Foto: @RubenFigueroaDH

Ciudad de México | Desinformémonos. Del 2000 al 2015, México detuvo a 2 millones 126 mil 666 personas que migraron de sus países para alcanzar Estados Unidos, generalmente, de las cuales un millón 659 mil 105 fueron expulsadas del territorio, y quienes no fueron sometidos a esto, se desconoce qué procedimientos siguieron, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) no entrega información detallada sobre ellos, denunció la organización Sin Fronteras.

En su estudio “Detención sin excepción”, afirmó que la política basada en la detención y posterior deportación de los migrantes no sólo contraviene lo dispuesto en la Constitución, sino también a lo establecido en la protección internacional.

Joselin Barja, responsable del estudio, indicó que existe una escasez de diálogo entre el poder Ejecutivo y la sociedad civil, ya que el INM no cumple al 100 por ciento ninguna de las recomendaciones presentadas en los informes anuales.

Por otra parte, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García, aseguró que está presente una política de criminalización de la migración, la cual se castiga con la detención arbitraria.

“No son crimínales, no requieren la salvaguarda de poder punitivo del Estado (…) no se acepta la detención arbitraria”, afirmó en conferencia de prensa.

En el 2015, cuando se puso en marcha el Plan Frontera Sur, fue que mayor número de detenciones arbitrarias a migrantes se registraron, con 190 mil 366 personas privadas de su libertad. De éstas, 82 por ciento se tradujeron en deportaciones.

La directora de la organización, Nancy Pérez, señaló que México necesita reconocer que las personas que son llevadas a un centro de detención migratoria están privadas de su libertad, por lo que debe de dejar de usar los términos “alojamiento”, “aseguramiento” o “presentación”.

Indicó que el ideal es que la detención no sea una norma de trato a los migrantes, sino sólo la excepción, ya que constantemente se registran graves violaciones a los derechos humanos durante los procesos.

El estudio derivado de 15 años de monitoreo de la situación de lps derechos de las personas «privadas de su libertad en estaciones migratorias de México» resalta los efectos de la detención utilizada como una regla por las autoridades del país, que además no respetan las vidas de los migrantes al mantenerlos en condiciones inhumanas.

Por su parte, el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), que organiza cada año la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos en México, aseguró que “el Plan Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, contención y militarización y ha obligado a las personas migrantes a viajar por rutas más remotas y peligrosas, que trazamos este año en la Caravana”.

Afirmó que los integrantes de la Caravana, en su recorrido por 11 estados del país durante 18 días, constató “otra vez, el incremento notorio en la violencia y la violación de los derechos humanos desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso el Plan Frontera Sur en 2014, apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para detener los flujos migratorios centroamericanos”.