Irlanda tiene una de las legislaciones sobre aborto más restrictivas del mundo. Su Constitución sólo permite a mujeres y niñas acceder a éste, si su vida corre peligro. En todos los demás casos, el aborto es un delito que se castiga hasta con 14 años de prisión.
Cada año, alrededor de 4 mil mujeres y niñas salen del país con rumbo a Reino Unido para poder acceder a los servicios de aborto. Con ello, muchas de ellas ponen en riesgo su salud, además de sentirse como si fueran delincuentes.
Al negar el aborto en caso de violación, incesto, riesgo para la salud o malformación severa y mortal del feto, Irlanda viola los derechos humanos de mujeres y niñas.
Su legislación es la materia es tan rígida que también criminaliza a los profesionales de la salud que intenten apoyar a mujeres y niñas, al remitirlas a servicios de aborto en el extranjero. Les impone multas de hasta 4 mil euros.
Aunado a ello, la octava enmienda a la Constitución Irlandesa, que data de 1983, protege el derecho a la vida del feto y lo equipara al derecho a la vida de la mujer.
Amnistía Internacional promueve una campaña de firmas dirigida a Taoiseach, primer Ministro de Irlanda (https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/she-is-not-a-criminal-tell-ireland-to-change-its-abortion-law/). Lo insta a reformar la legislación sobre aborto vigente en este país y, así, se deje de tratar a las mujeres y niñas como delincuentes.
Las peticiones concretas son: derogar la octava enmienda del artículo 40.3.3 de la Constitución Irlandesa; despenalizar el aborto; derogar la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo, de 2013, y sustituirla por una que garantice el acceso legal y sin riesgo al aborto, como mínimo en casos de violación, incesto, riesgo para la salud o malformación fetal severa y mortal; y revocar la Ley de Regulación de la Información de 1995 (Servicios fuera del Estado para la Terminación del Embarazo) y toda legislación conexa sobre censura.
