En 1995 Arturo Campos, fue miembro clave de la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos -Tlapanecos (OIPMT), inició su trabajo como defensor de derechos humanos desde hace más de dos década, cuando denunció casos de esterilizaciones forzadas a hombres indígenas mé pháa y na savi por personal de Secretaría de Salud.
Continuó su trabajo como líder indígena y defensor de los derechos de los pueblos, y en 2002 denunció los impactos de la militarización en la región de Ayutla de los Libres, así como las torturas sexuales perpetradas por elementos del Ejército contra las indígenas mé pháá Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cuyos casos fueron llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con el movimiento ciudadano Avaaz, conformado por 44 millones de personas en 194 países, y acompañados de organizaciones nacionales de derechos humanos, lanzan una campaña exigiendo la libertad inmediata e incondicional de Arturo Campos, quien en un primer momento fue recluido en un penal de máxima seguridad.
“Te escribo desde la cárcel. Han pasado casi 1461 días desde que estoy preso injustificadamente. Soy indígena na savi, acusado de cargos falsos de secuestro, robo y delincuencia organizada, pero lo único que hice fue defender los derechos de los pueblos indígenas de Guerrero,” narra la carta en la que Arturo hace un llamado a la ciudadanía a movilizarse por su libertad.
La carta de Arturo y la petición dirigida al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos de Tlapa, Guerrero, donde aún sigue el proceso abierto, se encuentra en el linkwww.avaaz.org/ArturoCampos y ha juntado casi 30,000 firmas en menos de una semana.
“Al privar a Arturo de su libertad por 4 años, el Estado de Guerrero está enviando el mensaje de que el sistema de justicia se utiliza contra aquellos que denuncien violaciones a derechos humanos. Casi 30,000 mexicanos y mexicanas se unieron para pedirle al Juez Penal que lleva el caso de Arturo que demuestre lo contrario”, declaró Ana Sofía Suárez, Coordinadora de Campañas de Avaaz en América Latina.
“Arturo, es una de las voces silenciadas y perseguidas por las autoridades del Estado. Han criminalizado su lucha y por no alinearse a los intereses de los grupos políticos, le han dado trato de un delincuente sumamente peligroso por lo que el Juez tiene la oportunidad de resolver el caso conforme a derecho e imparcialidad.”, afirmó Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Se espera que el trabajo de defensa para el caso de Arturo, acompañado de la presión ciudadana, ayuden a la pronta liberación del líder indígena.
