Foto: Cuartoscuro

Contrario a las versiones oficiales, el 19 de junio de 2016 durante el ‘Operativo Oaxaca’, se desplegaron 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Federal (PF) y la División de Gendarmería a petición del gobernador Gabino Cué Monteagudo, que pretendía disolver un bloqueo magisterial en la carretera que conecta la Ciudad de México con Oaxaca. Horas más tarde, se sumaron otros 321 elementos de refuerzo, entre ellos 32 elementos con equipo táctico compuesto con armas cortas y largas.

El operativo tuvo además, una cobertura aérea donde fueron usados al menos, dos helicópteros que indistintamente trasladaron algunos elementos heridos y fueron usados para la ‘disuasión’ de las personas atrincheradas en la carretera. El objetivo no era, evidentemente, desalojar un bloqueo sino realizar una agresión directa y dolorosa en contra de la población, quienes ante la represión, acudieron al llamado del magisterio para repeler las agresiones de los cuerpos policiacos.

El brutal ataque dejó un saldo de ocho personas muertas, siete de estas en Nochixtlán y una más en el Crucero de Viguera, las cuales fueron ejecutadas por arma de fuego y explosiones. La lista de heridos es incierta. Las organizaciones que entonces participamos en la documentación del ‘Operativo Oaxaca, 19 de junio. Informe de violaciones a derechos humanos’, registramos la atención de al menos 137 personas en diversos servicios médicos públicos y privados de Nochixtlán, entre ellas 33 niñas y niños. Las lesiones más comunes fueron heridas de arma de fuego, quemaduras, golpes e intoxicaciones.

Al final de día habían sido detenidas 27 personas. Un grupo de 18 personas fueron aprehendidos mientras se encontraban en el panteón de Nochixtlán cuando ocurrió el ataque. Antes de la presentación fueron secuestrados y sometidos a diversas torturas, maltratos y vejaciones, para finalmente ser acusados de lesiones, tentativa de homicidio, y ataques a las vías de comunicación bajo el argumento oficial de haberlos detenido “en flagrancia”.

A cuatro años del operativo fallido, los hechos de violencia perpetrados por el entonces gobierno de Gabino Cué siguen manteniendo graves secuelas físicas, psicológicas, emocionales y sociales en las poblaciones afectadas y la reparación de los daños a víctimas y familiares continúan sin atenderse.

Es importante mencionar que, en general, la mayoría de personas afectadas por los hechos del 19 de junio no pertenecen al magisterio, sino que son padres y madres de familia solidarias que acudieron ante los llamados de socorro. Un porcentaje importante no estaba politizado ni tenía una postura definida sobre la Reforma Educativa, lo cual ha generado que el impacto a nivel social sea aún mayor generando enojo, impotencia y desconfianza crecientes entre la gente.

Además del proceso de duelo que sigue a toda agresión o muerte, las familias de las víctimas de tortura enfrentan otros impactos derivados de la criminalización y las difamaciones que se han vertido sobre sus familiares en ciertos medios de comunicación o desde las autoridades. Entre los heridos hay personas que se han tenido que someter a varias cirugías y otras que todavía tienen balas alojadas en diversas partes de su cuerpo. Algunas personas van a necesitar tratamiento psicológico especializado durante el resto de sus vidas. Los trastornos del sueño, alimentación, la preocupación y el miedo constante son secuelas que aún hoy, son difíciles de medir a largo plazo.

En Código DH, a cuatro largos y dolorosos años de lo ocurrido, demandamos una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para que se deslinden responsabilidades de los servidores públicos involucrados en las violaciones graves a los derechos humanos, sean por acción u omisión, basadas en servicios periciales independientes e incorporando en la investigación todos los delitos y violaciones a derechos toda vez que continúan teniendo una encomienda pública de la cual deben rendir cuentas ante la sociedad oaxaqueña.

Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno establezcan un diálogo serio y con respeto a la dignidad de las personas con las víctimas y la población afectada de Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera para decidir cuáles medidas de reparación concretas son necesarias en cada caso, se reconozca oficialmente las violaciones de derechos humanos y se ofrezca una disculpa pública por parte de las autoridades responsables.

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2016-Info_nochix2016_2aEdicion

Publicado originalmente en Código DH