Ciudad de México | Desinformémonos. De todo el continente americano, los mexicanos son los que más recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al gobierno por la violación a sus derechos, lo que se acentuó en los últimos diez años con la “guerra contra el narcotráfico”, la violencia generalizada y la impunidad en los crímenes.
En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de denuncias que interpusieron los mexicanos incrementaron año con año. En el 2012, se presentaron 431 denuncias, 660 en el 2013, 500 en el 2014 y 849 en el 2015.
Tan sólo en ese último año, una de cada tres denuncias que recibió la CIDH provenían de México, al igual que una de cada cuatro peticiones pendientes de estudio inicial. Además, una cuarta parte de las medidas cautelares que dictó la Comisión se dirigió a México.
En ese mismo año, luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CIDH envió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para llevar a cabo las averiguaciones alternas a las investigaciones oficiales, aunque después el grupo fue obligado a retirarse a pesar de que representaba una esperanza de verdad para los padres de los estudiantes.
Cuando inició la guerra contra el narcotráfico en el 2006 durante el sexenio de Felipe Calderón, los mexicanos interpusieron 193 denuncias ante el organismo, una décima parte del total de solicitudes que recibió la Comisión, y en 2007 el número ascendió hasta 215 denuncias, mientras que en el 2011 rebasó las 270.
De la misma forma, en el 2012 el número de solicitudes de medidas cautelares también aumentó, con 83 peticiones frente a las 62 del 2011, y la cifra alcanzó las 160 en el 2015.
La última presencia de los mexicanos en la CIDH fue el pasado 17 de marzo con una reunión de los padres de los 43 normalistas y representantes del gobierno del país, quienes defendieron y argumentaron que debe considerarse la “verdad histórica” sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a pesar de que esa hipótesis haya sido descartada por peritos y estudios científicos.
Los representantes de los padres de los 43 normalistas recordaron que, a pesar de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario en dos informes, “el paradero real de los estudiantes sigue sin determinarse”.
