguir denunciando las vulneraciones de derechos en frontera y en territorio comunitario y español, y que las personas responsables asuman las consecuencias. Memoria, verdad, justicia y dignidad con las personas migrantes muertas a consecuencia de las políticas migratorias, y con sus familiares. Es necesario un cambio de rumbo en las políticas, puesto que cada día, esta Europa vulnera los principios elementales y el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes. 

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