Ciudad de México | Desinformémonos. «Queremos señalar la responsabilidad que existe por parte de las empresas españolas que participan en el proyecto, y del Estado español que las financia, en la violación de los derechos humanos y el riesgo que supone el Proyecto Integral Morelos», señalaron más de 60 organizaciones en España, a un año del asesinato del defensor nahua Samir Flores, quien se oponía al PIM y luchó por la autonomía de los pueblos de Morelos.
En un comunicado, las organizaciones exigieron que las empresas Elecnor y Enagas se retiren del PIM y su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional en el caso de paralización y reversión del proyecto, «pues son corresponsables de la vulneración de los derechos humanos en su actividad empresarial».
De igual forma, pidieron a los gobiernos español y mexicano el cese al financiamiento por parte de las empresas extranjeras al proyecto y la suspensión definitiva del PIM, así como la investigación de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en lucha y el cese al hostigamiento y la violencia contra quienes se oponen a los megaproyectos.
A continuacioń el comunicado completo:
A la atención de:
Gobierno de España y gobiernos autonómicos
Gobierno de México – Presidencia de la República
Consejo de Administración de Elecnor, Enagas, Abengoa
Excelentísimas Señoras, excelentísimos Señores:
Madrid, 20 de febrero 2020
El 20 de febrero de 2020 se cumple un año del asesinato en México de Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos, indígena nahua, campesino, herrero y comunicador popular de Amilcingo. Samir Flores era una persona activa en la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) y formaba parte del proceso de autonomía de su comunidad originaria Amilcingo, Radio Comunitaria Amiltzinko y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala que están denunciando los impactos que está causando este proyecto.
La construcción de dos centrales termoeléctricas, un acueducto, una línea eléctrica y un gasoducto de 160 km que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos son las infraestructuras que forman parte del PIM y que afectará a más de 80 comunidades.
Este es un megaproyecto energético para abastecer de gas fósil al crecimiento urbanístico e industrial de los estados que rodean el sur de la Ciudad de México que, además, agravará la emergencia climática.
En el Proyecto Integral Morelos participan empresas españolas como Abengoa, Elecnor, y Enagas. Las dos últimas recibieron financiación pública a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa española (FIEM) gestionado por la Secretaria de Estado de Comercio.
En datos, Elecnor y Enagas recibieron en 2012 un crédito por valor de 39,7 millones de euros. Según el FIEM, exigen a los adjudicatarios de la financiación que certifiquen el cumplimiento “con lo establecido en los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de responsabilidad empresarial, derechos laborales y de igualdad de género y, en particular, en los acuerdos relativos a la lucha contra la corrupción y de carácter medioambiental del Grupo de Crédito a la Exportación de la OCDE”.
Pero la realidad es que en el desarrollo de la obra se ha venido produciendo la violación de los derechos humanos y se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas.
El Proyecto Integral Morelos se inició en 2011 y ha contado desde el principio con una fuerte oposición social. No solo por la pérdida del territorio que supone para las comunidades campesinas e indígenas, sino también porque el gasoducto atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, uno de los 5 volcanes más activos y peligrosos del mundo. Además, la central térmica de está muy próxima a la comunidad de Huexca y despojará el agua de riego de 20 ejidos del municipio de Ayala (Morelos) para el funcionamiento de las turbinas.
La infraestructura está incrementando los riesgos en una zona volcánica con más de 2 millones de habitantes. Quienes han denunciado y se han movilizado para defender el territorio y sus medios de vida, han sufrido amenazas, criminalización, tortura e incluso el asesinato. A tres días de una consulta pública sobre el proyecto, muy cuestionada por su inutilidad y opacidad, Samir Flores fue asesinado.
Aún con todo, en el ejido de Amilcingo consiguieron el pasado mes de julio de 2019 que un juez federal decretara la suspensión del funcionamiento del gasoducto por el riesgo que supone y el despojo de tierras.
Queremos señalar la responsabilidad que existe por parte de las empresas españolas que participan en el proyecto, y del Estado español que las financia, en la violación de los derechos humanos y el riesgo que supone el Proyecto Integral Morelos. Hacer efectiva esta responsabilidad demanda la puesta en marcha de las medidas necesarias para frenar y revertir el proyecto, así como para evitar otros casos similares por parte
de compañías españolas que tengan algún apoyo del Estado español. Pues la oposición de las comunidades sobre el PIM fue evidente desde el inicio y ni las empresas, ni el Estado Mexicano atendieron debidamente el descontento de la población y por el contrario,lo implementaron por medio de la fuerza y represión, lo que, lejos de acabar con el conflicto, lo ha agudizado.
Las organizaciones firmantes demandamos:
A las empresas Elecnor y Enagas:
• Su retirada de un proyecto que ha vulnerado los derechos fundamentales de la población afectada y pone en riesgo a 2 millones de personas.
• Su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional en el caso de paralización y reversión del proyecto. Pues son corresponsables de la vulneración de los derechos humanos en su actividad empresarial.
• La devolución de la financiación por parte de FIEM y la puesta en marcha de los mecanismos para conocer las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las empresas en los impactos que han tenido lugar.
Al Gobierno español y los Gobiernos autonómicos del Estado español:
• La suspensión de la financiación del Proyecto Integral Morelos a través del FIEM y una investigación exhaustiva sobre las implicaciones del Proyecto Integral Morelos.
• La puesta en marcha de una auditoría en FIEM, y otras entidades del Estado que financian la internacionalización de las empresas españolas, para saber si cumplen con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como para dotarles de presupuesto, órganos y procedimientos eficaces en la prevención, supervisión pública y enjuiciamiento de las empresas que violan derechos humanos en su actividad internacional.
• La aprobación de una ley para que sea posible exigir responsabilidad administrativa, civil y penal a las empresas transnacionales españolas —filiales, proveedores, contratistas y otros actores que intervienen en su cadena de valor— que incumplan su deber de respetar los derechos humanos en sus actividades internacionales.
• Que insten a la Fiscalía General para que investigue las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las empresas Abengoa, Elecnor, y Enagas y del Gobierno español en los impactos del Proyecto Integral Morelos.
Al Estado mexicano:
• Al Presidente de la República, Secretaría de Energía y Comisión Federal de la Electricidad: La paralización definitiva y la reversión del Proyecto Integral de Morelos (gasoducto, acueducto y termoeléctricas).
• A la Fiscalía General de la República: Atraiga a la jurisdicción federal el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes y lo resuelva, garantizando el derecho de acceso a la justicia.
• A todos los órganos de gobierno involucrados a nivel federal, estatal y municipal: Cese el hostigamiento, difamación, criminalización a los defensores del territorio que se oponen contra el Proyecto Integral Morelos y se garantice su seguridad y condiciones de paz y no agresión para seguir defendiendo los derechos humanos.
Para expresar y detallar estas peticiones emplazamos la celebración de una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como con los grupos parlamentarios del Congreso que participen en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
Atentamente,
Acció Ecologista Agró de Paterna Adhesiva – Espai de Trobada i Acció, Barcelona Aliança per l’emergència climàtica Paterna I SAB Alianza por la Emergencia Climática de La Canyada, Alicante Alternativa Republicana Amigos de la Tierra Anticapitalistas Asamblea Antimilitarista de Madrid Asamblea de Solidaridad con México Asamblea Plaza de los Pueblos, Madrid Asociación Cultural Fuco Buxan, Ferrol Asociación Cultural y Social Puentes no Muros, Madrid Asociación de Afectados por Entidades financieras CHI, Madrid Asociación de Tai Ji de La Cañada, Madrid Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII Asociación Educativa Barbiana, Córdoba Asociación Pro Derechos Humanos de España Assoc. Salut i Agroecología de Barcelona ATTAC – Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y de Ayuda a la Ciudadanía Bisexuales y Combativas, Madrid CEAR – Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Euskadi Cedoz – Centro de Documentación sobre Zapatismo, Madrid Comité de Derechos Humanos para America Latina Comité Oscar Romero, Asturias Confederación General del Trabajo (CGT) Confederación Sindical de Comisiones Obreras Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España Cosal – Comité de Solidaridá con América Latina, Oviedo Ecologistas en Acción-Ecologistes en Acció-Ekologistak Martxan Enginyeria Sense Fronteres Equo, Cádiz Extinction Rebellion – Rebélate contra la extinción Feministas por el Clima, Madrid Foro de Cristianos Gaspar García Laviana, Gijón, Asturias Fridays For Future, Huesca Greenpeace España ICID – Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Madrid InspirAction, Madrid Komite Internazionalistak, Euskadi La Villana de Vallecas, Madrid Lafede.cat – Organizaciones para la Justicia Global, Catalunya Lumaltik Herriak, Euskadi Mercado Social de Madrid Mugarik Gabe, Euskadi Mujeres de Negro contra la Guerra, Madrid Huerta Comunitaria Oasis de Batán, Madrid Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Catalunya Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat – Universitat de les Illes Balear Paz y Solidaridad Euskadi Perifèries, València Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura Plataforma Desarma Madrid Plataforma por la Desobediencia Civil, Madrid REAS – Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid y Euskadi Red de Hondureñas Migradas-REDHMI ReHd Mad! Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España Soldepaz.Pachakuti, Asturias SUDS-Internacionalisme, Solidaritat, Feminismes, Barcelona Taula per Mèxic, Catalunya Tierra y Territorio, Madrid Tradener – Transiciones energéticas democráticas – Universidad del País Vasco (UPV-EHU) UGT – Unión General de Trabajadores Yayoflautas, Madrid Y Retiemble – Plataforma de apoyo al Concejo Indígena de Gobierno de México desde Madrid
