Foto: Cuartoscuro
Tomando como referencia a la consultora Etellekt, Guerrero es el estado donde la violencia política se ha multiplicado, al grado de que desde el inicio del proceso electoral, del mes de septiembre al 8 de mayo del presente año han sido asesinados 18 políticos que aparecían como precandidatos o candidatos a presidentes municipales y diputados locales. El último hecho de violencia que conmocionó a la clase política en el poder fue el del alcalde con licencia del municipio de Coyuca de Catalán y candidato a la diputación local, Abel Montúfar Mendoza. Estos hechos reprobables están marcando un derrotero funesto que enciende los focos rojos para la contienda electoral que se avecina. Queda evidenciada con mayor contundencia, por el impacto que causan estos asesinatos, la debilidad de nuestras instituciones y la fragilidad de nuestro sistema democrático. En nuestro país y en nuestro estado a pesar de que se han hecho reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y se ha intentado ciudadanizar a estos órganos, todavía los partidos políticos siguen definiendo el marco jurídico de nuestra democracia electoral. Son estas instituciones partidistas con sus candidatos y candidatas el eje dinamizador de todo el proceso electoral. Las mismas leyes electorales se circunscriben a definir las funciones de los organismos electorales y el papel de los partidos políticos; en la forma de participación en el proceso electoral, las fuentes de financiamiento y los criterios de elegibilidad de las candidaturas. Algo reciente son las candidaturas independientes, su proceso de selección y registro, los requisitos de participación, sus derechos y obligaciones. Además en nuestro estado hay un hecho inédito que marca un avance en estas nuevas formas de participación política. En el municipio de Ayutla de los Libres las elecciones serán por usos y costumbres no por decisión de los partidos políticos sino en contra de su misma voluntad e intereses partidarios. Fueron las mismas comunidades indígenas y las organizaciones vinculadas a sus luchas en la defensa de sus derechos colectivos lo que hizo abrir esta concha de la partidocracia para permitir la participación de las autoridades comunitarias en el marco de sus asambleas como candidatos para ser elegidos dentro de un consejo municipal. Es una lucha difícil, porque los mismos representantes de los partidos políticos, que supuestamente pregonan la democracia, son los que se obstinan en boicotear este ejercicio democrático y maniobran para infiltrar a candidatos en este nuevo ejercicio de democracia comunitaria.
Los contenidos de la ley electoral están circunscritos a darle cauce a cuestiones relacionadas con la asignación de partidas presupuestales y la fiscalización de estos recursos públicos. Un tema central es la organización de la jornada electoral así como el material electoral que tiene que ver con la impresión de las boletas, su distribución y su resguardo. Un trabajo arduo de los órganos electorales es garantizar la capacitación de todos los funcionarios de casilla. Su tarea central es garantizar la instalación de todas las casillas en la jornada electoral, realizar los cómputos y dar a conocer los resultados finales de los candidatos ganadores.
Para los órganos electorales el contexto de violencia que marca este proceso electoral no es un tema que lo coloquen dentro de su agenda de trabajo. Los funcionarios electorales tienen que regirse por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales por lo mismo todo lo que no aparezca en los capítulos y artículos que rigen su quehacer están fuera de su competencia. Es claro que son las autoridades políticas las que tienen que garantizar un clima de seguridad y paz para que el proceso electivo avance sin riesgos ni contratiempos. Es decir que en nuestra entidad debe imperar el estado de derecho y no la violencia, la aplicación de la ley y la persecución de los delitos. Son coyunturas donde se pone a prueba la fortaleza de las instituciones y la capacidad de las autoridades para hacer valer lo que juraron cumplir y hacer cumplir la ley de cara al pueblo. Este ambiente enrarecido que sigue costando vidas a los mismos contendientes políticos ha puesto en jaque a toda la clase política en el estado que es en buena medida responsable de lo que hoy acontece en nuestra entidad. La crisis política que enfrentamos nos remite a las prácticas corruptas que han institucionalizado los partidos políticos y las mismas autoridades que han sido cómplices y complacientes de este modelo cleptocrático para ejercer el poder. Los mismos actores políticos se han encargado de pisotear nuestras leyes, de ignorarlas y de actuar en la opacidad para realizar negocios privados al amparo del poder. Las instituciones públicas han servido como agencias de colocación, como parte del patrimonio de los grupos en el poder, como las minitas de oro donde saquean los recursos públicos. Denigraron su misma imagen como servidores públicos y socavaron su legitimidad y credibilidad al emparentarse con los poderes fácticos que se han infiltrado en las instituciones gubernamentales desvirtuando su quehacer. La sociedad es la que ha pagado muy caro estas acciones impulsadas por los políticos alentando la corrupción, la impunidad y simulando un compromiso con la sociedad a través de discursos huecos y compromisos incumplidos.
La violencia que nos atrapa a todos no es producto de la casualidad ni de una acción malévola que provenga del exterior, mucho menos de una malvisión divina. Es consecuencia del mal gobierno, de la institucionalización de la corrupción, de los pactos de impunidad que se mantienen incólumes al interior del aparato gubernamental. Se encubre a quienes cometen delitos y sobre todo se protege con todo el poder de las instituciones a los altos funcionarios que manejan los recursos públicos para amasar fortunas para las élites económicas y políticas del país.
Este sistema se engolosinó con el dinero público y se olvidó de la sociedad, ignoró a los ciudadanos y ciudadanas. No midió las consecuencias de sus actos. No dimensionó lo que representaba aliarse con grupos que actúan al margen de la ley. Nunca quisieron ser garantes de la legalidad, mucho menos se comprometieron con la población para salvaguardar los derechos humanos y hacer valer nuestro estado de derecho.
La crianza de cuervos hace que estas aves de rapiña se vuelvan contra sus mismos protectores, porque les sacan los ojos. Lo mismo podemos decir que la culpa no solo es de la persona que delinque y que forma parte de la delincuencia organizada sino sobre todo de los políticos que los hacen compadres. El escenario de Guerrero está marcado por señales funestas. El mismo mapa del estado aparece con focos rojos en las siete regiones por los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos nueve meses. Lo más preocupante es que hay un mayor ensañamiento en estos hechos delictivos que está siendo un factor de mayor riesgo porque se alienta la violencia. Ante el desbordamiento de los actores armados tanto estatales como no estatales nos coloca en el umbral de la barbarie. La tentación es usar la fuerza letal como única alternativa para imponer un orden resquebrajado.
El mapa de la violencia electoral no ha servido a las autoridades de los tres niveles de gobierno para tomar acciones preventivas que contengan esta avalancha delincuencial. Este hermetismo con el que se manejan las fuerzas del Estado no se ha traducido en acciones eficaces y más bien sus actuaciones realizadas en la opacidad le hacen un flaco favor a una institucionalidad sumamente débil y frágil. Esta lucha por el poder entre la clase política ha mostrado su voracidad al seguir peleando por alguna candidatura o por asegurar un cargo que le reditúe ingresos acordes a su nivel de codicia. Han dejado tirada su responsabilidad pública y ahora se han subido al tren de la nueva aventura electoral. En estos meses la sociedad ha experimentado ese desgobierno alentado por las mismas autoridades municipales, diputados locales y funcionarios públicos, que se han volcado con sus corrientes políticas para buscar un nuevo acomodo, dejando en total abandono sus responsabilidades constitucionales. Nadie de estos personajes se siente interpelado por esta realidad atroz, mucho menos le preocupa lo que suceda en su entorn,o siempre y cuando no vean afectados sus intereses. Es muy grande la ambición y la egolatría de la clase política guerrerense, su mirada es corta y su mezquindad los hace insensibles frente al dolor y sufrimiento de decenas de familias que son víctimas de la violencia. Todos actúan con la misma vara; le dan la espalda a quien más lo necesita, huyen de la realidad que les interpela y se ausentan de los lugares donde tienen que estar para atender a las personas que reclaman justicia.
La misma contienda electoral ha defraudado a los mismos electores porque la mayoría de candidatos y candidatas no tienen la legitimidad ni la calidad política ni moral para ser dignos representantes de una población que vive bajo el yugo de la violencia y del mal gobierno. Las campañas se circunscriben a la diatriba y la descalificación. Entre los mismos contendientes priva la denostación y la marrullería. Con total cinismo cambian de partido con el argumento pedestre de hacerlo por no convenir a sus intereses. Las campañas electorales a nivel local están muy lejos de convocar a una ciudadanía deseosa de un cambio. Podemos decir que es mucho pueblo para partidos empequeñecidos y desacreditados y candidatos sin arraigo ni compromiso con la gente de a pie. Los ciudadanos y ciudadanas son el capital más valioso en esta contienda electoral porque ahora están emergiendo los verdaderos sujetos que están dispuestos a luchar por una transformación de nuestras instituciones y de nuestro mismo sistema democrático que solo ha velado por los intereses de una partidocracia que ha traicionado al pueblo. Los focos rojos seguirán encendiéndose en nuestro estado si la clase política sigue actuando como lo ha estado haciendo de establecer alianzas con grupos que actúan al margen de la ley y que de alguna medida están incidiendo en las campañas electorales. Muchos políticos siguen jugando con fuego apostándole que con estas alianzas truculentas pueden satisfacer sus ambiciones personales dejando que las instituciones del Estado sigan capturadas por el crimen organizado.
Publicado originalmente en Tlachinollan
