Parte I. El shock antieólico.
Oaxaca. En Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, un policía estatal agoniza en estado de coma en el hospital, como resultado del enfrentamiento del 26 de marzo entre policías y habitantes que se oponen a los proyectos eólicos.
El hecho tuvo lugar en la barricada de la Séptima Sección, que se levantó a finales de febrero en un sitio estratégico para evitar el acceso de maquinaria y vehículos a los terrenos rentados por la transnacional Unión Fenosa para el establecimiento del Parque Eólico Bi Yoxho.
El gobierno del estado y los medios de comunicación incondicionales a él propalan la falsa noticia de que la presencia de la policía estatal en la Séptima obedece a la necesidad de recuperar la maquinaria y el equipo de las empresas, secuestradas por los binnizá antieólicos que se manifiestan en el plantón-barricada-campamento.
Desde el 2 de noviembre de 2012 y hasta mediados de abril de 2013, ocurrieron al menos 3 enfrentamientos de gran calado entre policías estatales y los binnizá de Álvaro Obregón y de la Séptima Sección de Juchitán, barrios que se caracterizan por contar con un alto índice de población monolingüe en diidxazá, generalmente dedicada a la pesca, la caza, la leña, la agricultura y el pequeño comercio (sus productos son típicos en los mercados de alimentos de la región, en gran parte de pescados y mariscos). La gran lección mutua para moradores y policías es la constatación de la inutilidad de los esbirros del estado en funciones de salvaguarda de la comunidad y de los megaproyectos; según argumentan los diputados priistas, se trata de fallas en la estrategia de aplicación de toda la fuerza del Estado.
Al igual que en octubre de 2011, el estado y las empresas aprovechan el shock ocasionado por la represión. La multiplicación de su estrategia represiva a través de las órdenes de aprehensión genera un cierto nivel de desarticulación, desconcierto y marasmo al interior de las asambleas comunitarias de oposición al megaproyecto eólico.
Por su parte, las empresas -como Mareña Renovables, Unión Fenosa, EDF, Demex, entre otras- aprovechan el desconcierto para operar decenas de camiones y maquinaria que por distintos puntos de la región acceden al ecosistema lagunario y a los bosques de palmar y manglar.
Aliadas con los sindicatos de esquiroles de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), además de diputados, personeros y alcaldes priistas, las empresas están a punto de restablecer los parques eólicos en la zona comunal de conflicto entre San Mateo y Santa María, en la denominada barra de Santa Teresa. En alianza con supuestos pequeños propietarios de Unión Hidalgo, la empresa Demex, prestanombres de Preneal, avanza en la instalación de 40 molinos en la segunda etapa del proyecto en Unión Hidalgo, afectando ya de manera directa a la parte norte de El Palmar, importante reducto de la comunalidad agraria binnizá.
Entre los estertores del shock antieólico, algunos proponen, desde la semiclandestinidad, continuar con ensayos jurídicos como los amparos -que han demostrado suficiente inutilidad en este proceso de despojo, amén de las recientes reformas que cancelan de facto las suspensiones de los actos reclamados al tratarse de concesiones, como es el caso del corredor eólico. Otros apelan a la interlocución tras bambalinas con un despabilado y desangelado Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, aunque desde el primer círculo del poder de arriba, Murat, Ulises Ruiz Ortiz y Sofía Castro se doblan a carcajadas por la inutilidad del gobierno del cambio encabezado por Gabino Cué. Ellos esperan sacar provecho de esta situación en la ya instalada coyuntura electoral, que sin embargo no prende aún en la entidad.
Pronto, Oaxaca y Guerrero amanecerán con un paro en todas sus escuelas, con un avance en una posible alianza con el movimiento social. Las empresas eólicas, por su parte, redoblan equipos y maquinaria en la zona, ante un posible escenario de rebelión que sólo los poderosos, reaccionarios y fascios regionales no desean.
Publicado el 22 de abril de 2013