Ciudad de México. La liberación bajo fianza de los últimos 14 detenidos del 1 de diciembre –durante las protestas contra la asunción presidencial de Peña Nieto- no es el fin del proceso, coinciden los ex presos y sus abogados. Aunque tienen la posibilidad de iniciar acciones legales contra los responsables del operativo policial, en este momento “estamos concentrados en obtener la libertad absoluta” de los detenidos, señaló Micheel Salas, de la Liga de Defensores  1 de diciembre.

El profesor Enrique Rosales –que fue detenido por defender a Jorge Dionisio de los abusos policiacos- recuerda que “estamos libres bajo caución”, por lo que están sujetos a un proceso que se ve largo. Los acusados ofrecerán pruebas de su inocencia el 3 de enero; de ahí se fijará la fecha para el desahogo de dichas pruebas. Después del proceso de ofrecimiento y desahogo, se fijará fecha para emitir sentencia.

Los defensores tienen elementos fundamentales para demostrar la inocencia de los acusados. “En cada uno de los casos”, apunta Micheel, “revisamos los videos de Seguridad Pública, que es básicamente lo que ofrece la Procuraduría General de Justicia del DF para presentar su acusación”.  Además, cuentan con una recopilación de videos grabados por participantes en la marcha. Así “se ubicó a la mayor parte de los acusados en el momento de su detención” y se evidencian las contradicciones en las declaraciones de los policías, informa la abogada. “No hay elementos donde los acusados realicen actos que constituyan ataques a la paz pública”, sentencia.

En cuanto a juzgar a los responsables de los abusos hay diferentes momentos. La jueza, al dictar el auto de formal prisión, hizo un señalamiento sobre las detenciones violentas que sufrieron varios acusados. “Le dio vista al Ministerio Público para que inicie las investigaciones al respecto”, informa Salas.

Un segundo momento tiene que ver con la documentación que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó sobre tortura y detenciones arbitrarias durante el operativo, que deberá remitir a la procuraduría para que se realicen las investigaciones correspondientes.

El tercer momento, que es el de las denuncias de los afectados, no se descarta. “Hubo violencia extrema y muchos excesos contra lo que fuimos detenidos, pero eso no lo vamos a plantear hasta que se resuelva nuestra situación”, señala el profesor. Salas señala que esta decisión “depende absolutamente de los afectados”. Para Obed Palagot, otro de los 14 detenidos, aunque quienes lo golpearon directamente fueron los policías, está convencido de que «la orden vino de arriba». Señala que no cree que, como le han señalado, los responsables sean policías que no cumplieron bien las órdenes. «Tu como jefe de gobierno debes tener abajo a tu gente de confianza que cumple tus órdenes y las hace entender», remata.

Respecto a las violaciones a derechos humanos que se cometieron, la abogada encuentra detenciones arbitrarias, violaciones a la libertad de expresión y de reunión, libertad de manifestación, violaciones al debido proceso, entre otras.

Micheel recuerda que la CDHDF ya se pronunció sobre el artículo 362 que tipifica los ataques a la paz pública. Los abogados seguirán luchando por la derogación del artículo, ya que aún con la reforma “es inconstitucional y un agravio para la ciudadanía”.

Enrique Rosales, en este momento, quiere pasa tiempo con su familia “porque este tiempo fue más difícil para ellos”. Coincide  Obed, que señala que el tiempo en prisión fortaleció algunos lazos afectivos pero le creó muchas tensiones también.

Rosales, perteneciente a la corriente democrática del sindicato de maestros, cree que es necesario seguir luchando por un cambio, pero desde las aulas, haciendo niños pensantes y con criterio propio.

Publicado el 30 de diciembre de 2012