Uruguay. Buena parte del territorio uruguayo recibió en los primeros 40 días del año, en promedio, el equivalente a lo que debería llover en cuatro meses, unos 400 milímetros contra una precipitación anual en torno a los mil 200.

Los resultados inmediatos y emergentes de esta problemática fueron suficientemente publicitados: evacuaciones en las periferias de algunas ciudades, destrucción de infraestructuras viales, anegamiento de cultivos y proliferación de enfermedades en los mismos, por ejemplo. Otros, menos evidentes en su inmediatez y efecto, se avecinan. Conocerlos ayuda a visibilizar la fragilidad de sectores de la ruralidad uruguaya, agudizada por la consolidación de un modelo de producción y una dinámica territorial que supedita la salud humana, los ecosistemas, el rol protector del Estado y la producción de alimentos al lucro empresarial. Y lo que resulta aún peor: es visualizado desde sectores de izquierda como sinónimo de “desarrollo”.

De bendición a calamidad

Lo que comenzó siendo, para los productores del principal rubro exportador nacional, la soja transgénica, una “bendición” –en palabras del propio titular de la Asociación Rural del Uruguay- se tornó un grave problema. Las extraordinarias y copiosas precipitaciones impidieron por varias semanas el acceso a las aplicaciones terrestres de agrotóxicos –insecticidas y herbicidas- a la mayoría de las chacras, ubicadas como mancha creciente prácticamente en todo el territorio nacional.

El resultado plausible es que, en la medida que las lluvias abran un paréntesis en los próximos días, se incrementarán las aplicaciones aéreas y terrestres a través de las pulverizadoras conocidas como “mosquitos”, con concentraciones de productos muy superiores a las utilizadas normalmente, debido a la “demora” y la posibilidad que las precipitaciones previstas para la segunda mitad de febrero “laven” los biocidas empleados.

En el departamento de Canelones, donde la presencia de la soja transgénica es cada vez más notoria y cercana a las decenas de centros urbanos –el departamento cuenta con 29 municipios, por ejemplo-, y cuyo territorio se encuentra protegido de aplicaciones aéreas debido a una ordenanza municipal (lograda a partir de la denuncia de vecinos productores familiares de la zona de Cuchilla de Rocha, en las proximidades de Sauce, en 2010), varias empresas agrícolas solicitaron a la comuna una “autorización especial” para aplicarlas con avionetas. Según fuentes de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC), el gobierno departamental aún no ha tomado definición al respecto, aunque algunos de los involucrados consideran que las empresas que se arriesgaron a cultivar el transgénico en tierras mayoritariamente arrendadas del departamento con mayor población rural del país, lo hicieron a sabiendas de la prohibición.

En enero de 2010, un inicio de año también lluvioso y por encima de lo normal (el registro del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, a través del su servicio GRAS, indica entre 75 y 150 milímetros acumulados en ese mes), Jorge Mérola, productor ganadero familiar en la zona de Villa del Carmen, sobre ruta 14 en el departamento de Durazno y su esposa, recibieron fuertes dosis de agrotóxicos a partir de fumigaciones aéreas en los campos de soja linderos al suyo. Así lo relata en propio productor en un trabajo audiovisual producido por Redes-Amigos de la Tierra Uruguay (“Efectos colaterales”, 2011). Como consecuencia de ello, su esposa contrajo lupus. En esa misma zona, este año, solo en enero se acumularon el doble de precipitaciones (siempre según INIA/GRAS). Este mero ejemplo, proyectado, esboza un panorama complejo para las poblaciones rurales que hoy viven literalmente a la vera de la soja en todo el territorio.

La proliferación de aplicaciones aéreas, sumado al incremento de las concentraciones de los productos aplicados, junto a la saturación de los suelos que aumenta el escurrimiento de los agrotóxicos hacia las corrientes de agua, prefiguran un serio panorama a mediano plazo para la salud pública, para lo cual el sistema sanitario ha demostrado no estar preparado ni alerta. Y, por extensión, habrá un deterioro en las condiciones de las cuencas hídricas que surten las redes de agua potable.

Las lluvias iniciadas en el traspaso de año desbordaron los cauces normales de las corrientes de agua, con lo cual la superficie total de espejos de agua sometidos a la incidencia directa de los agrotóxicos aumenta. Y esto sin hablar de la necesidad creciente de agrotóxicos para intentar “salvar” algo de la muy menguada producción de productos hortifrutícolas una vez que se normalice el clima y las familias productoras tengan claridad de la magnitud del desastre.

Antes de instalarse virtualmente el escenario para el cual el propio presidente José Mujica empleó el término “calamidad”, el efecto de los agrotóxicos en el deterioro de las cuencas hídricas se reflejó en el fenómeno que se conoce como “eutrofización”, la proliferación extrema de algas a partir de nutrientes anormalmente altos. Este proceso, ligado  directamente con el uso de fertilizantes agrícolas sintéticos para el monocultivo extensivo en las cuencas, tornó las aguas de varios ríos importantes del país en fuentes de cianobacterias, lo que deriva en la muerte de ganado vacuno y ovino.

Río Negro, Canelón Chico y Santa Lucía, además de los embalses de Baygorria y Rincón del Bonete, fueron algunos de los casos de cuencas en las que se denunció recientemente la muerte de animales de particulares e incluso de la Facultad de Agronomía de la UdelaR, en Paysandú.

La intensificación en la aplicación de venenos en las próximas semanas precederá, además, al inicio del año electivo público del país, previsto para el 10 de marzo. Ello, sumado al incumplimiento general de las distancias de retiro de los cultivos respecto a los edificios escolares, autoriza a pensar que los casos de fumigaciones sobre escuelas se sumarán como en los últimos años, de lo cual el archivo de información pública reciente ofrece varios ejemplos.

El eslabón más débil

Otra componente de los efectos de las lluvias tiene que ver con la endeble estructura de la producción familiar de alimentos básicos del país -aun cuando la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) declaró 2014 su Año Internacional.

Las producciones “a campo” –esto es, sin invernaderos- sufrieron daños, en algunos casos totales –hortalizas de hoja, de rápida recuperación sin embargo- o muy severos, como es el caso del tomate de mesa y morrón del sur del país sin protección, cuyo faltante se supliría con lo producido en el litoral norte (Salto), aunque recién a mediados de mayo y con un esperable aumento en su precio. Las hortalizas de conservación como zapallos, calabacines y cebollas tendrán una vida útil mucho más reducida y la fuente oficial del Mercado Modelo ya recomienda la importación.

Ya el 4 de febrero se liberó la importación de papa por parte de la Comisión Asesora del Mercado Interno, además de que se habilitó la importación de diez partidas de tomate de primera calidad. En general, el precio de importación se equipara con el precio mayor al momento del ingreso; nunca es inferior. En otras palabras: el ingreso de mercadería importada no reduce los precios, apenas si frena su escalada e históricamente es fuente de jugosos negocios para unas pocas empresas intermediarias.

La vendimia, sobre todo para el sector productor de materia prima, será muy difícil. El producido que los viticultores comercializaron colectivamente el año pasado no ha sido cobrado enteramente, la próxima cosecha no tiene precio de referencia y ya debería haberse iniciado, tempranamente, para evitar daños mayores por efecto del fulminante ataque de botrytis que deja prácticamente solo el escobajo en  la planta.

Los efectos de esa situación son tremendos para el eslabón más débil de la cadena viti-vinícola, y no menores para el conjunto de la producción hortifrutícola. La crisis, a solo un año del granizo que devastó buena parte del sur del país, tiene un claro y previsible efecto: la desaparición de unidades productivas y la concentración de producción y mercado mayorista intermediado. Y, claro, el aumento de la inflación impulsada por la canasta hortifrutícola, con pérdida de capacidad de compra del salario y de soberanía alimentaria.

Aunque desde 2008 existen mecanismos de emergencia legales, como la declaración de Catástrofe Climática –nacional o regional-, la situación que desnudaron estas lluvias merece un debate con miras más elevadas, aunque claramente sin dejar de atender lo urgente.

El escenario político del país, en la antesala de las elecciones nacionales y departamentales donde el arco de fuerzas progresistas se propone renovar la conducción del Estado nacional y varios departamentos clave, merece un debate en profundidad y con abundancia de datos y ejemplos de esta transformación territorial y social que impulsa el modelo productivo.

También, proyectar el impacto de estos cambios a la hora de sopesar proyectos como la minería de gran porte, la construcción de al menos dos nuevas represas en el centro del país o la aprobación de una nueva fábrica de procesamiento de celulosa en Cerro Largo, por ejemplo. Retomar, en última instancia, una discusión sin el velo falaz que equipara el agronegocio sojero-forestal o la hortifruticultura de exportación al desarrollo rural, como en el siglo XX el latifundio ganadero adquiría valor de “civilización”, en el territorio pastoril y vacío.

Para la izquierda, organizaciones y espacios de reflexión populares es, además de una necesidad inaplazable, la oportunidad de retomar la iniciativa en materia de debate y construcción crítica de la agenda de desarrollo rural y ambiental que la “lógica de la gestión” dejó en manos de la derecha, constituyendo quizá el peor error estratégico en los diez años de experiencia  de gobierno.

23 de febrero 2014