Unas mil personas marcharon desde la comunidad de Aguas Blancas hacia el vado del mismo nombre para recordar la matanza que ocurrió hace 19 años en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande de Guerrero, donde 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados por elementos de la policía estatal motorizada, el 28 de junio de 1995.

Al grito de “¡28 de junio no se olvida, es de lucha combativa!”, integrantes de organizaciones sociales exigieron castigo a los responsables de los asesinatos, entre ellos el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, además de que exigieron la libertad de los presos políticos y el esclarecimiento de los crímenes.

Lamentaron la impunidad que impera en Guerrero, donde 13 dirigentes de organizaciones sociales han sido asesinados durante la administración de Ángel Aguirre Rivero.

En la caminata, que concluyó con un mitin, participaron integrantes de la OCSS, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el Movimiento Social de Izquierda, el Movimiento Popular Guerrerense, la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Plan de Ayala, el Frente Indígena de México y la Campaña por la Libertad y la Justicia, así como estudiantes de las Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

En nombre de la OCSS, Norma Mesino Mesino, hermana de la dirigente de dicha agrupación, Rocío Mesino, asesinada el pasado 19 de octubre de 2013, subrayó que “con este acto la organización demuestra que sigue viva, que Rocío sigue presente y está con nosotros”.

Criticó que los gobiernos federales no han mostrado voluntad política y jurídica para castigar a los responsables de la masacre. Recordó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en abril de 1996 dictaminó que el 28 de junio de 1995 se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, por lo que señaló que se debía castigar a los culpables de lo ocurrido: señaló al ex gobernador Figueroa Alcocer; a su secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y a Antonio Alcocer Salazar, ex procurador de Justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó en febrero de 1998 ejercer las acciones legales correspondientes contra los responsables. Norma Mesino criticó que “los caciques guerrerenses siguen en su tropical cinismo, mostrando su desprecio por la vida, utilizando procedimientos antidemocráticos”.

Expresó que “las acciones salvajes de represión de todos los gobiernos denotan su fragilidad y cobardía. Es un claro mensaje del estropeado nuevo PRI y su autoritarismo, el cual castiga con cárcel a quienes discrepan del gobierno. Es perverso el salvajismo de los cuerpos represivos”.

El dirigente del Movimiento Social de Izquierda, Ranferi Hernández Acevedo, propuso impulsar la ley de amnistía para obtener la libertad de presos políticos de Guerrero.

Hilario Mesino Acosta, fundador de la OCSS, aseguró que si el gobierno atendiera las necesidades del agro guerrerense, los campesinos no tendrían por qué efectuar caminatas ni manifestaciones.

Dos décadas después de la masacre, Norma Mesino Acosta expresó: “No ha cambiado nada, siguen los asesinatos, la represión; no ha cambiado nada, el campo está olvidado, quieren ayudar con algunas migajitas, como los programas del Procampo, lo de la Cruzada contra el Hambre, pero con eso no se va terminar el problema de los campesinos”.

En un comunicado, Benigno Guzmán Martínez, también fundador de la OCSS, subrayó que la herida social provocada por la masacre de Aguas Blancas sólo podrá cerrarse con justicia, por lo que exigió castigo para los culpables.