Los liberaron en la noche, como para que no los viera nadie. No cualquiera, sino un 26, este, cuando se cumplían 16 meses del ataque a los normalistas de Ayotzinapa. El frío en la noche de enero era intenso.

La emoción era notoria en las puertas del Penal Mil Cumbres, en donde decenas de familiares y amigos los esperaron, junto a compañeros y maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación.

“Más que un triunfo político, su liberación es un acto de justicia que se le hace a los muchachos, por responsabilizarlos de algo que no han hecho”, dijo a Quadratín Michoacán el abogado de los estudiantes, Féliz Pérez Lobato.

Los 30 estudiantes salieron caminando despacio a reencontrarse con sus familiares, con el pelo rapado por los 57 días en que los mantuvieron injustamente presos. Sin sustento.Así lo entendió el juez, cuyo nombre no se incluye en los reportes de prensa locales, que los liberó por falta de pruebas en su contra.

Los muchachos salieron calmos, escoltados por Alejandro Montiel, subsecretario de prevención y reinserción social de la secretaría de seguridad pública y un nutrido grupo de policías. Afuera, los vítores de los presentes celebraban como antes reclamaron “presos políticos libertad”. Antes de ser traslados a ese Penal ubicado en su estado,Michoacán, los muchachos fueron dispersados, enviados a cumplir condena al norte del país: estuvieron un mes en el Penal de Alta Seguridad de Hermosillo, Sonora. Habían sido detenidos en la Autopista siglo XXI, el 7 de Diciembre de 2015.

Desde el inicio, sus familiares y compañeros denunciaron el componente político de la detención de los estudiantes, ya que desde octubre del año pasado además de sus clases regulares, atendían distintas movilizaciones en rechazo a la aplicación del Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales mientras elaboran un proyecto alternativo. Así como también en reclamo a las deudas que el gobierno del estado mantiene con los estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío.

Dos elementos jurídicos respaldaban la lectura de que los estudiantes fueron criminalizados:

Por un lado, que los 30 varones habían sido detenidos junto a 22 mujeres, también normalistas. Todos, los 52, fueron acusados de los mismos delitos en el ámbito común y en el federal. Las muchachas fueron liberadas a mitad de diciembre. Ellas estaban recluidas también fuera de Michoacán, en el Penal Federal de Coatlán del Río, en Morelos.

Por otro, los 52 normalistas estaban acusados de violar la ley Federal de armas de fuego y uso de explosivos. Suena rimbombante, pero la prueba fuerte que tenía la justicia para acusarlos era una especie de molotov, que estaba hecha con una botella de refresco de una marca que ni siquiera se vende en Michoacán.

«No podemos decir que la lucha ha terminado, simplemente se cumple una fase más de un proceso que se judicializó y que nos llevó a una etapa crítica, con 52 familias que en algún momento se vieron afectadas, y todo un movimiento estudiantil y magisterial que se consolidó con un evento tan lamentable como fue la detención», dijo Juan José Ortega Madrigal a los medios en las afueras de Mil Cumbres.

El Secretario General de la Sección XVIII de la CNTE relató a los reporteros Juan Pacheco y Leopoldo Hernández que: «esta es una experiencia que nos obliga a hacer una revisión a fondo de entender que solamente coordinados, articulados podremos evitar acciones como la del día de hoy, pero no renunciamos a ninguna forma de lucha. En algún momento nuestras asambleas van a ir determinando qué es lo que sigue, pues está en riesgo la estabilidad laboral de cientos de miles de trabajadores y está en riesgo la educación pública».

Los muchachos brindaron algunas palabras, claras y justas, ante el atropello sufrido: “no hicimos ningunas acciones malas. Nos vamos a dedicar pos, a lo de siempre: somos estudiantes y a seguirle echando ganas. Porque queremos ser muy buenos maestros, esa es nuestra meta, velar por el bien del país.”

En Caravana fueron hasta el Centro Histórico donde más gente los esperaba desde la caída del sol en torno al plantón que los familiares tenían instalado en reclamo de su liberación. Más de 50 días se mantuvieron en el Acampe, a pesar de la lluvia de críticas que les arreció por luchar por la liberación de sus hijos. Limpiaron el espacio antes de retirarse.

Foto: El Pueblo, Medio Independiente