Sin ir al fondo del asunto, los ministros de la SCJN, ordenaron el día de ayer 4 de noviembre,  mantener la suspensión de la siembra de soya transgénica en la selva maya de la Península de Yucatán hasta que se realice la consulta a las comunidades indígenas afectadas.

En un fallo que las comunidades del pueblo maya consideran “histórico”,  la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  “determinó por unanimidad, ratificar el sentido de los cinco amparos interpuestos por las comunidades del pueblo maya,  en contra del permiso concedido por la Senasica a la empresa Monsanto para cultivar soya transgénica en 254 mil hectáreas de la Península de Yucatán porque debe  consultarse previamente y de manera informada,  a las comunidades indígenas que han sido afectadas en los estados de Campeche, Yucatán,  Chiapas y la región de la Huasteca,  antes de dar una nueva autorización para la siembra de la soya transgénica.

Los ministros apuntaron que tanto la Constitución mexicana, como los Tratados internacionales firmados, señalan que se debe consultar a las comunidades indígenas cuando exista algún proyecto o plan que pueda afectar sus formas de vida y su cultura.  Sin embargo,  en la discusión del tema, no entraron al fondo del asunto,  ya que no analizaron el impacto que podría tener la siembra de la soya genéticamente modificada en las mismas. 

Los amparos contra el permiso otorgado a Monsanto se promovieron en las comunidades indígenas cuya actividad principal es la producción y recolección de miel, la que se ha visto directamente afectada por la siembra de la soya transgénica, ya que se contaminaron  los apiarios, principalmente con el herbicida conocido como glisofato, el cual es un producto determinado como altamente cancerígeno. 

En los apiarios trabajan más de quince mil familias.

El permiso otorgado a Monsanto  por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) omitió hacer caso a los principios precautorios ordenados por jueces federales en sentencias emitidas en el año 2014, los cuales fueron impugnados por Monsanto y por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),  por lo que los representantes de los pueblos mayas que se ampararon,  los colectivos que los apoyan y su equipo de abogados, decidieron llegar a la SCJN.

En un comunicado emitido por el equipo de abogados de los apicultores amparados contra la siembra de la soya transgénica, comentaron  “que esta decisión es un logro histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural de derecho en México, donde el derecho a la consulta debe garantizarse en cualquier medida legislativa y administrativa que pueda afectar de manera directa a los pueblos y comunidades. Por lo tanto, esta debe ser el mecanismo que posibilite la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad culturalmente diversa”.