Ciudad de México | Desinformémonos. Los pueblos indígenas potencialmente afectados por los megaproyectos deben ser consultados de manera previa, libre e informada y no mediante consultas simbólicas, destacó el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, luego de que el pasado 23 y 24 de febrero se llevara a cabo la consulta ciudadana para la puesta en operación de la termoeléctrica en Huexca, Morelos.
Las comunidades y organizaciones indígenas y civiles han denunciado que los procesos de consulta que se les han aplicado para la instalación de megaproyectos, como presas hidroeléctricas, parques eólicos, mineras, entre otros, no fueron libres, previos ni informados como establece el Convenio 169 de la OIT, sino que, por el contrario, fueron propicios para actos de violencia, división de la comunidad y criminalización a los defensores comunitarios.
“La inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra ha sido una deuda histórica de los gobiernos que no se ha logrado resarcir”, señaló por su parte Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), durante el conversatorio “El derecho a la consulta de comunidades y pueblos indígenas en México”.
“Desde la década de los 90 el Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de los bienes naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales que se enmarca en un modelo económico que otorga preventas o privilegios a empresas nacionales y trasnacionales”, agregó.
En lo que va de la nueva administración el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha llevado a cabo tres consultas ciudadanas, de las cuales una fue para la cancelación del aeropuerto en Texcoco y su sustitución en Santa Lucía, para la aprobación del Tren Maya y para la operación de la termoeléctrica en Huexca. Sin embargo, en ninguna de ellas se respetó lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo ni se tomó en cuenta a los pueblos indígenas de los territorios afectados, por lo que las consultas fueron calificadas por varios sectores del país, entre académicos, indígenas y activistas, como “amañadas” y “simulaciones”.
