Ciudad de México | Desinformémonos. «Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad», aseguraron centros y organizaciones de derechos humanos, ante la consulta popular del próximo 1 de agosto para la creación de una comisión de verdad y justicia para víctimas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) señalaron que «el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», así como que la actual administración no ha tomado «decisiones contundentes» para atender la «seria» crisis de justicia en México.

Reconocieron que si bien las consultas ciudadanas son un ejercicio democrático, «los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan», sino que todas tienen el derecho de acceder a la verdad y a la justicia «que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión».

Por ello, señalaron que independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México, exigirán e impulsarán la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición «de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».

El Frayba y el Centro Fray Juan también repudiaron los mensajes que miembros de algunos partidos políticos y otros grupos sociales enviaron a la sociedad para no participar en la jornada del 1 de agosto, y aseguraron que se trata de una respuesta a «que el ejercicio del derecho a la consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos».

Finalmente, hicieron un llamado a continuar con acciones organizadas «ante la indiferencia gubernamental por las masacres» a los pueblos, así como a manifestarse contra la impunidad y acompañar a las personas y pueblos víctimas de violaciones a sus derechos.

A continuación el comunicado completo:

Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.

Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.

Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:

Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.

En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.

Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.

Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.

De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.

Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.

Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:

Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.

Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.

Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:

• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.

• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.

Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.

Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.

¡No están solas, no están solos!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México