El 24 de diciembre fueron liberados los seis policías implicados en la muerte del menor José Alberto Tehuatle. La Primera Sala en Materia Penal consideró que los delitos imputados de lesiones y falsedad de declaraciones no fueron cometidos con dolo y alcanzaron fianza, de la que se desconoce el monto y quien la pagó. Dos de los policías se les acusaba de homicidio, pero los cargos también fueron retirados por considerarlo culposo, aunque el caso no se ha cerrado, los elementos de la fuerza pública ya se encuentran en libertad.

Para la madre del menor asesinado por una bala de goma es una injusticia que el Tribunal le haya concedido la libertad a los policías que le causaron la muerte a su hijo, “los que mataron a mi hijo están en la calle; Moreno Valle siempre habla de no estar por encima de la ley y lo está haciendo contra nosotros, no hay respeto”.

El edil auxiliar del municipio, Javier Montes Bautista, y sus vecinos continúan en prisión porque son los testigos presenciales del asesinato por parte de los policías al menor José Alberto, para la madre del edil esta es la razón por la que el tribunal no les concede la libertad.

La madrugada del 18 de octubre del año pasado, fueron detenidos y acusado cinco personas de la comunidad por privación de la libertad, homicidio en tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación, pero tan sólo dos de ellos fueron puestos en libertad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió once recomendaciones al gobierno de Rafael Moreno Valle, quien aseguró haberlas cumplido cabalmente, pero sólo se ha obtenido de ellos el silencio.

Para el próximo 19 de enero está programada una audiencia constitucional para que un juez federal le otorgue o no el amparo presentado por la familia para que pueda salir bajo fianza.

“La gente no quería represión y exigían un diálogo, pero la policía simplemente empezó a disparar. Por eso responsabilizamos al gobernador Rafael Moreno Valle por esta muerte”, denuncia por su parte Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, en una entrevista pasada a Desinformémonos

Después de un proceso irregular en el que el Congreso votó la aprobación de la ley, conocida como Ley Bala, en el primer semestre del año 2014, donde se regulaba el uso de la fuerza pública en las manifestaciones. El gobernador de Puebla hizo pública una ley diferente a la aprobada donde daba luz verde al uso de armas de fuego contra la población civil. Aunque la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala a la policía de Puebla como responsable del homicidio, excluye de alguna imputación al gobernador pues este además de dar la autorización al operativo, no tenía la facultad para modificar una ley, sentenció Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proh, a Desinformémonos.

En el mes de octubre seis hombres vestidos de negro irrumpieron de manera violenta en la vivienda de Petra López, habitante del pueblo, y sin mostrar alguna identificación se llevaron a su esposo, creyendo ella que lo habían secuestrado. Seis horas después le informaron que lo habían aprehendido a él y a otras cuatro personas, acusándolos de tentativa de homicidio contra más de 40 uniformados, intento de secuestro, motín, y ataques a la vía pública.

Además de las detenciones, regularmente la policía municipal hace operaciones de forma violenta, rompen ventanas, puertas de las viviendas, agreden a mujeres, personas adultas y niños, denuncia Araceli Bautista, quien esa noche fue encañonada por la policía.

Los pobladores de Chalchihuapan exigen que se encarcelen a los responsables, empezando por el mismo gobernador de Puebla y los policías que participaron en el desalojo de la carretera del pasado mes de julio, pues tan sólo se amonestó y multó a Fausto Rosas, policía responsable del operativo.

Con información de Animal Político