Este texto es resultado de la colaboración entre el colectivo de comunicación de la Teia dos Povos y la Agencia de Noticias del Sur de Bahía (ansuba.org), proyecto de laboratorio del curso de Periodismo de la UFSB, con apoyo del CNPq.

“Ellos disparaban prácticamente a quemarropa. Nosotros solo nos tiramos al suelo y pedimos a Dios que llegara la Fuerza Nacional. Gracias a Dios, aunque heridos, sobrevivimos”. El testimonio es del líder indígena Ricardo Patáxo, uno de los heridos en el reciente ataque perpetrado contra la Aldea Kaí, en Prado (BA).

El 1 de octubre, líderes pataxó fueron rodeados por 40 hombres fuertemente armados con fusiles y escopetas calibre 12, durante una actividad de vigilancia comunitaria en la Aldea Kai, en el territorio indígena Comexatibá (Extremo Sur de Bahía), donde estaban reunidos. El ataque dejó al menos dos personas gravemente heridas, entre ellas Ricardo y un joven indígena alcanzado de refilón en la cabeza. La acción solo fue interrumpida con la llegada de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, que actualmente cumple misión en la región para contener los ataques contra los indígenas, que han sido frecuentes.

Ricardo describe el ataque como un intento claro de ejecución, afirmando que apuntaban directamente hacia él, disparando “para matar”. En el momento en que el criminal comenzó a disparar con un fusil, solo tuvo tiempo de gritar a sus compañeros que corrieran hacia la casa. “Percibí la presencia de un dron sobrevolando la casa y, poco tiempo después, escuché a alguien gritar que había un hombre armado y encapuchado acercándose. Cuando salí a verificar, vi al criminal a unos ocho metros de distancia y, enseguida, comenzó el tiroteo.”

Según el relato de Ricardo, el grupo de criminales confinó a los indígenas en la casa principal de la Hacienda Pero Vaz y abrió fuego contra la vivienda. El área forma parte de la Tierra Indígena Comexatibá y es objeto de disputa de tierras con hacendados locales, involucrando dos propiedades que se superponen a la Tierra Indígena: Portal da Magia y Portal da Fazenda Imbassuaba.

Con una estimación de 732 habitantes, la Tierra Indígena (TI) Comexatibá está habitada por el pueblo Pataxó y se extiende por 28.159,86 hectáreas del litoral sur de Bahía, según el portal Terras Indígenas no Brasil. La TI fue reconocida por la Funai en 2005, pero solo en 2015 se publicó el informe de identificación y delimitación, y hasta hoy el proceso de demarcación sigue en disputa. Como consecuencia, desde entonces se han realizado varias retomadas mientras los indígenas esperan la regularización y avances en la demarcación, además de los conflictos territoriales derivados de la demora en el proceso y de la violencia contra las comunidades del pueblo.

El mismo día del ataque, los líderes de la comunidad habían denunciado a las autoridades locales y federales la posible acción, durante una reunión ordinaria del Foro de los Territorios Ancestrales, promovida por el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que también contó con la presencia de diversos organismos públicos, como la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio Público Federal, la Policía Federal, la Funai y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Aunque encapuchados, algunos agresores fueron reconocidos por los indígenas. El Consejo de Caciques denuncia que esta acción forma parte de un ciclo de ataques promovidos por grupos armados ligados a intereses del latifundio, la especulación inmobiliaria y los usurpadores de tierras indígenas.

La Defensoría Pública de la Unión (DPU) emitió un despacho exigiendo medidas urgentes de las autoridades federales y estatales ante un conflicto de tierras. Según relatos de la comunidad, el capitán de la fuerza en el lugar habría ordenado la liberación de los agresores sorprendidos en acción y solicitado la desocupación del área retomada, devolviéndola al hacendado. Su actuación causó extrañeza e indignación en todos.

Tras el atentado, según informaciones divulgadas por el Consejo de Caciques de la Tierra Indígena Barra Velha y por el Movimiento Unido de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Bahía (MUPOIBA), la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, al llegar al lugar, interceptó un autobús con más de 40 personas – entre ellos adolescentes e individuos armados – y un vehículo particular, ambos sospechosos de participación en el ataque.

Según las entidades, los ocupantes del autobús relataron que recibieron 500 reales cada uno para participar en la acción criminal, y el conductor, 1.000 reales. Personas del grupo también afirmaron haber sido contratadas por la Asociación del Agronegocio del Extremo Sur de Bahía (Agronex).

En una nota divulgada en redes sociales, la Asociación del Agronegocio del Extremo Sur de Bahía (Agronex) negó cualquier implicación en el ataque. Ricardo, sin embargo, afirma que Matheus Bonfim (presidente de Agronex) lideró el ataque, acompañado de unos 20 hombres armados, y asegura haberlo visto en el lugar, riéndose y ordenando que los hombres dispararan contra él. Matheus estaría al frente de un grupo de “defensores de la tierra”, que actúa bajo una supuesta fachada de “movimiento social”, pero que en la práctica funcionaría como una milicia rural armada.

Según Ricardo, la principal preocupación de la comunidad en este momento es el miedo a un nuevo ataque, ya que los agresores continúan en las cercanías del área indígena. “Ellos están aquí muy cerca de nosotros, todo el tiempo disparan. Eso es para que lo escuchemos, para que sepamos que no desistieron, que siguen aquí”, dice el líder indígena.

Debido a los ataques, según él, todas las actividades económicas de la comunidad fueron interrumpidas, y existe una gran dificultad sin ingresos ni producción: “Hoy mismo hay dificultad para comprar alimentos, para comprar medicinas, porque tuvimos que parar todas las actividades que teníamos — turismo, pesca, agricultura. Tuvimos que detener todo para dedicarnos a las autodemarcaciones. Pero hoy la necesidad real es esta: alimentación, medicación, esas cosas que necesitamos para mantener a la comunidad lúcida y permanecer en el área ocupada.”

Ricardo afirma que, tras los ataques, los líderes indígenas emitieron denuncias y presentaron documentos a las autoridades competentes, incluyendo Policía Federal, Policía Civil, Ministerio Público Federal y Ministerio de Justicia, aportando pruebas en video y testimonios. A pesar de ello, la comunidad sigue esperando medidas concretas contra los responsables de los ataques.