México D.F. “La camioneta en la que veníamos nos dejó botados antes de llegar al Ceibo, porque venía la migra. Caminamos tres días seguidos, hasta llegar a Tenosique. Ahí encontramos el tren, pero nos persiguieron los (policías) federales. No había dónde escondernos, y yo temblaba de miedo”, narra Luis Mario, de 19 años, originario de San Miguel, El Salvador, quien recorre México en busca de una ilusión: “darle pa’l otro lado, llegar a Estados Unidos”.

Procedentes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, cientos de miles de migrantes centroamericanos intentan cada año atravesar los miles de kilómetros de suelo mexicano que separan sus países de origen del sueño americano, enfrentándose en el camino a un sinfín de calamidades perpetradas no sólo por los grupos criminales y de trata de personas, sino por las autoridades mexicanas que, coludidas con la delincuencia organizada, acosan, roban secuestran, violan y asesinan con toda impunidad a quienes deciden aventurarse hacia el norte.

“El primero de los riegos a los que los migrantes se enfrentan es la extorsión, todo el mundo les quita dinero, y hasta los zapatos; cuando van de un punto a otro ya llegan sin nada y empiezan de cero. Todas las policías se ensañan con ellos, los despojan de sus bienes; las corporaciones policiacas reciben salarios muy pobres y la extorsión se convierte en su segunda entrada de dinero. Muchas de las mujeres migrantes son violadas en el camino. En El Salvador se vende en las farmacias la pastilla del día siguiente como ‘la pastilla para México’”, explica Marta Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, de los 400 mil migrantes que cada año atraviesan el territorio nacional, entre 18 mil y 22 mil son secuestrados, generando a los grupos criminales ganancias de hasta 50 millones de dólares.

 “Allá de todos modos me iba a morir, aquí por lo menos tengo una esperanza”

La pobreza y el aumento de la violencia son algunas de las causas por las que cientos de miles de personas, la mayoría de ellos jóvenes, emigran hacia el norte.  Según el Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI), de enero a diciembre del 2008 se registraron siete mil 235 muertes violentas en Honduras, lo que significa un incremento del 25 por ciento con respecto al año anterior, mientras que en Guatemala, durante los últimos siete años, la violencia homicida ha aumentado un 12 por ciento cada año, superando ampliamente al crecimiento poblacional que es inferior al tres por ciento anual. En el 2006 hubo una tasa de 47 homicidios por cada cien mil habitantes, cifras que posicionan a Guatemala como uno de los países más violentos del mundo.

“Yo me fui por necesidad. La situación económica de mi país es muy difícil. No hay trabajo y hay mucha delincuencia. La mayoría anda robando, y yo no quiero que me maten por un pinche celular. De todos modos no tengo nada, en Honduras me podrían matar. Sé que al intentar ir al norte me pueden matar, pero tratar de llegar me da por lo menos una oportunidad de triunfar”, dice Edgadro, de 18 años, originario de San Pedro Sula, Honduras.

Cada año, alrededor de 73  mil hondureños se internan en territorio mexicano, de éstos, Honduras ha documentado 800 casos de migrantes desaparecidos en este país desde el 2003, mientras que Guatemala ha reportado la desaparición de 150 personas de las casi 150 mil que cruzan la frontera. Estas cifras, sin embargo, son inexactas, pues, como señala la organización humanitaria Amnistía Internacional, los migrantes que atraviesan la frontera mexicana son “víctimas invisibles y extremadamente vulnerables a abusos de autoridad y violación de sus derechos humanos”.

“Palenque es un lugar por donde a diario pasan los migrantes y con frecuencia se presentan casos de hombres lastimados o mutilados por el tren, mujeres violadas y personas asesinadas. Pero cuando matan a alguien y se denuncia el asesinato ante las autoridades, la denuncia no procede ‘porque son migrantes’”, dice Pedro Álvarez, del Refugio para Migrantes de Palenque, Chiapas.

Amnistía Internacional advierte que la gran mayoría de los abusos cometidos contra los migrantes no son investigados con seriedad por las autoridades mexicanas a nivel federal, estatal y municipal, y con “demasiada frecuencia las autoridades proporcionan a las bandas delictivas una cobertura bajo la que cometen abusos, o se limitan a no intervenir para impedir que se cometa un delito”.

La xenofobia, un muro más

Otra situación a la que miles de migrantes se enfrentan en su paso por México hacia los Estados Unidos es “la xenofobia que estamos viendo por todos lados, en servidores públicos, en la policía y también en la gente que muchas veces, lejos de ser solidaria con los hermanos centroamericanos, se comporta como juez”,  advierte el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes.

Pero el panorama no es del todo desolador. Solalinde señala que “también se ha logrado crear una red solidaria de organizaciones y de gente más consciente – incluso de servidores público- que brindan apoyo y protección a los migrantes”.

“Fue un acto criminal lo que hicieron con Julio Cardona”

El reciente asesinato del migrante guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín es una muestra de los crímenes que impunemente se comenten en México contra los migrantes centroamericanos.

Cardona Agustín, de 19 años de edad, contaba con regularización migratoria y se encontraba en México buscando a su hermano. Fue visto por última ocasión en Tultitlán, el 6 de agosto de 2011, a bordo de la patrulla 203 de la policía municipal. Los agentes lo detuvieron como presunto responsable de un robo. Pocas horas después, su cuerpo sin vida fue encontrado en las vías del ferrocarril aledañas a la Casa del Migrante de Lechería, en el Estado de México.

“Muchas personas vieron como lo subieron a la patrulla y se lo llevaron. Nadie más que la policía municipal son responsables de esa muerte criminal, cobarde”, sostiene el religioso Solalinde.

“Los migrantes conocen a Tultitlán como ‘el pueblo de la muerte‘. Atentados como el de Julio Cardona, ocurren con frecuencia y, desafortunadamente, entran en el campo de lo convencional  y cotidiano en la zona. Hay muchas muertes de  migrantes que no son investigadas, pues nadie los conoce, no tienen nombre”, dice Marta Sánchez.

Días antes del asesinato de Cardona, Marco Antonio Calzada Arroyo,  alcalde del municipio de Tultitlán, declaró que “los migrantes generan inseguridad y no otorgan ningún beneficio a la localidad”.

Al respecto, Alejandro Solalinde señala que “el alcalde es una persona xenófoba, que no debería de estar en ese cargo,  pues un servidor público debe respetar los derechos de todos, sean migrantes o no, con papeles o sin papeles. Si el alcalde no tiene presentes los derechos humanos de las personas, menos los tendrá la gente”

Vecinos de la Casa del Migrante de Lechería han exigido al gobierno municipal la reubicación del refugio argumentando que “los migrantes dañan a la comunidad, son delincuentes y criminales, y son la causa de la inseguridad en la zona“.  Estas ideas, dice Alejandro Solalinde, “son el reflejo de la política de las instituciones, instituciones omisas, que no se han preocupado por fomentar la convivencia y la tolerancia, pero son también producto de las acciones fallidas de otras instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y el gobierno. Todos hemos fallado”.

Marta Sánchez Soler asegura que “el índice de criminalidad en la zona es alto, y siempre lo ha sido, incluso antes de que se abriera la casa”, y advierte además que “en general, las casas de migrantes  bajan los índices delictivos en las zonas donde se encuentran, pues evitan que los migrantes estén en la calle, les dan casa, techo, comida. La Casa del Migrante no es la culpable de la criminalidad, más bien es la víctima, igual que los migrantes”.

“Nosotros”, dice María Isabel, hondureña de 23 años, “sólo queremos trabajar para ayudar a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestras familias. No queremos robar, no queremos hacerle daño a nadie”.

Caravana Paso a Paso Hacia la Paz

Con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos y para exigir al gobierno mexicano que se respeten los derechos humanos de quienes cruzan por territorio mexicano hacia los Estados Unidos, cientos de migrantes, familiares de migrantes desaparecidos y activistas marcharon en caravana por Honduras, Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla y Distrito Federal, encabezados por el religioso Alejandro Solalinde.

En la capital mexicana, la caravana se reunió con legisladores en la Casona de Xicoténcatl,  donde, además de la eliminación de visa para centroamericanos y la desaparición del Instituto Nacional de Migración, exigieron mejoras a la recién aprobada ley migratoria y el establecimiento de un mecanismo para la búsqueda de los desaparecidos e identificación de restos de quienes mueren intentando llegar a Estados Unidos.

Para algunos, como María Munguía, “la caravana valió la pena. Yo encontré a mi hija que había salido hace 15 años de Honduras, y desde entonces no se había comunicado conmigo. Estoy tan feliz, que no tengo palabras. Somos cuatro personas las que hemos encontrado a nuestros familiares y, en ese sentido, creo que hemos triunfado”.

Pero no todos corrieron con tanta suerte. Luis Roberto Melgar, de El Salvador, expresó: “mi hijo menor estaba convencido de llegar a Estados Unidos y se fue. Me habló en dos ocasiones. Me dijo que había logrado llegar al Distrito Federal y luego no supe nada más de él. Me duele comer, me duele respirar, me duele que no esté. Queremos respuestas”.

“Gracias a esta experiencia hemos logrado que el propio migrante tome las riendas de la protesta, que sea el que se exprese con su propia voz”,  finalizó Marta Sánchez.

Publicado el 01 de Septiembre de 2011