Respondiendo al llamado de los familiares de las víctimas, varios periodistas mexicanos de renombre se han conformado en una plataforma de seguimiento del caso de la Colonia Narvarte, ante la falta de avances de la investigación oficial llevada a cabo por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero sobre todo, ante las dificultades que la defensa de las víctimas ha tenido para acceder a los avances en la investigación oficial.

El Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y Artículo 19, la organización internacional de derechos humanos que trabaja en la defensa del derecho a la libertad de expresión, son las organizaciones que patrocinan la plataforma y que acercaron a los periodistas con las familias de las víctimas. Un mecanismo contra el olvido a cien días del multi-asesinato.

“Quienes conformamos esta Plataforma hemos decidido aceptar ambas solicitudes y constituirnos como una instancia civil e independiente de acompañamiento y observación del caso de la colonia Narvarte”.

El director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; los periodistas Carmen Aristegui, Blanche Petrich y Javier Garza trabajarán junto a los defensores de derechos humanos Miguel Álvarez, Catalina Botero y Juan Pablo Albán, encargados de llevar adelante este proyecto.

Una alianza entre defensores y periodistas de renombre, trayectoria y alto perfil que aportarán visibilidad y repercusión al caso y la investigación. Que intentarán ser monitores externos de la causa oficial que se abrió luego del multihomicidio ocurrido el 31 de julio pasado, en que fallecieron Ruben Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete. “El multihomicidio ocurrido hace 100 días no sólo fue brutal para las víctimas y sus familiares, sino también para los grupos de defensores de derechos humanos y de periodistas que considerábamos a la ciudad de México como un refugio en donde podíamos guarecernos de los actos de violencia y de persecución que son cotidianos en muchas partes de nuestro país”, afirmaron los integrantes de la plataforma en un comunicado emitido esta mañana, minutos antes de la conferencia de prensa en que se lanzó el proyecto.

Los primeros en tomar la palabra esta mañana fueron los familiares de las víctimas. “El gobierno capitalino litiga en los medios y no en los juzgados” sostuvo Patricia, hermana de Ruben. Mirtha Pérez, la mamá de Nadia, conmovida, sostuvo que “lo que nos pertenece nos lo han arrebatado”. Mientras que Freddy, hermano de Mile, bregó porque “pare la difamación a las víctimas”. “Queremos que haya justicia y respeten su memoria. Las autoridades la han presentado como una criminal”, agregó.

El papel de la plataforma no es convertirse en una instancia técnica, tampoco pretende suplir el papel de los actores involucrados en el caso. El objetivo, dijeron, es “fortalecer las acciones de los familiares y establecer un canal de comunicación con las autoridades con la finalidad de brindar una mirada externa a la investigación y procesamiento judicial que se sigue en este caso.”

Además de trabajar en pos de la verdad, que como en toda causa penal sus se van volviendo más finos a medida que el tiempo pasa, las organizaciones y los periodistas involucrados entienden que su tarea pasa también por acompañar a las familias de las víctimas en este doloroso camino. O como lo resumió Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista proceso, durante la conferencia de prensa esta mañana: “No están solos”, le dijo a los familiares de las víctimas.

La mediática Carmen Aristegui, indicó que “no cabe más la indiferencia”, la periodista que meses atrás sufrió la censura de su programa de radio, insistió en que el problema es que la gente voltee su mirada al otro lado: “el llamado es a la sociedad, para que no dejar que triunfe la indiferencia ante estos casos”, pero sabe – y sostuvo – que el reclamo principal es hacia las instancias oficiales de investigación, que son quienes tienen la responsabilidad política de actuar frente a un caso de tal envergadura, que sacudió al Distrito Federal y replicó en muestras de solidaridad en todo el mundo, que exigen básicamente lo mismo que expresa la periodista: “La exigencia clara al gobierno del DF es que actúen con la transparencia y la verdad necesarias para un caso como este”.

Los integrantes de la plataforma indican que a pesar de la importancia del caso y de las tres detenciones que se han hecho, aún no se ha develado el motivo del multi-homicidio. Tampoco se ha profundizado en la línea de investigación que “se relaciona con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos como posibles motivaciones del crimen”.

Esta hipótesis es fuerte dada las amenazas y hostigamientos que Nadia Vera y Rúben Espinosa, activista cultura y fotoperiodista respectivamente, habían sufrido en el estado de Veracruz, que ocasionaron su traslado al Distrito Federal.

Los abogados defensores de las víctimas y sus familias son David Peña y Leopoldo Maldonado, y en la conferencia aportaron detalles de cuáles han sido, y son, los puntos débiles de la investigación.

Por un lado, Peña sostuvo que hay cerca de 50 diligencias de investigación pendientes que la procuraduría del DF se ha negado a realizar. Tampoco se les ha dado acceso a testigos clave de la causa. Pero el peligro principal sobre el que alertan los abogados es que la Procuraduría pretende cerrar el caso y laudarlo con las tres personas que han sido detenidas hasta ahora. Sin embargo, alerta Maldonado, “hay una prueba de adn que no corresponde a ninguno de los detenidos ni a Ruben”, que es una de las puntas abiertas más fuertes de las que se tiene conocimiento.

Sin embargo, lo más doloroso, como lo manifestó el hermano de Mile, ha sido la falta de respeto con la que se ha tratado la memoria de las víctimas. “Nos han orillado a interponer juicios de amparo para defender los derechos de las víctimas” afirmó Maldonado.

El amparo al que refieren fue presentado en la tarde del jueves 5, y según reporta Animal Político que tuvo acceso al documento judicial, fue interpuesto ante la respuesta que la PGJDF dio al pedido de información sobre la causa de los abogados de la defensa, sosteniendo que “no considera necesario ni obligatorio” dar los informes por escrito que le fueron solicitados. Sobre el reclamo de las familias de las víctimas sobre los peritajes pendientes, la Procuraduría sostuvo que “si resultan viables, se harán cuando se considere oportuno”. El recurso de amparo entonces, – que se presenta frente a cualquier acto de autoridad que se entienda lesiona legítimos derechos – pretende levantar el cerco que la PGJDF intentó poner a los familiares de las víctimas, intentando obturar su participación en el avance de la investigación del caso.