México. La reforma energética, que modificará los artículos 27 y 28 de la Constitución, es apenas la punta del iceberg privatizador “de lo más valioso que tenemos” los mexicanos, la transformación industrial petrolera y lo que queda de la Comisión Federal de Electricidad, afirma el ingeniero Heberto Barrios, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía.

Además de que se abre el paso a las concesiones petroleras en el futuro, las consecuencias a corto plazo será el pago de mayores impuestos y la generalización del IVA a medicinas y alimentos, y “a continuar con los gasolinazos y las tarifas de electricidad caras, porque lo que dejará de percibir el Estado –gran parte de la renta petrolera y eléctrica- lo tendremos que pagar nosotros”, predice Barrios.

El sindicalista petrolero Eduardo Gómez-Caña indica que, sin duda, la mayor afectación de la reforma es la entrega de la soberanía nacional, que va desde lo laboral hasta los recursos que son de la nación y sirven para sostener gran parte del país. La paraestatal Petróleos Mexicanos debe modernizarse, afirma el sindicalista, pero no con inversión privada, sino renacionalizando a la empresa y volviendo a una sola cadena de producción.

Regalo a la inversión privada

Barrios, especialista en el tema energético, detalla que las reformas constitucionales propuestas son generales y abren el sector a los que el gobierno federal llama contratos de utilidad compartida, que en realidad son contratos de ganancias compartidas. A partir de esta reforma, considera Barrios, más adelante se avanzará más allá, hacia las concesiones, que es lo que demandan las transnacionales como Exxon.

Con el esquema propuesto por la reforma del ejecutivo, las empresas privadas se contratan para hacer exploración y producción, y a la hora de producir se quedan un porcentaje (que en teoría es 40 por ciento para empresa y 60 por ciento para el Estado), informa Barrios. Pero en realidad, prácticamente no arriesgan nada pues Pemex ya tiene hecha la exploración y les proporcionará la información. “Van casi a la segura”, apunta.

La Unión Nacional De Técnicos y Profesionistas Petroleros  (UNTyPP) resalta en el estudio “Pemex no requiere inversión privada”, que la energía es estratégica para cualquier país. Como ejemplo, apunta que en el 2005 la petrolera estatal de la República China pretendió comprar el grupo petrolero estadounidense UNOCAL; en respuesta, el senado norteamericano impidió la transacción, mediante una resolución que señaló categóricamente que “el petróleo y el gas son activos estratégicos, y la compra de UNOCAL por parte de la firma estatal China amenazaría con perjudicar la seguridad de Estados Unidos».

De acuerdo con un sondeo aplicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 55 por ciento de los mexicanos rechaza la participación de la inversión extranjera o privada en la paraestatal Petróleos Mexicanos. La UNTyPP señala que el argumento de que Pemex necesita inversión privada para modernizarse es una mentira, pues “privatizar no es solo vender los fierros, es también pasar a manos de privados -empresarios- las actividades, que de acuerdo a la Constitución, son exclusivas del Estado”.

Lo que es más grave en la reforma, en este sentido, es que “en la refinación, el transporte, la distribución y la comercialización habrá apertura total e indiscriminada”, y ya se habla de la posibilidad de que vengan empresas extranjeras –como Exxon y British Petroleum- a establecer gasolineras, describe Barrios.

 “No se atrevieron, como les pidieron los organismos internacionales, a llegar al régimen de concesiones”, valora el especialista. Contrario a los anuncios de la presidencia de la república de que el petróleo sigue siendo mexicano, Barrios aclara que será así mientras esté en el pozo, pero una vez fuera ya no lo será. La petroquímica ya no se considera área estratégica y será privada y extranjera, agrega.

“Quizá respeten su palabra de no entrar a las concesiones el primer año, pero si les va bien en las elecciones intermedias, dirán que lo que conviene es la concesión. La puerta ya está abierta”, describe el estudioso.

La reforma no se limita al sector petrolero. Abre también la generación en el sector eléctrico a las empresas privadas u extranjeras, y el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reduce a “nada más utilizar su infraestructura de transmisión y distribución, sujeta a un régimen de contratista”, detalla el investigador. Se trata, evalúa, de un subsidio que dará la CFE a los privados “con base en nuestro impuestos”.

La reforma energética significará para los trabajadores de Pemex la modificación de la mayoría de las actividades y el desplazamiento forzado en la mano de obra de los empleados por empresas privadas, indica el sindicalista Gómez Caña.

Los dineros de arriba y abajo

En un mensaje difundido por las redes sociales, el político Andrés Manuel López Obrador argumentó que con la reforma energética se deberán aumentar los impuestos para tapar el hoyo que dejará la privatización de Pemex, puesto que la petrolera aporta de 35 a 40 por ciento del presupuesto público. Barrios coincide: “Si los contratos dicen que el 60 por ciento de las ganancias va al Estado, dejaremos de percibir 40 dólares de cada 100 que se ganaban”.

La propaganda gubernamental de que se generarán empleos y se abaratarán los costos de la energía “es puro dogma de fe neoliberal”, puntualiza Barrios. “Supuestamente si entran varios competidores y empresas en un mercado perfecto, deben bajar los precios, pero eso en la historia nunca sucede, y menos en las cuestiones  de privatización y en el sector energético, donde las empresas tiendeen a formar oligopolios».

El integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía ejemplifica que en Estados Unidos, acaban de multar a la empresa GP Morgan por manipular los precios de la electricidad en el país norteamericano para subirlos. Aunque en México se tienen los costos de producción de energía de los más bajos del mundo –debajo de siete dólares, mientras que a Exxon Mobil le cuesta 20-, eso no beneficia a la población porque es la Secretaría de Hacienda quien fija los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad, y eso no cambiará, considera.

En 2011, la paraestatal mexicana tuvo ingresos por ventas totales de 1 billón 478 mil 562.3 millones de pesos. Quitando todos los costos, tuvo rendimientos de 817 mil 926.7 millones de pesos, pero la Secretaría de Hacienda le quitó 872 mil 395.2 millones de pesos. En consecuencia, la paraestatal debió pedir un préstamo por 54 mil 468.5 millones de pesos para su funcionamiento. La UNTyPP remarca que cada año sucede lo mismo: a Pemex se le cobran más del 60 por ciento de impuestos de sus ingresos totales.

Eduardo Gómez-Caña Morales señala que es necesario reducir la carga fiscal de la paraestatal para obtener así un desarrollo sustentable. Aunque la reforma señala que se cambiará el régimen fiscal de Pemex, lo propuesta verdadera irá en la reforma fiscal y en las leyes secundarias, apunta Barrios. “El diablo está en los detalles; ya veremos en las leyes secundarios, porque ahorita es algo muy general”, predice el investigador.

Alternativas

El sindicalista Gómez-Caña afirma que Pemex debe regresar a ser una sola cadena de producción, evitar los precios de transferencia y dejar de quemar gas, así como dejar de inyectar nitrógeno en pozos. Barrios coindice con la medida: “Lo que se necesita es voluntad política de combate a la corrupción y que haya un Pemex único, donde se integren todas las áreas industriales para acabar con los precios de transferencia –donde una subsidiaria le compra a otra a precios internacionales”, detalla. “Se debe acabar con los contratos incentivados, que lo que hacen es compartir la renta petrolera y son anticonstitucionales”.

Gómez-Caña agrega que se necesitan más refinerías, ya que Estados Unidos tiene 144 y Japón cerca de 50, mientras en México sólo son seis las que operan a un 80 por ciento de su capacidad. Esta industria, indica al sindicalista, se debe renacionalizar y se debe buscar su modernización que no recaiga en el capital extranjero ni en el privado, sino en el mismo Estado.

“No se debe permitir esta modificación a los artículos importantísimos e históricos de la Constitución”, finaliza Heberto Barrios.

Publicado el 19 de agosto de 2013