Ciudad de México | Desinformémonos. En los estados donde se han implementado los proyectos mineros se ha registrado un constante decrecimiento de la calidad de vida de sus habitantes debido a las consecuencias ambientales que afectan, sobre todo, al sector rural por la contaminación de la tierra y los mantos acuíferos, así como por el riesgo de derrames de desechos tóxicos, derrumbes y envenenamientos, señaló Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X).

Además, indicó que en los 24 estados donde se practica la minería no ha habido crecimiento económico o desarrollo para las comunidades rurales, sino marginación y pobreza.

“Entre todas las formas del extractivismo, una de las más problemáticas por sus efectos negativos socioambientales es la minería”, la cual no es regulada por ninguna institución específica en el país y por lo tanto no hay información precisa, actualizada, amplia y centralizada, además de los intereses que intervienen en los procesos de los proyectos mineros, destacó.

Azamar explicó que las múltiples y sucesivas reformas legislativas en el sector han fortalecido la estructura empresarial monopólica y han debilitado la capacidad de regulación extractiva por parte del Estado.

En México, una tercera parte del territorio está concesionada para actividades extractivas, particularmente en Sonora, Durango y Chihuahua, y del 2000 al 2016 fueron otorgadas más de 50 millones de hectáreas que se suman a las concesiones del sexenio precedente, señaló Azamar.

Por el extractivismo se han registrado al menos 120 conflictos socioambientales en el país, los cuales se han traducido en represión, hostigamiento, despojo y asesinatos contra las comunidades que resisten a la imposición de los proyectos.

Con información de La Jornada