Ciudad de México | Desinformémonos. Al menos 68 mil 409 niños migrantes de Centroamérica fueron detenidos entre 2016 y 2018 por el gobierno mexicano, y 91 por ciento de ellos fue deportado sin ningún tipo de apoyo o protección que garantizara su seguridad y sus derechos humanos, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el informe “Desarraigados en Centroamérica y México”.

“En muchos casos, los niños que son retornados a sus países de origen no tienen un hogar al que regresar, terminan endeudados o son víctimas de las maras. El hecho de que se les devuelva a situaciones imposibles hace más probable que vuelvan a emigrar”, dijo la directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval.

De acuerdo con el documento, alrededor de 96 mil 216 migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 24 mil 189 eran mujeres y niños, fueron retornados desde México y Estados Unidos entre enero y junio del 2018, y más del 90 por ciento de los menores fue deportado por México.

Por otra parte, quienes son devueltos a sus países de origen tienen que, además, hacer frente a la estigmatización por haber fallado en el intento de llegar a Estados Unidos o México, agrega el informe.

“La detención y la separación de la familia por parte de las autoridades de inmigración son experiencias profundamente traumáticas que pueden afectar negativamente el desarrollo a largo plazo de un niño o niña. Mantener a las familias unidas y apoyar alternativas a la detención son medidas fundamentales para garantizar el interés superior de la niñez migrante y refugiada”, indica.

De acuerdo con la Unicef, es urgente que los gobiernos tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores que se ven forzados a migrar junto con sus padres o incluso solos. “Esto significa aplicar mecanismos comprobados que puedan ayudar a aliviar las causas profundas de la migración; proteger a los niños durante el tránsito y en su destino; proporcionar a los niños acceso a los servicios esenciales durante todo el viaje; garantizar que el retorno se lleve a cabo sólo cuando redunde en el interés superior del niño; y proporcionarles la protección y el apoyo necesarios para que se reintegren con éxito”.

La deportación de menores a sus países centroamericanos fue coordinada por el gobierno mexicano a pesar de que en Guatemala, por ejemplo, se registraron 942 muertes violentas de niños durante 2017 y en El Salvador fueron asesinados 365 menores en el mismo año.