Guerrero, México. Incumplidos todos los acuerdos que el gobierno estatal firmó con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP), los comuneros opositores a la presa La Parota esperan el siguiente golpe en su contra, ante las órdenes de aprehensión libradas contra sus integrantes y el relanzamiento de la obra hidroeléctrica.

Tras la llegada de Ángel Aguirre a la gubernatura del estado de Guerrero –que se anunció como un cambio, pues durante el periodo de Zeferino Torreblanca fueron reprimidos-, los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) buscaron, por medio de la intervención del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, el acercamiento con el ejecutivo estatal para establecer una relación de paz.

En el proceso de diálogo, el gobernador Aguirre se comprometió a visitar al CECOP en la céntrica comunidad de Agua Caliente, una de las principales comunidades para el Consejo.

El 7 de mayo del año 2011, fecha programada para la reunión, Ángel Aguirre llegó a Agua Caliente, donde fue recibido por más de 2 mil miembros del CECOP. En la reunión se le dio a conocer el sentir de las personas que rechazan la construcción de una hidroeléctrica en el río Papagayo. También se le entregó la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario número 41, con sede en Acapulco, en la cual el Consejo demandó la nulidad  de la última asamblea llevada a cabo en el sexenio del Zeferino Torreblanca,  con fecha del 28 de abril del 2010. Además, se le proporcionaron al gobernador los  Acuerdos de Cacahuatepec.

Los Acuerdos de Cacahuatepec están conformados por cinco puntos. El primero solicita que el gobernador respalde las gestiones del CECOP ante el presidente de la República, a quien demanda la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.

El segundo punto pide que el gobernador ratifique su declaración pública de que respetará la resolución del Tribunal Unitario Agrario número 41, que anula la asamblea del 28 de abril del 2010. El tercer punto exige que el gobernador refrende su compromiso -expresado también públicamente- de que no impulsará otra asamblea agraria contra la voluntad de los comuneros y ejidatarios.

Como cuarto punto, el gobierno del estado se debe comprometer a no utilizar la fuerza pública en contra del movimiento opositor a la presa ni de ningún otro movimiento social, y a no criminalizar a ningún movimiento en el estado, ya sea campesino, indígena, estudiantil, magisterial, social o popular. Y como último punto, el CECOP se compromete a impulsar un diálogo fraterno en Cacahuatepec con el fin de reconstruir el tejido social destruido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El gobernador se rehusó a firmar los acuerdos con el argumento de que un gobierno responsable debe revisar bien el contenido y que todo esté de acuerdo con la ley.

Siete meses después de la reunión, el 12 de diciembre de 2012, el Gobernador ordenó un violento desalojo contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que dejó como saldo dos estudiantes muertos a balazos por parte de las fuerzas federales y decenas de heridos y detenidos. Al día siguiente, cientos de organizaciones sociales estatales y nacionales condenaron la represión y miles salieron a las calles para pedir la destitución de Ángel Aguirre.

Tras la presión, Aguirre buscó a los representantes del CECOP para anunciarles su disposición de firmar los Acuerdos de Cacahuatepec el 14 de diciembre, dos días después de que su gobierno le diera muerte a los jóvenes. Los integrantes del CECOP rechazaron la propuesta y siguieron acompañando la demanda de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Tuvieron que pasar un año cuatro meses para que Ángel Aguirre firmara los Acuerdos de Cacahuatepec, en las oficinas de la Promotora Turística (PROTUR). Ninguno de ellos fue cumplido.

Contrario al primer punto –que el gobierno del estado respaldará al CECOP ante el ejecutivo federal para pedir la cancelación definitiva de la presa-, Ángel Aguirre celebra los 30 mil millones de pesos destinados a la supuesta reconstrucción del estado, que irán a la edificación de una hidroeléctrica en el río Papagayo, en alusión a La Parota.

El compromiso segundo –respetar la anulación de la asamblea del 28 de abril de 2010 y no promocionar la presa- está a medias, pues Aguirre reconoce la anulación pero interviene en las recientes asambleas para elegir comisariado, en su afán por impulsar el proyecto.

En complicidad,  la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno del estado trataron de sacar adelante tres asambleas para imponer al presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que violenta el acuerdo número tres. Dichas asambleas fueron  suspendidas por los habitantes de la zona, ya que la convocatoria no se publicó a tiempo ni en todos los pueblos, y sobre todo no tomó en cuenta a todos los habitantes.

En el punto cuarto, que llama a reconstruir el tejido social dañado por la Comisión Federal de Electricidad, sólo el CECOP ha cumplido, como se demuestra en la ayuda que prestó a los damnificados por el huracán Manuel, fueran sus integrantes o no. El gobierno no interviene.

El último acuerdo, por el que el gobierno estatal se comprometió a no reprimir a los movimientos, incluyendo al CECOP, es quizá el más incumplido. En lo que va de la administración de Ángel Aguirre,  se cuentan dos estudiantes y trece integrantes de organizaciones sociales asesinados, dos ecologistas y un periodista desaparecidos, y 40 policías comunitarios  y cuatro de sus líderes detenidos.

Los integrantes del CECOP se preguntan cuándo les tocará el turno. Por lo pronto, ya tienen en su contra cuatro órdenes de aprehensión contra igual número de sus militantes.