Diversas movilizaciones populares se desarrollan en Paraguay para exigir la liberación del dirigente campesino de la Federación Sindical Mundial Rubén Villalba, imputado por «invasión de propiedad privada ajena» en el 2008, en un caso de oposición a fumigaciones que, según los labriegos, violaban la legislación nacional.

Este caso tuvo lugar en Colonia Pindó, Yasy Kañy, departamento de Canindeyú (oeste). Un grupo de campesinos exigió al supuesto propietario de las tierras a fumigar presentar el título de propiedad, documento que éste último no poseía,

El motivo de la demanda es que los agricultores sabían de antemano que las tierras pertenecían al Estado y estaban disponibles para su entrega a campesinos sin tierra, gracias a la «reforma agraria» sancionada en la Constitución.

La principal acusación contra los 12 campesinos detenidos e imputados es «invasión de propiedad privada ajena», aún cuando la propiedad no pertenecía a quienes pretendían fumigarla.

Villalba es uno de los campesinos imputados por el desalojo ocurrido en Curuguaty, en junio del 2012, que culminó con la muerte de 11 labriegos y seis policías y fue utilizado como argumento para el golpe de Estado contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Bajo privativa de libertad, Villalba cumplió una huelga de hambre de 58 días, junto a otros cuatro campesinos detenidos por el caso de la Masacre de Curuguaty, una medida que le valió una decisión judicial de prisión domiciliaria.

El pasado 15 de abril, Villalba fue nuevamente enviado al penal de Tacambú, cuando se disponía a cumplir la prisión domiciliaria conseguida como fruto de la extensa huelga de hambre.

Su remisión a la cárcel fue tomada por un Juzgado de Garantías que rechazó la apelación presentada por su abogado defensor, quien planteaba la prescripción de la causa que se le imputa, así como el ensañamiento con quien lleva casi dos años encarcelado sin juicio.