El conjunto de medidas de seguridad presentado bajo el nombre “Escudo Yucatán”, carece de un enfoque de respeto a los derechos humanos y no especifica los métodos por los cuales garantizará la protección en el estado, denunció Equipo Indignación.

Los integrantes de la agrupación analizaron los motivos por los que el “Escudo Yucatán” causa preocupación entre los pobladores, entre los que destacan la falta de detalles sobre la tecnología para la investigación y monitoreo en el estado, la forma de atención a víctimas y la transparencia en el proceso y el presupuesto.

En cuanto a la atención a víctimas, revelan que no se da detalles sobre el contenido de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la cual ya había sido ordenada por el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán en sentencia emitida este año.

Actualmente en Yucatán existen 13 leyes que hacen referencia en distintos grados a las víctimas y su reparación, y argumentan que agregar “sin mayor cuidado” una ley de reparaciones a violaciones a derechos humanos a partir del esquema trazado por la Ley General de Victimas, que ha sido objeto de múltiples críticas, generaría un efecto “laberinto”, el cual aumentaría la burocracia y la re-victimización en contravención de los objetivos para los cuales piensa crearse.

“Si bien coincidimos en la importancia de contar con esa ley, nos preocupa la laxitud con la que se presenta una propuesta sin atender a la armonización que necesita con las leyes ya existentes y respondiendo esas dudas necesarias para no reproducir los errores de la Ley General de Víctimas”, indica la agrupación.

Además, puntualizaron que el “Escudo Yucatán” es una contradicción con la reforma penal del 2008, y explican que el nuevo sistema de justicia penal, acorde con una tendencia mundial, tiene entre sus novedades evitar que cualquier delito llegue a juicio, privilegiando la conciliación entre las partes en delitos que no son graves y priorizando la persecución judicial de los delitos que, por su gravedad, no pueden estar sujetos a un arreglo (homicidio, feminicidio, violación, pornografía infantil, entre otros).

En este sentido, señalaron que hace falta una mejor administración dentro del poder Judicial, dotar de plena independencia a la Fiscalía para que los casos en los que estén involucrados oficiales puedan ser investigados imparcialmente y otorgar más recursos con el fin de descentralizar la justicia en el estado.

De esta forma, manifestaron su preocupación por las consecuencias que conllevarían estas y otras medidas contempladas en el Escudo, por lo que hicieron un llamado a combatir la inseguridad  a través de la justicia social, el acceso equitativo a la justicia en cada punto del Estado, el combate a la impunidad y la disminución de la brecha de desigualdad.