Volvieron a decir basta. Tras el último ataque xenófobo perpetrado por ciudadanos marroquíes en el barrio de Bouhkalef, en el que murió una inimgrante senegalés, cientos de subsaharianos salieron a las calles de Tánger el pasado sábado en una manifestación pacífica e improvisada, ilegal en Marruecos si se carece de permiso gubernamental. El miedo acumulado se transformó en rabia, pero la respuesta policial ha devuelto otro temor entre los inmigrantes: cerca de 17 personas fueron deportadas a sus países de origen, sin previo aviso y sin garantías de recurso, según denuncian organizaciones locales.

Gracias a organizaciones como Caminando Fronteras y Amin, se presentó un recurso al Consejo Regional de Derechos Humanos para evitar la deportación, aunque, por el momento, solo se ha logrado de forma definitiva la repatriación de una de ellas por tener residencia en el país. Al menos 17 personas fueron devueltas a sus países de origen, muchos de ellos con un fuerte arraigo en Marruecos. Otras seis, permanecen encerradas en una sala de detención del aeropuerto de Casablanca, según recapitula Helena Maleno, investigadora del colectivo Caminando Fronteras. «Se resistieron y finalmente no pudieron repatriarles. Han iniciado una huelga de hambre para evitarlo», explica la activista.

Poco le faltó a Daniel -nombre ficticio- para subir a la fuerza en uno de los vuelos con destino a Senegal. Es la única persona que, de momento, ha escapado del retorno obligado. A pesar de contar con permiso de residencia en Marruecos, fue detenido horas después de la manifestación del pasado sábado aunque, asegura, no participó en ella.

«Dos policías me cogieron junto con otras personas y nos trasladaron a la comisaría central», comienza a relatar con energía. Allí, explica, después de dos días, fueron sometido a un juicio administrativo que determinó la puesta en libertad y el pago de una multa de 1.000 dirhams (100 euros). «Pero ellos no nos soltaron -continúa-. Llegaron con mucha ropa nueva, zapatos Reebook. Nosotros no entendíamos qué pasaba, decían entre risas que era un regalo del rey». Y les metieron en un autobús. «Creíamos que nos llevaban a Rabat…».

Se dirigían al aeropuerto de Casablanca. Iban a ser deportados pero, según denuncian, nadie les informó. «Es una decisión de las autoridades administrativas y no es legal. El juicio por la manifestación ilegal, que fue una reacción tras el asesinato de un senegalés por grupos de marroquíes racistas, concluyó su puesta en libertad y el pago de una multa como castigo, pero no mencionó en ningún momento la posterior deportación», explica a eldiario.es un abogado de Armid, ONG de Tánger que ayuda a los inmigrantes subsaharianos con los problemas legales a su llegada a Marruecos.

El trayecto de Tánger a Casablanca dura alrededor de cinco horas pero, según Daniel, permanecieron cerca de 12 horas en total en el interior del autobús. «Estuvimos más horas esperando, parados en el aeropuerto, esposados de dos en dos, y sin baño, ni nada. Pedíamos que nos dejaran bajar a hacer nuestras necesidades, pero no podíamos. Los que no aguantaban, utilizaron una botella de agua», recuerda el senegalés, que después de trabajar durante años para organizaciones sociales cuenta con permiso de residencia.

«Hablaban de sus hijos, de sus mujeres… Muchos de los repatriados llevaban muchos años en Marruecos, tienen familia aquí, y les metieron en un avión de repente», describe Daniel, que pasó con ellos largas horas de espera. «Han derportado a un menor camerunés de 17 años cuya madre tiene una discapacidad visual muy elevada», denuncia Maleno. «Su familia asegura que está en paradero desconocido», alertó a través de Twitter este jueves.

«Corre el rumor de que, cuando finalice en diciembre el proceso de regularización de inmigrantes -con requisitos muy difíciles de conseguir- iniciado por Marruecos, van a comenzar a deportar al resto. Parece como si fuese un aviso», añaden desde otra organización local.

«Ellos nunca fueron conscientes de que les habían hecho un juicio administrativo para deportarles. No han sido informados. Tienen derecho a un recurso. Es un pulso entre el Minsiterio de Interior y el Ministerio de Justicia», indica la activista. «Hablamos con las embajadas y no estaban avisadas. Deportaron a casi 20 personas sin el acuerdo de las embajadas de sus países de origen. ¿Qué pasó a su llegada? No lo sabemos».