Ser periodista en México es inseguro, mal pagado y menospreciado por gobiernos, empresas y sociedad civil. Nuestro país se encuentra en el lugar 143 de 148 países monitoreados por Reporteros sin Frontera (2021). A nivel Latinoamérica, es la cuarta nación más peligrosa para realizar quehaceres informativos.
En los últimos diez meses, 16 comunicadores han sido asesinados; ya son 156 en lo que va del siglo. El Estado no solo debe respetar la libertad de expresión, sino proveer de las condiciones necesarias para el goce pleno de este derecho. Como revela el estudio Comisiones de papel, elaborado por el colectivo Desde Provincia y presentado en la IBERO Puebla, los mecanismos para proteger a periodistas no solo son limitados, sino también ineficientes.
En 2012 se creó a nivel federal el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Con 1,667 personas inscritas hasta el momento, el instrumento no ha logrado dar respuesta a problemáticas que van desde las violencias estructurales hasta la precarización laboral y el condicionamiento de las líneas editoriales.
El estudio ofrece una cartografía nacional de las instancias responsables de brindar acompañamiento a periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentren en situaciones de riesgo. Luego de múltiples solicitudes de información, se encontró que 24 estados de la República cuentan con algún despacho para atender a comunicadores; en Puebla, hay tres.
Mientras que Aguascalientes y Querétaro no tienen instancias especializadas, Guerrero, Morelos y Sinaloa cuentan con oficinas que operan sin titular; se desconoce si el resto de las entidades tienen comisiones de protección. Además, los presupuestos asignados oscilan entre 100,000 y 20 millones de pesos.
Samantha Páez, coordinadora de Comisiones de papel, reprobó la opacidad con la que se maneja la información en torno a estos espacios, mismos que marginan el bienestar psicoemocional y se centran en la protección de la integridad física. “Es muy grave que las instancias no estén siendo transparentes, no tengan presupuesto y no estén rindiendo cuentas en todo el país”.
EL CASO POBLANO
En Puebla, la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas fue creada durante la gestión de Antonio Gali Fayad bajo condiciones discrecionales. Esa misma opacidad ha permanecido con Miguel Barbosa Huerta, especialmente en la elección de los consejos consultivos.
Comentó Mely Arellano de Desde Provincia: “Cuando se reporta algo en redes sociales, [la Dirección para la Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos] contesta que se dará seguimiento, pero no ocurre. El presupuesto se destina principalmente a la nómina”.
Del mismo modo, se tiene constancia de que la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la fiscalía estatal no cuenta con los recursos suficientes para ofrecer atención. Los tres mecanismos para Puebla no trascienden la retórica.
Entre los principales hallazgos de la investigación, Arellano destacó la indiferencia por parte del Estado mexicano a las agresiones contra la prensa. La insuficiencia de estrategias como botones de pánico y escoltas orillan al gremio a protegerse las espaldas entre sí en aspectos físicos, emocionales y económicos.
De manera paralela, las robustas órdenes de información de las mesas editoriales inhiben el papel del periodista como agente de protesta y como persona sensible expuesta a grandes desgastes psicoemocionales. Para la colaboradora de Lado B, el gremio debe contar con espacios para la capacitación y el descanso. “Es una utopía”, lamentó. “Lo que nos queda es cuidarnos entre nosotros”.
Con ese propósito fue creada la Red Periodistas de Puebla. Entre 2014 y 2022, el colectivo ha atendido 209 denuncias de agresiones. Intimidaciones, bloqueos informativos, agresiones físicas, desacreditación, ataques cibernéticos y detenciones arbitrarias son las violencias más recurrentes.
Patricia Méndez, colaboradora de la red, externó su preocupación ante la creciente presencia del crimen organizado como perpetrador de agresiones contra la prensa, misma que es más latente en municipios alejados que en las urbes. Aun así, Puebla capital es el municipio más peligroso para hacer periodismo; le siguen Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula y Huauchinango.
Las autoridades tienen un modus operandi específico: el acoso judicial y la estigmatización. “En cada mañanera [de Miguel Barbosa] hay un periodista que es mencionado. Eso va minando la credibilidad de la prensa”, denunció Itzia Miravete, coordinadora de Prevención en Artículo 19.
Para la experta, es necesario impulsar mecanismos de prevención a través de la revisión de leyes que vulneran a los periodistas, la capacitación de las autoridades correspondientes y la garantía de una reparación integral del daño. “Hemos abogado por generar una política pública más allá de los mecanismos que no se traduzca en más burocracia”.
Espacio OSC se ha encargado de monitorear el funcionamiento del mecanismo de protección de periodistas para garantizar que su aplicación conduce a cambios estructurales significativos. A casi 10 años de su conformación, el organismo ha encontrado que las comisiones y fiscalías tienen carencias evidentes en recursos humanos. Del mismo modo, se ha problematizado la violencia contra periodistas de manera inadecuada.
A decir de Mario Hurtado, colaborador del Observatorio, el problema de las normativas es que están sujetas a eventos coyunturales, no a fenómenos complejos. “Es muy normal que te encuentres con leyes inoperantes, ambiguas, poco claras… porque nunca se generó un enfoque diseñado para solventar un problema, sino para resolver una presión”. Uno de los principales retos, subrayó, se centra en que la ciudadanía se apropie del periodismo y lo defiendan como un bien público.
Revisa los hallazgos de Comisiones de papel.
Publicado originalmente en la IBERO Puebla
