Una sentencia judicial en México que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar es la última victoria de los defensores del derecho al aborto en América Latina, una región que durante mucho tiempo ha tenido algunas de las leyes más restrictivas del mundo contra este procedimiento. Pero el aborto legal sigue sin estar disponible para la mayoría de las mujeres.

En enero, Argentina legalizó formalmente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, luego de que el Senado aprobara una ley que permitía el procedimiento. En México, la Corte Suprema derogó un estatuto en el estado de Coahuila que imponía penas de prisión de hasta tres años para las mujeres que se sometieron a abortos y para quienes las asistieran.

Hasta que se produjeron los cambios en Argentina y México, solo las naciones más pequeñas como Cuba, Uruguay y las Guayanas habían despenalizado el aborto. Por otra parte, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica o Surinam lo prohíben de forma total, incluso cuando la vida de la madre corre peligro.

Ahora, se espera que en las próximas semanas la Corte Constitucional de Colombia resuelva si ampliará drásticamente los derechos al aborto, tal y como recoge Los Angeles Times.

En 2006, en Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres supuestos: por riesgo para la vida o salud de la mujer, por violencia sexual o por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina. Sin embargo, se han disparado los casos de persecución penal por aborto en el país.

El miedo a las denuncias y ser judicializadas hace que muchas mujeres busquen abortos con procedimientos clandestinos y no acudan a los centros de salud, llegando incluso a golpearse, meterse ganchos en la vagina o tomando hierbas, métodos que ponen en riesgo su salud y su vida. Por ello, es mejor que tengan acceso a un proceso legal y seguro, tal y como señalan los activistas. Las mujeres de las comunidades más vulnerables, que viven en la pobreza, sufren discriminación y probablemente no tienen acceso a recursos o educación, son las más necesitadas.

Incluso en aquellos países en los que se ha despenalizado el aborto en algunos supuestos, la criminalización de las mujeres no sólo no ha disminuido, sino que por el contrario, se ha incrementado.

«La despenalización del aborto por causales es una solución insuficiente. Ha ampliado las posibilidades para abortar pero sobre todo a las mujeres de clase media y clase alta, a las privilegiadas, pero ha tenido un efecto criminalizante entre los grupos más vulnerables», ha afirmado a Público Lucía Hernández, abogada de la organización Women’s Link Worldwide con sede en Bogotá.

Las organizaciones feministas y las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos denuncian que la inclusión del aborto como un delito en los códigos penales y las leyes que restringen la interrupción del embarazo no penalizan el aborto, sino a las mujeres más vulnerables.

Colombia no es el único ejemplo en donde se vulneran los derechos de las mujeres más desprotegidas. Recientemente otras dos investigaciones, una realizada por la organización GIRE en México y otra por Human Rights Watch en Ecuador, tal y como informa Público,  arrojaban conclusiones similares. En Ecuador, un número desproporcionado de abortos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente y casi todas vivían en situaciones de pobreza.

En Ecuador, la interrupción del embarazo sólo está legalizada cuando la vida y la salud de la mujer embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual. Sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias las mujeres están libres de ser perseguidas.

El informe de GIRE, resalta que en México existe una gran brecha entre los derechos establecidos en papel y los servicios a los que tienen acceso las personas: «Existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones; se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto; se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos; se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas».

El 73% de los procesos judiciales se inician por denuncias de los profesionales de la salud

Los propios profesionales de la salud denuncian a la Fiscalía y a la Policía a las mujeres que entran en un centro de salud con una emergencia obstétrica o con pérdidas por un inicio de aborto.

Les toman declaración en la misma camilla del hospital e incluso son llevadas casi desnudas, tapadas sólo con la bata hospitalaria, a declarar a la Fiscalía.

Falta de información

Son múltiples las causas que generan este perfil de mujeres criminalizadas, entre ellas la falta de información. Muchas mujeres que viven en medios rurales no conocen sus derechos al aborto y cuando los conocen, no tienen centros de salud cercanos donde acudir ni dinero para pagar los medios de transporte.

Otro problema común en diversos países es la poca formación e incluso la desinformación por parte de los servicios de salud y de las instituciones judiciales. «Los servicios de salud denuncian a las mujeres por posible inducción de un aborto, violando el secreto profesional que tienen los médicos y los jueces, sin embargo, las admiten. También admiten los historiales clínicos».

Solo las mujeres de clase media y acomodada tienen los recursos económicos necesarios para que les realicen los abortos en centros de salud privados, para poder viajar al extranjero o para pagar a abogados que las defiendan.

Las mujeres con menos recursos recurren a abogados de oficio que muchas veces les recomiendan que se declaren culpables para tener una condena menor, aunque su caso se encuentre dentro de los supuestos permitidos para interrumpir el embarazo.

Publicado originalmente en Contrainformación