A 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, en los que el el Estado mexicano reconoce por vez primera los derechos colectivos de los pueblos originarios, el gobierno aún no los respeta, ni garantiza ni promueve, y por el contrario, los violenta de manera reiterada, indicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El objetivo del Estado es imponer sus políticas económicas para “avanzar” en un modelo que únicamente brinda beneficios a las grandes empresas nacionales y extranjeras, “en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país”, señala el Frayba en un comunicado.

“Las administraciones federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas, particularmente a la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio”, menciona el documento.

Entre los ejemplos de agresión contra los indígenas, se encuentra el pueblo nahua de Xochicuautla, Estado de México, el cual ha denunciado la devastación de su territorio por la amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan.

Además, las formas de gobierno que las comunidades han construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán en Michoacán, también han sido objetivos de las agresiones gubernamntales, tanto locales como estatales y federales.

Frayba reivindica el inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su sobrevivencia.

Hoy hace 20 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, periodo en el que los miembros del gobierno no han cumplido el convenio.