La ONU reconoce la esclavitud como crimen histórico, pero ¿tiene realmente la capacidad de garantizar justicia y reparación? En un mundo atravesado por desigualdad y nuevas formas de dominación, el sur global exige que la memoria se convierta en acciones concretas de transformación.

La reciente resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (25.03.2026), que califica la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia, constituye un hecho histórico impulsado, principalmente, por países del sur global. Con 123 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Argentina) y 52 abstenciones, en su mayoría del bloque occidental, la votación revela tanto un avance ético como una fractura política global.

No es casual que hayan sido Estados africanos, caribeños y latinoamericanos quienes lideraran esta iniciativa, del mismo modo en que hoy son estos países los que impulsan acciones ante la Corte Internacional de Justicia frente al genocidio contra el pueblo palestino. Existe aquí una continuidad histórica: son los pueblos que han padecido la colonialidad quienes hoy empujan la memoria, la justicia y el derecho internacional.

La resolución reconoce que la esclavitud constituyó un sistema global sin precedentes que convirtió a los seres humanos en propiedad hereditaria, legitimado por marcos jurídicos, económicos y religiosos. La iniciativa, presentada por una coalición de más de 60 países del sur global, afirma que este sistema, vigente durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y cuyos efectos persisten.

El texto subraya que se trató del primer régimen global que codificó a los seres humanos como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua, institucionalizando la jerarquía racial como principio organizador del orden internacional. Asimismo, recuerda los marcos normativos que legitimaron esta violencia, desde las bulas papales del siglo XV hasta códigos coloniales como el de Barbados (1661) y el Código Negro francés (1685), así como el principio jurídico partus sequitur ventrem, que garantizaba la reproducción biológica de la esclavitud.

En un punto clave, la resolución reafirma la imprescriptibilidad de estos crímenes y establece la responsabilidad de los Estados en la reparación integral. Exhorta a avanzar en un “diálogo inclusivo y de buena fe” sobre justicia reparadora, que incluya disculpas formales, indemnizaciones, restitución de bienes culturales, garantías de no repetición y reformas estructurales para erradicar el racismo sistémico.

La modernidad occidental no puede entenderse como un proyecto emancipador aislado, sino como un proceso históricamente constituido junto a su “lado oscuro” la colonialidad. La trata transatlántica fue un componente estructural de la acumulación originaria del capital y de la configuración del sistema-mundo moderno (Dussel, 1994).

El desarrollo de Europa y posteriormente del norte global, se edificó sobre la explotación sistemática de África y América Latina, consolidando una estructura de dependencia histórica que no solo persiste, sino que se reconfigura e intensifica en el presente (Galeano, 1971).

Se trata, sin duda, de un avance significativo, por primera vez, el debate global sobre la esclavitud se desplaza con claridad hacia el terreno de la justicia material. Sin embargo, también deja al descubierto que, muchos de los países que hoy se abstienen o votan en contra fueron beneficiarios directos de este sistema. Construyeron su riqueza sobre la comercialización de seres humanos y, sin embargo, continúan resistiéndose a asumir responsabilidades históricas concretas.

Así, la resolución no solo interpela al pasado, cuestiona el presente. Y revela que la disputa por la memoria es, en realidad, una disputa por la justicia.

¿Existen organismos fuertes para hacer realidad esta reclamación?

La Naciones Unidas reconoce el crimen, pero evidencia una creciente incapacidad para garantizar justicia en el presente. Su autoridad normativa persiste, pero su eficacia política es abiertamente débil, resoluciones ignoradas, llamados desoídos y una estructura debilitada por el desfinanciamiento progresivo impulsado, en gran medida, por potencias centrales occidentales.

Esta fragilidad no es solo institucional, sino profundamente política. La suspensión de aportes de países clave, entre ellos Estados Unidos y varios aliados europeos, ha puesto en riesgo la continuidad de la misma ONU, “La crisis se está agravando, amenazando la ejecución de los programas y arriesgando el colapso financiero”, escribió Guterres. “Y la situación se va a deteriorar aún más en un futuro próximo. No puedo exagerar la urgencia de la situación a la que nos enfrentamos ahora”.

Al mismo tiempo, se multiplican los hechos que evidencian la impotencia del sistema multilateral, más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados en el contexto de la guerra en Gaza, según denuncias de organismos vinculados a la ONU; trabajadores humanitarios, incluidos miembros de la ONU, han sido asesinados por Israel, cifras sin precedentes; instalaciones, escuelas y centros de ayuda han sido atacados; y la propia UNRWA ha sido objeto de operaciones militares, restricciones y campañas de deslegitimación, la ONU ha advertido que esta agencia es “irremplazable” para la supervivencia del pueblo palestino en medio de un deterioro humanitario acelerado.

Frente a estos hechos, la ONU ha emitido condenas, llamados y advertencias, pero sin acción efectiva para detener la violencia ni garantizar el cumplimiento del derecho internacional. Esta brecha entre norma y realidad revela una crisis estructural del multilateralismo contemporáneo, un sistema que proclama principios universales, pero carece de mecanismos coercitivos frente a las grandes potencias.

Esta situación se interpreta como expresión de un orden internacional profundamente desigual, donde la legalidad se subordina a la geopolítica. Las sanciones unilaterales, los bloqueos prolongados, las agresiones e intervenciones militares y las operaciones extrajudiciales, denunciadas en diversas regiones, refuerzan la percepción de un doble rasero en la aplicación del derecho.

Así, la ONU, creada para preservar la paz y la legalidad internacional, aparece hoy atrapada en una paradoja, es indispensable como espacio normativo, pero insuficiente como garante efectivo de justicia.

Su crisis financiera, su dependencia de los Estados más poderosos y la ausencia de mecanismos vinculantes la sitúan en una condición de fragilidad estructural.

Nombrar el crimen es apenas un inicio.

Estos avances no nacen de la voluntad del poder hegemónico, sino de la presión histórica, persistente e incómoda de los pueblos afrodescendientes, de las diásporas, de quienes han convertido la memoria en lucha.

Por ello, este reconocimiento no puede agotarse en la retórica. Si no se traduce en políticas concretas, reparaciones integrales, indemnizaciones, restitución de bienes culturales, reformas estructurales, si no es así, corre el riesgo de convertirse en una coartada moral del mismo orden que produjo el crimen. La justicia no puede ser simbólica, ella exige redistribución real del poder y de la riqueza a escala global.

La esclavitud no ha terminado, ha mutado, habita en la desigualdad obscena del presente, en la hiperacumulación de riqueza en el norte global, en la precarización sistemática del sur, la persecución criminal a migrantes, las jerarquías raciales y geopolíticas que siguen organizando el mundo. La resolución lo reconoce; pero reconocer no es desmantelar.

La historia enseña que ninguna reparación ha sido concedida sin conflicto. Será, una vez más, la lucha de los pueblos la que determine si esta verdad se convierte en justicia o en archivo. La memoria, cuando se organiza, deja de ser conmemoración y se vuelve poder.

Vale recordar que estamos ante un mundo que muestra signos de retorno a lógicas de dominación colonial, intervenciones, despojos, guerras ilegítimas, control de regiones ricas en recursos estratégicos, este reconocimiento debe funcionar como advertencia histórica, lo que fue posible una vez, puede reaparecer si no se transforma el orden que lo hizo posible.

La lucha por la memoria, superar el simple recuerdo de lo ocurrido, busca comprender, lograr aplicación de justicia, así, impedir que esa historia vuelva a repetirse.

*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, integrante de REDIPAZ, parte del grupo autónomo Kavilando.