Ciudad de México | Desinformémonos. Desde la Alianza conformada por personas y organizaciones comunitarias, después de varias sesiones de trabajo reflexivo y con la participación de al menos quince estados de la República Mexicana, hacemos un llamado urgente a los pueblos hermanos indígenas y afromexicanos para pronunciarnos con respecto a las implicaciones en nuestros derechos colectivos de la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El trabajo conjunto y desde las diferentes experiencias desde nuestros territorios manifestamos nuestra inconformidad con respecto al proceso de consulta que se está realizando por parte del gobierno, señalando los siguientes aspectos como los más graves:
• La Convocatoria, el Protocolo del Proceso de Consulta, la Propuesta de Iniciativa de la Ley y los Cuadernos explicativos, no están todas las lenguas indígenas y presentados de una manera culturalmente adecuada, lo que constituye una violación a nuestros derechos lingüísticos y de acceso a la información.
• No se considerar la participación de nuestras autoridades comunitarias y los representantes indígenas y Afromexicanos elegidos conforme a nuestros sistemas normativos.
• Los tiempos y condiciones de la consulta resultan insuficientes para garantizar una participación informada de los pueblos. La publicación de la propuesta de Ley no permite que las comunidades conozcan y analicen previamente su contenido, por lo que, en muchos casos, llegan a las mesas a informarse sobre el proceso y no a proponer o decidir.
• Existe una falta de acceso y comprensión plena sobre la Ley, no se ha contemplado que no todas las comunidades cuentan con acceso a internet para descargar los cuadernillos en línea.
• Existe una evidente contradicción entre las propuestas de la Ley con la Constitución, como la reforma al artículo 2º, las declaraciones y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT
• La ley homogeniza a los pueblos indígenas en lugar de reconocer diversidades locales, creando más problemas que soluciones.
• La ley establece requisitos administrativos para ejercer el derecho de identidad, determina las formas de organización al establecer tipos de comunidades y formas de gobierno, las características que deben tener los sistemas normativos.
• Se excluye de la jurisdicción indígena la protección y administración
• Se nos impone cargas excesivas mediante catálogos y registros, para poder ejercer nuestros derechos y proteger nuestro patrimonio cultural, lo que impide que tengamos el control de dicho patrimonio.
• Duplicidad de contenidos y contradicciones entre el capítulo sexto de la nueva propuesta y la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de 2022.
• El análisis de los artículos 156 al 160 reveló puntos críticos:
• Participación en beneficios (Art. 156): Aunque habla de una participación justa en las regalías por el uso de patrimonio con fines de lucro, existe el riesgo de que esto se convierta en una simulación o en un control de apropiación por parte de personas ajenas, perdiendo la visión comunitaria.
• Fondo para la Protección (Art. 157): Se propone un fondo administrado por la Secretaría de Cultura o el Estado, lo que se percibe como una pérdida de autonomía para las comunidades, supeditándolas a trámites burocráticos y a un catálogo nacional obligatorio para exigir beneficios.
• Intervención del Estado (Art. 158): La Secretaría de Cultura recibiría y sustanciaría las solicitudes de uso del patrimonio, actuando como intermediaria en lugar de permitir el trato directo con las comunidades. Además, la autoridad determinaría los tabuladores de pago, restando poder de decisión a los pueblos.
Aquí el comunicado íntegro:
