Foto: Cuartoscuro

Este jueves, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación federal, reconocerá públicamente su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue detenida arbitrariamente y torturada sexualmente hace 13 años.

Este acto ocurre cinco meses después de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó al Estado mexicano hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” del ataque ilegal cometido contra Cacho, a quien además pidió que las autoridades deben “ofrecer una compensación adecuada” y evitar futuras violaciones a los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos mediante la despenalización del delito de difamación y calumnia.

Cabe recordar que el 16 de diciembre del 2005, Cacho fue detenida, torturada y amenazada por la entonces Policía Judicial de Puebla en Cancún, Quintana Roo, después de la publicación del libro “Los Demonios del Edén” (2005), investigación que reveló una red de pederastia encabezada por el empresario Succar Kuri. El mes pasado el agente ministerial poblano Alejandro Rocha Laureano fue detenido como presunto responsable del delito de tortura contra Cacho. Sin embargo, de los 17 agentes poblanos identificados como responsables por Cacho, apenas 3 han sido procesados.

Queda por ver si también serán castigados los autores intelectuales del crimen, entre los que la periodista señala al entonces gobernador de Puebla Mario Marín, cuyas conversaciones telefónicas con el empresario Kamel Nacif en 2006, evidenciaron una conspiración para reprender a la periodista.

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