Foto: Tala ilegal afecta desde el 2017 a la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu. (Ronda nativa Santa Rosillo de Yanayacu)
Por falta de apoyo policial, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental se rehúsa a ingresar desde noviembre de 2020 a constatar la tala ilegal de madera en la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. Mientras tanto, los líderes comunales sufren agresiones y amenazas que cualquier día podrían cegarles la vida. Una historia de absoluta inoperancia estatal.
¡Insólito! Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, la Fiscalía ha reprogramado nueve veces una inspección ocular para constatar la tala ilegal de madera en la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín.
La diligencia, que debió realizarse al mes de que la comunidad presentó la denuncia, en mayo de 2020, suele reprogramarse por falta de apoyo policial o por considerarse la zona de intervención como “convulsionada”, una situación que pone en peligro la vida de los líderes comunales que viven entre agresiones y amenazas de muerte.
Un líder de la comunidad y la abogada encargada del caso aseguraron a Servindi que todo es muy turbio. Piden al Ministerio del Interior y el Ministerio Público intervenir pronto para evitar la impunidad y frenar la deforestación en la zona.
Un problema territorial
Santa Rosillo de Yanayacu es una comunidad nativa del pueblo Kichwa ubicada en la zona del Bajo Huallaga, en el distrito de Huimbayoc, provincia y departamento de San Martín.
Habitada por 330 pobladores y con más de 23 mil hectáreas, fue reconocida como comunidad nativa el 25 de junio de 2015, luego de un proceso que duro cerca de tres años.
Cuando ya solo faltaba la entrega del título comunal, la comunidad se partió en dos. Un líder indígena de la comunidad, que prefirió mantener en reserva su identidad, recuerda bien el motivo.
“En 2016, la dirección de titulación del Gobierno Regional de San Martín entregó 10 títulos individuales a personas que no viven acá, sino que venían de Tarapoto y eran madereros”, cuenta.
Este hecho motivó a que una parte de los miembros de la comunidad renunciara a la titulación comunal anhelando obtener sus propios títulos individuales para formar una asociación de productores.
Una muestra más, que cuando la titulación colectiva de territorios indígenas en el Perú es postergada en la agenda pública, se generan estas situaciones conflictivas que terminan en un espiral de violencia, agresiones e impunidad.
Fue así que, para el 2017, la tranquilidad de la comunidad empezó a verse perturbada por la aparición de árboles talados ilegalmente, sembríos de hoja de coca y pistas clandestinas.
Según el líder indígena, el grupo que decidió apartarse de la comunidad es el mismo que promueve estas actividades ilícitas, que desde aquel año 2017 se han venido denunciando.
A la fecha, hay tres expedientes ambientales abiertos en la Fiscalía por denuncias vinculadas al delito de destrucción de bosque y formaciones boscosas en la comunidad.
La primera denuncia, que la comunidad presentó en mayo de 2020, reposa en la carpeta 2020-32 de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas, de San Martín.
Como parte de esta denuncia, la Fiscalía programó una inspección en la comunidad para constatar la tala ilegal de madera el 12 y 13 de noviembre de 2020, hace más de un año.
Sin embargo, hasta ahora la diligencia no se ha realizado, pese a que fue reprogramada hasta en nueve ocasiones. El motivo: la falta de apoyo policial para ingresar a la comunidad.
Sospechosas reprogramaciones
Servindi tuvo acceso a un documento donde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas detalla cada una de las reprogramaciones hechas a la inspección inicial.
Se trata del Oficio N° 1075-2021-FEMA-AA en la que la Fiscalía responde a una consulta hecha por la Defensoría del Pueblo sobre las acciones de prevención e investigación adoptadas por los hechos relacionados a la tala ilegal en la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu.
En el documento, la Fiscalía asegura que no ha podido ingresar a la localidad a cumplir con la inspección “por faltas de seguridad y garantías tal como lo ha informado la Policía Nacional del Perú en sendas oportunidades”.
¿Es posible que las “faltas de seguridad y garantías” no hayan podido ser resueltas en los más de trece meses que lleva pospuesta esta diligencia? Para las autoridades involucradas en este caso, sí.
La diligencia del 12 y 13 de noviembre de 2020 fue reprogramada por primera vez para el 27 de noviembre porque “no se contaba con apoyo policial” para ingresar a la comunidad.
Desde entonces, la diligencia ha sido reprogramada en ocho ocasiones adicionales por motivos similares, acompañados por argumentos como la falta de logística, de personal y la emergencia por la COVID-19.
Las reprogramaciones van del 27 de noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021; de ahí al 26 de mayo; luego al 21 de julio; y posteriormente al 26 de agosto.
Del 26 de agosto, se vuelve a reprogramar para el 20 de octubre; luego para el 12 de noviembre; después para el 1 de diciembre; y ahora último, para el 15, 16, 17 y 18 de enero de 2022.
A Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) a cargo del caso, le llama la atención que en todo este tiempo no se haya podido garantizar el apoyo policial para realizar la diligencia.
“Esta inspección debió hacerse al mes que se presentó la denuncia, en mayo, junio o julio de 2020; pero ahora la están pasando para enero de 2022. Ya van nueve reprogramaciones”, dice.
Luchando contra el peligro
Mientras las autoridades se rehúsan a cumplir con su trabajo, los líderes de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu sufren las represalias por denunciar las actividades ilícitas en su territorio.
El 18 de julio de este año, el apu Quinto Inuma, vicepresidente de la comunidad, fue agredido luego de una inspección fiscal que se realizó para constatar sembríos de hoja de coca. El hombre que lo golpeó a puños le dejó lesiones en el pómulo y el pecho al lado derecho.
Debido a este incidente, él y el apu Manuel Inuma, entonces jefe de la comunidad, tuvieron que ser trasladados junto a sus familias a Tarapoto para poder recibir protección policial.
En agosto de 2021 se reportó que la vivienda del presidente de la ronda comunal fue quemada; y a inicios de este mes de diciembre, que tres comuneros han sido amenazados de muerte.
“Uno de ellos indicó haber recibido la amenaza el pasado jueves 2 de diciembre durante la noche, cuando regresaba del trabajo hacia su casa”, reportó el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Pese a las agresiones físicas y las amenazas que reciben, los dirigentes indígenas de la comunidad no han dejado de hacerle frente a los actores ilegales que operan en su localidad.
Así, solo la semana pasada, el 8 y 11 de diciembre, incautaron como parte de sus patrullajes rutinarios un aproximado de 60 mil pies de madera cortados y listos para salir de la comunidad.
La primera incautación fue en el sector Yuracquebrada, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, donde hallaron 12 árboles tornillos gigantescos talados.
En la segunda incautación realizada en el sector Purmayoc encontraron 18 árboles talados, de tamaño regular e igual de listos para ser sacados de la comunidad de manera totalmente ilegal.
Las incautaciones están registradas en las actas de intervención que realiza la comunidad y que incluyen hasta las coordenadas de los lugares donde se halló la madera.
“Se puso en conocimiento de la fiscal estas últimas incautaciones, pero señaló lo mismo: que no va a entrar a la comunidad porque no tienen garantías de la policía”, dice la abogada Gavancho.
Para la letrada, esta situación refleja que el Estado, representado por el Ministerio del Interior (Mininter) y la Fiscalía, “está incumpliendo sus funciones” de proteger a la comunidad y sus líderes.
Al no garantizar un presupuesto y la logística necesaria para la realización de la diligencia, el Mininter “está siendo cómplice de toda esta mafia de tala ilegal en la zona”, dice.
Lo mismo con la Fiscalía que, aunque podría coordinar con el área de Criminalidad Organizada para entrar a la comunidad, no lo hace, “simplemente se quedan ahí [en decir que no hay apoyo policial]”, dice la abogada.
El líder indígena que prefirió mantener en reserva su identidad para este reportaje, por temor a represalias, también empieza a sospechar de las autoridades locales que ven el caso.
“Viendo todo esto, nosotros pensamos que están coludidos con los madereros porque ellos tienen dinero y pagan”, dice mientras pide la intervención urgente de las altas autoridades.
El líder a veces piensa en qué habría pasado si el Gobierno Regional de San Martín nunca hubiera entregado los 10 títulos individuales que motivaron la división de la comunidad.
“Quizás ahorita estaríamos todos juntos y no tendríamos que enfrentarlos para conservar la comunidad, porque solo por conservar, somos amenazados y perseguidos”, señala.
Hoy solo pide que el Estado les otorgue pronto el título comunal reconociendo sus 23 mil hectáreas de territorio y apoyo para garantizarles seguridad e impulsar proyectos sostenibles.
“Vemos que tanta madera sale, pero en nuestra comunidad, los colegios, centros de salud, comedores y el local comunal no tienen muebles. Hay tantas cosas que se puede hacer”, dice.
Publicado originalmente en Servindi
