*Colaboradora del área de incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

Del 4 al 8 de mayo se llevó a cabo en Naciones Unidas el Segundo Foro de Examen de Migración Internacional (FEMI), evaluando el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM). Como académica y joven, percibo una profunda desconexión entre los objetivos idílicos del PMM y las realidades del terreno. Ante la actual precariedad financiera de la ONU, la pregunta es clara: ¿cómo articular respuestas reales frente a las apremiantes necesidades de la movilidad humana global?

Durante el foro, el mapa político fue evidente. Las delegaciones más activas e involucradas fueron las de México, Colombia, Guatemala y Filipinas. Mientras países como Francia, Países Bajos y España abogaron por la regularización, las naciones con mayores flujos migratorios dictaron el verdadero debate. Se respiró un espíritu de cooperación internacional entre organizaciones de fe, sociedad civil, agencias internacionales y gobiernos del Sur Global. Contrastó el silencio inicial de muchos países europeos, quienes prefirieron tercerizar su participación apoyando financieramente a organizaciones de la diáspora —como el apoyo del gobierno alemán a la Asociación de Mujeres de la Diáspora Etíope—.

Se enfatizó la urgencia de intervenir preventivamente, garantizando el conocimiento de derechos antes del viaje y mitigando las presiones económicas estructurales en las comunidades de origen. Pese al consenso general para dar continuidad al PMM, saltan a la vista las contradicciones: muchos Estados firmantes omiten protecciones laborales básicas, como a trabajadoras del hogar migrantes, y mantienen deportaciones masivas.

La escasa y displicente presencia de Estados Unidos fue motivo de profunda preocupación. Su misión no emitió compromisos sustantivos y adoptó una postura de desestimación hacia el FEMI. Queda la incómoda impresión de que otros países asumen los costos humanos y políticos de Washington, especialmente al gestionar personas deportadas bajo la perversa figura de «terceros países seguros». Esta ausencia debilita el éxito del Foro, más aún cuando otros gobiernos comienzan a replicar sus políticas de contención. Ante esto, surge la duda: ¿tiene la ONU fuerza vinculante para exigir responsabilidades a las potencias?

El principal resultado, la Declaración de Progreso, arrojó recomendaciones continuistas. Su adopción unánime es agridulce: aunque falta progresividad sustancial en derechos humanos, al menos existe consenso para blindar los compromisos ya adquiridos.

Lo rescatable: se fortalecen las vías regulares, la movilidad laboral ordenada y la identidad jurídica para proteger a personas trabajadoras migrantes de la explotación. Lo pendiente: agendas críticas, como la asistencia humanitaria y la búsqueda de personas desaparecidas, requieren colaboración regional obligatoria (incluyendo a Estados Unidos) y una reforma profunda de los servicios de seguridad fronteriza.

La participación mexicana se centró en cuatro puntos para acelerar la implementación del Pacto: 1. Inclusión financiera: facilitar el acceso a servicios bancarios y envío de remesas mediante la Financiera para el Bienestar (FINABIEN); 2. Fortalecimiento consular: crear una alianza con la ONU para potenciar la red de acompañamiento integral; 3. Protección a la infancia: impulsar de forma prioritaria la estrategia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); y 4. Coordinación local: incrementar en un 5% los servicios y derechos ofrecidos por el gobierno de Baja California (norte de México).

Desde la sociedad civil será crucial vigilar estas promesas. Los desafíos se agudizan este año, ya que los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos enfrentan procesos de revisión que podrían derivar en cierres, debilitando trágicamente nuestra primera línea de defensa.

El FEMI dejó una lección fundamental: ningún Estado puede gestionar la migración levantando muros; la defensa de los derechos humanos exige cooperación multilateral. Pese a que las voces de las juventudes siguen marginadas a breves recomendaciones o eventos paralelos, espacios como el Caucus de la Red de Mujeres en la Migración sirvieron como oasis necesarios.

A pesar de las barreras institucionales, el Foro permitió tejer redes globales de resistencia. Confirmé que desde la academia, la juventud y el feminismo debemos seguir empujando juntas por un futuro donde migrar no cueste la vida.