Ciudad de México | Desinformémonos. Un juez local de Mexicali, Baja California, ordenó la liberación de los 13 manifestantes detenidos en el violento desalojo a las puertas del palacio municipal del pasado lunes, luego de permanecer más de 12 horas seguidas bajo arresto al ser acusados de “sedición” y “lesiones calificadas”.
Uno de los 13 integrantes del movimiento Mexicali Resiste pago una multa de 3 mil pesos para conseguir su libertad, informó el abogado Cuauhtémoc Castilla, quien aseguró que ninguno de los manifestantes cometió actos violentos durante la protesta contra el alza al impuesto predial y la privatización del agua.
El lunes, el movimiento Mexicali Resiste publicó las imágenes del traslado de algunos de los detenidos en un vehículo de la policía municipal a una comandancia. Varios de los manifestantes aseguraron que los oficiales los golpearon y que “exageradamente fue la represión”.
“Vamos a demostrar que unidos somos la fuerza, somos libres porque no nos callamos”, dijo uno de los detenidos.
Los integrantes del movimiento que fueron privados de su libertad acusaron al presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, de las detenciones y lo responsabilizaron de cualquier agresión de la que fueron objeto.
Al momento de su detención, no se les dijo cuáles eran las causas de su detención, hasta varias horas después. Originalmente, iban a ser acusados de sabotaje y motín.
Los nombres de los manifestantes son Arturo Ramírez, Francisco Javier Pérez, Benjamín Zavala Méndez, Filiberto Sánchez, Jorge Hugo Bravo, Jorge Benítez López, Ignacio Gastélum Ruiz, Santa Cecilia Hernández, Mario Sotelo, María Guadalupe Mora Quiñones, Verónica Jiménez Orta y Jorge Hugo Brambila Valdés.
Varias organizaciones de Baja California rechazaron la represión de la policía, pues aseguraron que «el pueblo de Baja California se manifiesta a través de los movimientos, ante la falta de sensibilidad y capacidad de los tres niveles de gobierno para atender sus demandas y necesidades reales».
«Manifestamos nuestro repudio a la represión de los diferentes niveles de gobierno, por la violencia ejercida el día de hoy (13 de febrero) en la capital del estado, rechazamos tajantemente cualquier intento de criminalizar la protesta social, como es el caso de Mexicali, quienes mantienen plantones en las afueras de la Casa Municipal, el Ejecutivo y el Congreso del Estado», indicaron.
Por ello, exigieron el cese de cualquier tipo de intimidación, provocación o hostigamiento de parte de las autoridades hacia los manifestantes y el castigo para los responsables de las agresiones.
