Foto: Marcus Lundstedt
América Latina y el Caribe sigue siendo la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el ambiente. Así lo reveló un nuevo informe de Global Witness, según el cual casi el 90% de los asesinatos a líderes y lideresas ocurrieron en la región. Pero Latinoamérica también es la región donde más se expresan las resistencias en defensa de los territorios. Desde Colombia y Paraguay, voces y experiencias para pensar otros mundos posibles.
Cada octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, un reconocimiento al trabajo que realizan las mujeres para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Si bien este día surgió como una iniciativa impulsada por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en 2007, hoy es mucho más que una celebración. Se trata de una jornada de lucha y reivindicación de las defensoras que, además de alimentar a gran parte del mundo con su trabajo cotidiano, ponen la vida en el centro y protegen a la biodiversidad que las rodea en el actual contexto de crisis climática.
Las defensoras son quienes habitan, cuidan y defienden los territorios más disputados por el modelo transnacional extractivista. Por este motivo, son también, quienes están más expuestas a múltiples ataques, persecuciones y procesos de criminalización de manera cotidiana. Según datos de Global Witness durante 2022, 177 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente. De ellas, casi el 90% de los asesinatos a líderes y lideresas acontecieron en América Latina y el Caribe.
Tierra para las que la trabajan
Las mujeres rurales son una cuarta parte de la población mundial y son las responsables de la mitad de la producción de alimentos a nivel global. Sin embargo, su labor no es suficientemente valorada y, en muchos casos, ni siquiera es reconocida como un trabajo. Por el contrario, según un informe realizado por la ONU durante la pandemia de COVID 19, en 2020, si las mujeres rurales tuvieran los mismos derechos que los varones, “se podría aumentar la producción agrícola y reducir el número de personas que padecen hambre en 150 millones”.
Existe una desigualdad manifiesta: tan sólo el 20% de las propiedades de tierras en todo el mundo pertenecen a mujeres. A su vez, en las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40%. Esta situación no sólo se evidencia en el desigual acceso a la tierra o al trabajo, sino que también se puede ver en la distribución y acceso a los activos agrícolas, a la educación y a los mercados que hay entre varones y mujeres que habitan en zonas rurales.
Si ponemos la lupa en América Latina y el Caribe, vemos que se trata de la región con la distribución de la tierra más desigual a nivel global. Allí, al menos la mitad de la tierra productiva está concentrada en el 1% del empresariado. Como explica el informe “Ellas alimentan al mundo”, elaborado por LATFEM y We Effect en 2021, nuestra región es un territorio profundamente dispar donde los y las pequeñas productoras —pertenecientes mayormente a pueblos originarios y comunidades campesinas— producen más del 50% de los alimentos pero solo acceden al 17% de la tierra. Además, Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan.
Defender a las defensoras
Las defensoras de la tierra y el ambiente protegen los derechos de los pueblos, sus bienes comunes y la riqueza de la biodiversidad frente a los proyectos extractivistas que sólo ven cuerpos y territorios de conquista. Se trata de un valiente accionar que ha sido históricamente violentado y criminalizado por, justamente, defender la vida.
Pero las defensoras no sólo cuidan sus territorios, también crean alternativas, inventan propuestas de solución y disputan nuevas narrativas contra esos escenarios apocalípticos que pueden imaginar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo. Es así que sus voces y reflexiones construyen genealogías colectivas para la defensa de los derechos de la naturaleza y sus pueblos.
América Latina y el Caribe es la región donde más se expresan las resistencias de las defensoras y defensores de los territorios. A lo largo y ancho del continente vemos cómo se replican múltiples experiencias autónomas, cooperativas y solidarias que van desde los caracoles zapatistas en México, pasando por la experiencia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras ( COPINH) en defensa del río Gualcarque; la lucha por la reforma agraria sostenida por la Coordinadora Nacional Agraria en Colombia y por el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras sin Tierra (MST) en Brasil; hasta llegar a la producción de alimentos agroecológicos por colectivos de mujeres campesinas como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) en Chile o la multiplicación de las semillas nativas impulsadas por Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) en Paraguay. Prácticas que nos acercan a imaginar que ese otro mundo es posible.
Sin embargo, a esa histórica resistencia se le contrapone, también, años de ataques y crímenes políticos en connivencia con las empresas trasnacionales y los estados. En ese contexto, los números presentados recientemente por el último informe de la ONG británica Global Witness evidencian la hostilidad: el 88% de los asesinatos de defensoras y defensores socioambientales se produjeron en América Latina y el Caribe. Durante 2022 se registraron al menos 177 asesinatos y el total de homicidios cometidos desde 2012 asciende a 1910. Es decir que una persona fue asesinada cada dos días por defender el territorio en la región.
En lo que corresponde a la situación particular de las defensoras, el informe asegura que existe un claro ensañamiento contra la vida de las mujeres y disidencias que se expresa en agresiones sexuales y todo tipo de acoso. Por este motivo, señalan que ellas se exponen “a ataques desde dos frentes: además de ser víctimas de agresiones por su activismo, también se enfrentan a violaciones de los derechos humanos por motivos de género”.
Las violencias contra defensoras y defensores se acentúa en países como Colombia, Honduras, México y Brasil. Si bien no es fácil especificar las causas exactas que provocaron estos crímenes políticos, existe una vinculación clara con la instalación y/o avance de proyectos extractivistas ya sea de la agroindustria, la minería y la explotación forestal. Siendo, además, de las industrias que más emisiones de carbono producen en el mundo y, por ende, son responsables de la actual crisis climática.
Colombia: “Quiénes defendemos la vida digna, defendemos los recursos naturales”
Según el informe de Global Witness, en 2022 Colombia volvió a encabezar el triste podio por la cantidad de asesinatos a defensores y defensoras en el mundo. En el país cafetero se registraron 60 asesinatos —casi el doble de asesinatos que en 2021— y son, nuevamente, defensores y defensoras socioambientales, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas quienes más se encuentran en mayor peligro.
María Leonor Yonda es lideresa campesina y vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario (CNA) de Colombia. Desde su experiencia, sostiene que se encuentran en un momento de “disputa constante frente a los intereses de las grandes empresas que se despliegan de manera ilegal con alianzas con el paramilitarismo y fuerzas militares poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios, genera una situación de riesgo frente a las amenazas”
El CNA es una de las organizaciones campesinas más grandes de Colombia y reúne a campesinos y campesinas de Nariño, Cauca, Boyacá, Arauca, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander, entre otras. Con esa mirada regional, Yonda explica que en Colombia “quiénes defendemos la vida digna, defendemos los recursos naturales, el agua como un bien común de la humanidad y las grandes empresas transnacionales no lo ven así porque obedecen a intereses de acumulación para el gran capital”.
“Desde nuestros procesos organizativos de base nos organizamos precisamente para resistir frente a este modelo que es de despojo”, señala la lideresa. Desde esta experiencia realizan guardias y asambleas en los momentos que son amenazadas, “nos defendemos cuando hay intentos de desplazamientos y el territorio está en riesgo. Nosotras las mujeres siempre estamos a la vanguardia, organizándonos y resistiendo con nuestras familias”.
Además de la resistencia contra el modelo de muerte, las campesinas y campesinos nucleados en la CNA realizan procesos de formación en Derechos Humanos para comunicar la necesidad de la reforma agraria en Colombia. “Nos estamos formando constantemente para contrarrestar la información frente a este modelo de despojo así como también los riesgos que genera”, expresa Yonda. Frente a la hostilidad, las defensoras se encuentran y organizan: “Tejemos redes entre mujeres para contrarrestar los riesgos y las amenazas que nuestro rol representa”.
Paraguay: “Somos las mujeres campesinas e indígenas las que estamos en el territorio”
Entre los países donde más se expresa la violencia extractivista contra las comunidades campesinas e indígenas se encuentra Paraguay, un territorio invadido por el agronegocio y la producción ganadera a gran escala. Si bien esta violencia no se traduce en asesinatos contra líderes y lideresas sí existe un proceso histórico de persecución y criminalización del campesinado. Esto se debe, en parte, a la existencia de una matriz de distribución muy desigual donde unos pocos empresarios concentran el 77% de las áreas productivas, mientras que el 40% de los pequeños agricultores familiares e indígenas poseen tan solo el 1% de las tierras.
Alicia Amarilla es vocera de CONAMURI, una organización que lleva 23 años en defensa de la soberanía alimentaria. Para la lideresa, la situación de Paraguay es muy compleja porque no se respetan los acuerdos internacionales para la defensa del medioambiente. Paraguay es el país con mayor población rural de América Latina y para CONAMURI este dato no es menor: “Somos las mujeres campesinas e indígenas las que estamos en el territorio, las que luchamos por defender el medioambiente”. Recuerda que la resistencia surgió, justamente, por el encuentro y la creación de organizaciones de mujeres, “nos empezamos a reunir en defensa del territorio, en contra el envenenamiento y del agronegocio que enfermaba a nuestras familias”.
Para la vocera de CONAMURI no es posible comprender a la naturaleza de manera escindida a la humanidad: “Como mujeres, históricamente, vemos a la naturaleza en su conjunto, vemos a la vida y la biodiversidad en su conjunto, cuidamos a los animales como si fueran nuestros hijos, con esa misma ternura”. Por ese motivo, explica, construyeron espacios de mujeres campesinas e indígenas para “luchar contra del modelo de desarrollo capitalista que en Paraguay se expresa a través del agronegocio transnacional”.
Desde su experiencia, sostiene Amarilla, no sólo resisten al avance del modelo extractivista también construyen propuestas: “Producimos de manera agroecológica y multiplicamos las semillas nativas y criollas tenemos nuestras propias propuestas de economía feminista para lograr la soberanía alimentaria”. Además de conservar las semillas y proteger los territorios, las mujeres de CONAMURI se encuentran y cuidan sus saberes ancestrales como otra práctica de resistencia. Así lo asegura la lideresa, “nosotras también tenemos nuestra propia medicina natural, nuestros saberes que son nuestros poderes frente a este sistema que intenta acaparar nuestro territorio”.
En toda América Latina y el Caribe, las mujeres están al frente de la defensa del ambiente y los territorios. Frente a las violencias y el avance extractivista, son ellas las que se organizan y proponen otros mundos posibles. Defender a las defensoras es obligación de los Estados para que defender la tierra no les cueste la vida.
Publicado originalmente en LATFEM
