La nueva ola de violencia que se registra en el estado de Michoacán es un fenómeno cíclico que se ha desarrollado en las últimas dos décadas. La violencia y la actuación de los grupos de la delincuencia organizada son dos elementos que se encuentran ligados intrínsecamente a la ubicación estratégica de la entidad, a sus recursos naturales, minerales y a su amplia franja marítima que incluye el puerto de alto cabotaje de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el estado de Michoacán concentra 84.9 por ciento del volumen de producción de aguacate en México, con más de un millón de toneladas anuales. La cosecha total de nuestro país en el año 2024 ascendió a un millón 644 mil toneladas, convirtiéndolo en el líder del cultivo y exportación a nivel mundial del Oro Verde. Michoacán es la entidad federativa que produce más limón en México y después de la India ocupa el segundo puesto a nivel mundial en la producción, con un volumen que supera los 2.5 millones de toneladas.

La agroeconomía, la minería y las actividades marítimas de comercio internacional -que facilitan la importación/exportación de mercancías y precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas- y conectan al Puerto de Lázaro Cárdenas con los puertos más importantes del Pacífico y a nivel mundial, son componentes que convierten al estado de Michoacán en un territorio muy codiciado por la delincuencia organizada.

En la última década del siglo XX y los dos primeros lustros del siglo XXI, Michoacán fue un territorio de tránsito controlado principalmente por el Cártel de Sinaloa (CS) organización que centró sus actividades de trasiego de drogas, principalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas y algunas de las playas de la entidad. La cruenta lucha por el control del territorio que sostuvieron el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo (CDG), prohijó el surgimiento de la Familia Michoacana (FM).

Fue la Familia Michoacana trasmutada después en los Caballeros Templarios, la primera en vislumbrar el potencial de las actividades agroeconómicas y minerales por lo cual decidió ampliar sus actividades ilícitas a la extorsión (derecho de piso), al secuestro de las personas y empresas que se dedicaban a la cosecha del aguacate y el limón, así como a las comunidades de las que obtenían regalías por la explotación de sus recursos minerales.

El movimiento de las autodefensas surgió en el otoño del 2013 como una respuesta de los productores agrícolas, de las comunidades indígenas y mestizas frente a la desmedida voracidad de la delincuencia organizada; ésta pasó de la de extorsión y secuestros, al despojo de los núcleos de producción agropecuaria. El crimen organizado utilizó como recurso la violencia que incluyó, asesinatos, desplazamiento forzado interno, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. La criminalidad institucionalizó el control territorial y el poder punitivo del estado a través de los presidentes municipales escalando hasta el gobierno estatal que encabezó el Gobernador Fausto Vallejo del 2012 al 2014.

Poco se ha abordado sobre la respuesta de los grupos de autodefensa que desde sus inicios fueron asesorados por el general colombiano Oscar Naranjo quien instauró en Michoacán el sistema de lucha contraguerrillera utilizado por los grupos paramilitares colombianos. La idea era ponerlo en práctica en la confrontación de las autodefensas con los grupos de la delincuencia organizada. A partir de las experiencias que me tocó enfrentar en aquellos años en esa entidad federativa, puedo afirmar que, así como los grupos delincuenciales cometieron atropellos, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y despojos, la respuesta de las autodefensas tuvo la misma magnitud.

El 15 de enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, expidió un decreto por el que se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, para buscar pacificar y controlar la situación que el estado de Michoacán, afrontaba a causa de los grupos de la delincuencia organizada y de las autodefensas que en ese tiempo habían adquirido un rango de autonomía respecto de sus creadores y a la vez se habían coaligado con algunos grupos delincuenciales. que años después darían origen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El final de la historia es de sobra conocida; por un lado, la institucionalización de las autodefensas como Fuerza Rural Estatal, así como la restitución y apropiación legal y muchas veces ilegal de núcleos agropecuarios (sembradíos y huertas de limón y aguacate) y otros bienes inmuebles (ranchos) que estaban en poder de la delincuencia organizada, el surgimiento de un elemento fundacional que dio origen al CJNG y otras organizaciones que actualmente encabezan Luis Antonio Torres (“Simón el Americano”, fundador de Los H3) o los hermanos Sierra Santana, que hoy forman parte del grupo Los Viagras. En pocas palabras, la comisión creada por decreto presidencial de EPN, sirvió para desmovilizar a la mayoría de los grupos de autodefensas, pero también para proteger institucionalmente -al menos al principio- a personajes siniestros como el actual integrante del CJNG Juan José Farías Álvarez (El Abuelo), Cemeí Verdía Zepeda quien en su momento fue considerado un ejemplo de luchador social y que devino en un simple delincuente que actualmente se dedica a agredir a las comunidades indígenas que un día representó.

En este contexto es útil tratar de entender los homicidios de los líderes y productores limoneros Bernardo Bravo Manríquez, asesinado el 20 de octubre de 2025 y Alejandro Torres Mora, asesinado el 30 de octubre de 2025. Así como el asesinato del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez acaecido el pasado primero de noviembre.

La eliminación física de los agroproductores obedece a la determinación del CJNG y los Viagras de controlar la siembra y la exportación del limón no solo a través de la extorsión sino también por medio de empresas legalmente constituidas. En cuanto al homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, obedece más a la lógica de retomar el control institucional del territorio y también a la confrontación institucional y retórica que el presidente municipal de Uruapan había sostenido con los grupos de la delincuencia organizada, discurso que encontró su caja de resonancia y fue enaltecido por los grupos opositores y de extrema derecha.

Es un hecho que el discurso de Carlos Manzo Rodríguez, aunque contradictorio y fascista suscitaba admiración y empatía por una sociedad agraviada por décadas de violencia, la retórica del edil pudo crispar a los grupos del crimen organizado, ya que proponía no tener consideración y “abatir” a los delincuentes armados que se resistieran al arresto o que agredieran a la ciudadanía, “agarrarlos a chingadazos” (torturarlos) y aplicarles “el Estado de derecho” (sic).

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez ha dejado al descubierto nuevamente el hartazgo de la población ante la omisión del Estado de garantizar la seguridad pública, pero también ha develado una tendencia retórica y de ejercicio del poder impulsada por la oposición política y los grupos de extrema derecha que a través de la apropiación de la imagen y el discurso de figuras públicas, como pudo ser el caso del edil asesinado, busca implantar el autoritarismo y el fascismo como medios para confrontar la impunidad. Así lo reflejan algunos videos que están circulando sobre encuentros que Carlos Manzo sostuvo con Jesús Ortega, Mario Di Constanzo, Humberto Morerira, Carlos Alazraki y Rubén Aguilar Valenzuela.

El denominado Plan para la Paz y la Justicia anunciado por el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que busca “atender las causas de la violencia y fortalecer la seguridad en Michoacán” debe emprender una ofensiva financiera para detectar y desarticular los negocios de la delincuencia organizada ligados a la agroeconomía, si bien la extorsión es un fenómeno delictivo importante, es mayor la operación de empresas que agropecuarias que tienen su origen en el despojo y la venta forzada de importantes núcleos agrícolas.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Los debates ríspidos que han escenificado las ministras y ministros que integran actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá del protagonismo, han servido para evidenciar la falta de conocimiento en varios temas jurídicos, su postura regresiva respecto de algunos derechos, la intransigencia de algunos ministros y ministras, así como la lucha de egos. También, han demostrado que contrario a la narrativa de los grupos opositores a la Reforma Judicial, estamos frente a una Corte que no actúa de manera unificada, sino que en estas pocas semanas han ido tomando forma las agendas personales de cada ministro y ministra.

El comportamiento de los integrantes del Pleno debatiendo abiertamente argumentos jurídicos y posturas personales, es sano, en tanto que permite advertir públicamente las posturas personales que en las integraciones previas a la reforma judicial, pocas veces eran públicas, en aquéllas lo que prevalecía eran los golpes bajos y la insidia tras bastidores.