Argentina se movilizó contra Monsanto ante la orden de desalojo del Bloqueo a Monsanto en Malvinas, Argentina, dada por el fiscal Víctor Chiapero antes de tomar unas vacaciones, y que fue detenida por la fiscal suplente Adriana Abad que la suspendió hasta el mes de febrero cuando concluya la feria judicial.

Luego de que se conociera la noticia de la orden de desalojo del Acampe para bloquear a Monsanto en Malvinas Argentinas, “la actividades siguen en pie de lucha” dicen los activistas argentinos.

Dos años han pasado desde que la justicia argentina rechazó los permisos para construir la planta de tratamiento de semillas más grande del mundo. Por esta razón, miles de ciudadanos en Buenos Aires y en varias ciudades argentinas, principalmente en Córdoba, salieron a las calles a manifestarse contra Monsanto y sus actividades en la localidad rural de Malvinas Argentinas. “La resistencia continúa hasta que se vaya la transnacional, han pasado tres años de que un pueblo se ha movilizado y una provincia pide la emergencia ambiental, con un país que apoya el reclamo” expresaron los manifestantes en la ciudad de Córdoba.

El conflicto ecológico y de territorios suscitado desde hace el año 2014 surge a raíz de la intención de Monsanto de instalar una planta de semillas en la localidad de Malvinas, Argentinas, Córdoba que en su momento tuvo una violenta represión a los manifestantes y que se zanjó con la aprobación de la Ley Número 10.208 de Poítica Ambiental Provincial, que estableció el requisito de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier proyecto.

El 10 de febrero de 2014, el proyecto “planta de acondicionamiento de semillas de maíz” presentado por Monsanto para la evaluación de impacto ambiental fue rechazado por la Autoridad de Aplicación y por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, lo cual se ratificó el 11 de junio de ese mismo año, cuando la Ley aprobada estableció que “todo proyecto que hubiese sido rechazado por la Autoridad de Aplicación, no puede presentarse nuevamente para su evaluación”.

La aplicación de este artículo cierra las posibilidades para la instalación de la mencionada planta, ya que no existen caminos institucionales para que Monsanto pueda conseguir el certificado de aptitud ambiental de su proyecto, necesario para el inicio de las obras y el funcionamiento de la actividad.

Respecto a la orden de desalojo del acampe, Ignacio Soria, abogado de Monsanto, argumenta un “supuesto entorpecimiento” de la circulación de personas y cosas en la ruta A88. La Fiscal Abad sostuvo que en el fallo emitido por su colega Chiapero, no hay elementos para acreditarlo, ya que no se realizó ningún tipo de procedimiento para recabar la información en el sitio que permitiera señalar que se cometió algún ilícito. “No hubo inspecciones oculares, ni visitas al lugar” declaró la Fiscal Abad, al suspender la medida

Fotos: Claudina RNMA