Preocupación y suspicacia han despertado en indígenas mapuches las modificaciones a la Ley Antiterrorista y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) propuestas por el Gobierno chileno con motivo de los actos terroristas registrados en los últimos meses.
Dichos actos han causado gran conmoción y preocupación en el país. El más reciente se reportó el 8 de setiembre en Sanatiago y dejó como saldo más de una docena de heridos.
Ante esta situación, el Gobierno anunció la modificación de la polémica Ley N° 18.314, conocida también como Ley Antiterrorista, que data de 1984, año en el que tenía lugar la dictadura militar.
Asimismo, ha planteado reformar la ANI, dotándola de recursos y facultades como la de infiltrar agentes encubiertos en organizaciones presuntamente terroristas, entre otras medidas.
Cabe señalar que los atentados se dan en un contexto en el que una comisión de expertos creada por el Gobierno evalúa modificaciones a la referida ley tras los cuestionamientos que hicieron organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por su aplicación en el conflicto mapuche.
El referido comité dictaminó que el Estado debe adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo y asegurar que las garantías procesales sean respetadas.
Por su parte, a fines de julio, el partido oficialista presentó una iniciativa legislativa para derogar la norma por considerar que se ha transformado en una ley antimapuche y completamente ineficaz.
Alerta indígena
El anuncio ha encendido la alerta en los pueblos indígenas mapuches de la región de la Araucanía, pues consideran que se trataría de una nueva estrategia para reprimir a los movimientos indígenas de la región que protestan exigiendo la reivindicación de sus derechos.
Para el werken o jefe de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, las nuevas facultades serán aplicadas contra los movimientos de protesta mapuches, lo que es grave cuando la movilización va a seguir adelante y su protesta no es terrorista, es social, política e histórica, indicó
Por su parte, el abogado de la Universidad de Chile y director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, Salvador Millaleo, consideró que es natural la desconfianza de los mapuches a la referida ley.
Recordó que ésta incluye disposiciones como la delación compensada y los testigos protegidos que han sido consideradas ilegítimas por una sentencia de la Corte Interamericana.
A pesar de ello, el Gobierno ha actuado con gran lentitud en adecuar la ley a los estándares internacionales, señaló.
Consideró además que el problema no es modernizar ni aplicar la ley en momentos correctos, sino usarla como una excusa para reprimir la protesta social.
Al respecto el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, advirtió que el primer problema de la Ley Antiterrorista es su tipo penal muy abierto y sujeto a la interpretación.
Indicó que la ley debe ser consistente con los Derechos Humanos.
Se aplicaría a Mapuches
En una entrevista concedida al diario El Mercurio, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseguró que no hay duda de que existen grupos terroristas en Chile que pretenden dañar la democracia.
Advirtió en ese sentido que para que el Estado luche contra estos es necesario que la Ley Antiterrorista sea más sólida y contundente.
Si bien indicó que la Ley no está hecha para resolver conflictos sociales como el protagonizado por los mapuches donde el Estado tiene parte de la responsabilidad, afirmó que en caso se dieran actos terroristas en la Araucanía se invocaría a la Ley.
No es una cosa territorial, es una cosa de definición de para qué se usan las leyes y para qué no, añadió.