Foto: El municipio Coronel João Sá, en Bahia, fue lo más afectado por la ruptura de la represa / AFP
Más de 2 mil 500 personas están damnificadas después de la ruptura de la represa de Quati, entre los municipios de Pedro Alexandre y Coronel João Sá en el noreste de Bahia. La estructura utilizada para almacenar agua, ubicada a 430 kilómetros de la capital del estado, Salvador, se rompió el 11 de julio debido a las intensas lluvias en la región.
Los datos divulgados de la Defensa Civil de Bahia dan cuenta de 2 mil 80 personas desalojadas. Además, cerca de 200 casas en las márgenes del Rio Peixe serán demolidas. En el municipio el río inundó las calles de la ciudad y las familias desalojadas fueron reubicadas temporalmente en escuelas municipales. Las clases fueron suspendidas.
“La comunidad intenta reconstruirse después de lo que pasó”, cuenta una moradora que no quiso identificarse. “La ciudad está en estado de emergencia. No solo por la ruptura de la represa sino por la intensidad de las lluvias. Las carreteras también fueron afectadas y están inaccesibles”.
El gobernador del estado, Rui Costa (Partido de los Trabajadores) decretó este martes (16) – junto con las alcaldías de las dos ciudades – una situación de emergencia.
En Coronel João Sá, más de 14 mil 000 personas fueron afectadas directa o indirectamente por la inundación. El municipio tiene 17 mil 000 habitantes.
Andreia Neiva, coordinadora nacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) afirma que falta información sobre las comunidades cercanas, como los pueblos de Boa Sorte e Itapoá.
“Hemos percibido que hay comunidades que está aisladas y no sabemos realmente cómo están las personas afectadas porque no nadie ha logrado llegar a esas comunidades. Las informaciones nos llegan por WhatsApp”, dice Neiva.
Las estructuras de otros dos reservorios de agua, la represa de Denis y la del arroyo de Lagoa Grande también están en peligro. El Cuerpo de Bomberos recomendó a la población abandonar la parte baja de la ciudad y quedarse en la región más alta del municipio de Coronel João Sá.
Neiva afirma que la represa del arroyo de Lagoa Grande, que es de propiedad particular, si se rompe, podría inundar todo el municipio. “Toda la gente está ansiosa en la ciudad, tiene pánico. Más allá de las cuestiones de emergencia y humanitaria, las personas necesitan atención psicológica”, dice.
Las represas retienen agua y forman forman diques para abastecimiento y riego. “Son diques para acumular agua pues estamos en una zona árida”, explica la militante del MAB.
La represa de Quati fue construida por la Compañía de Desarrollo y Acción Regional (CAR) y desde 2000 era gestionada por la Asociación de Habitantes de la Comunidad. El agua almacenada era utilizada para consumo humano y también destinada a la pesca y agricultura. El accidente tuvo lugar después del colapso de otros dos diques pequeños, de propiedad privada, en la misma región.
La proliferación de esas represas es preocupante debido a la ausencia de fiscalización, considera Neiva. “Muchas son construidas sin inspección o licencia. La que se rompió fue entregada a la comunidad a principio de los años 2000 y desde ese entonces no hubo ninguna fiscalización o seguimiento. Y todas las otras están en la misma situación”, critica.
La legislación federal determina que represas con más de 15 metros de profundidad deben ser fiscalizadas por órganos del estado, en este caso, por el Instituto Estadual del Medio Ambiente y Recursos Hídricos”. Sin embargo, Neiva comenta que la represa que se rompió no tenía ni 10 metros de profundidad y “generó muchos daños”.
La coordinadora defiende que son necesarias políticas para garantizar la seguridad de las personas en la región. La alcaldía de Coronel João Sá calcula un perjuicio de R$ 10 millones (US$ 2,66 millones) tras el desastre.
Edición: João Paulo Soares | Traducción: Luiza Mançano
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