Ciudad de México | Desinformémonos. México obtuvo un 66 en la escala del 0 a 100 sobre la libertad de prensa debido a que los ataques contra periodistas y comunicadores atentan contra el derecho para la libre expresión y manifestación, aseguró la organización no gubernamental Freedom House. Lo anterior significa que el país apenas superó la mitad de la escala, lo que lo ubica como “parcialmente libre”.

Tal como otros organismos, Freedom House confirmó que México es uno de los países más peligrosos para los profesionales del periodismo y los medios de comunicación por la impunidad y la corrupción que no permite el castigo a los culpables.

“La mayoría de los homicidios y otros ataques violentos no son castigados, lo que lleva a una expectativa de impunidad, y los periodistas se enfrentan a amenazas creíbles a la presión que incluye editoriales extremas de violencia de las organizaciones criminales y autoridades corruptas”, señaló la organización en su informe más reciente publicado este año.

Añadió que, si bien se han implementado mecanismos para la protección de los periodistas en el país, éstos no funcionan “por las rivalidades burocráticas, la falta de recursos y la formación inadecuada”.

Por otra parte, Freedom House criticó en su informe que el gobierno, en sus tres niveles de gobierno, controle a los medios de comunicación a través de publicidad oficial.

“Los funcionarios públicos y actores privados continuaron utilizando incentivos económicos para manipular el entorno de los medios de comunicación durante el año”, se lee en el informe. “El gobierno influye en los principales medios comerciales a través de la distribución de la publicidad oficial, y hay pocos mecanismos de regulación para limitar o estandarizar este tipo de gasto”.

Respecto a los mensajes publicitarios oficiales, señaló que a “pesar de sus promesas de campaña, el presidente Enrique Peña Nieto no había tenido éxito en la creación de un organismo regulador de la publicidad”.

Por último, la organización criticó que por lo menos la mitad de los gobiernos estatales no publica los datos relativos a sus gastos de publicidad oficial.