Ciudad de México | Desinformémonos. En el primer año de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se han tenido “mínimos avances en búsquedas e investigaciones, retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia Ley marca y, peor aún, el hecho de que siguen sucediendo tanto desapariciones forzadas como por particulares”, señaló el representante en México la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.

Expresó que si bien se han registrado avances en la creación de las instituciones previstas en la Ley General tanto a nivel federal como el algunos estados, “su eficacia es aún limitada”.

“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar”, indicó Jarab, quien aseguró que es necesario que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato Estatal. “Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, aseguró.

Desde 2007 se han registrado decenas de miles de casos de desaparición forzada en México “en el contexto de la estrategia de combate al crimen organizado seguida durante los últimos años”, recordó Jarab.

A finales de diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció que México fue encontrado internacionalmente culpable por la desaparición forzada de tres personas en 2009 a manos de las fuerzas armadas. Las víctimas fueron Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes.

Jarab explicó que si bien el país ya recibió una sentencia por parte de la Corte, aún es necesario “que se adopten medidas efectivas para garantizar la seguridad para todas las personas y evitar que graves violaciones de derechos humanos, como las desapariciones, sigan sucediendo”.