Ante las detenciones de autoridades comunitarias de seis integrantes de la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero, la organización de justicia comunitaria decidió bloquear hoy las carreteras de Marquelia, Ayutla y Tixtla, exigiendo la libertad inmediata de los coordinadores regionales Raúl de Jesús Cabrera y Eliseo Villar Castillo; y de los policías comunitarios Iván López González, Leonel Vázquez leal, Israel Reyes Cruz, Fermín Raymundo Martínez.
Autoridades de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y del Paraíso, denunciaron la detención de sus compañeros por parte del Ejército y la Marina.
En un comunicado de hoy, la refieren que que cuatro de ellos tienen derecho a fianza y dos no la tienen. Le exigen al gobierno de Ángel Aguirre la libertad incondicional de los detenidos sin el pago de fianza y la entrega de armas y vehículos que son propiedad de las comunidades para el ejercicio de la seguridad, ya que, señalan, están amparados en la ley 701, en los acuerdos de San Andrés y en el convenio 69 de la OIT.
En días pasados, Eliseo Villar Castillo y Raúl Cabrera de Jesús, coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, anunciaron que el gobernador Ángel Aguirre instalaría la primera piedra para la construcción de la Casa de Justicia, hecho que motivó una fuerte discusión al interior de la organización. Sin embargo, hoy son justo estos dos representantes los que fueron aprendidos por el mismo gobierno.
La detención se llevó a cabo cuando Villar y Cabrera viajaban a Acapulco para realizar análisis clínicos a dos menores intoxicados con enervantes. Las autoridades comunitarias desde siempre han viajando para hacer este tipó de investigación fuera del territorio comunitario.
En un comunicado a los medios de comunicación, la Casa de Justicia de San Luis Acatlán señala que se informó a la Subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno de Guerrero, Rossana Mora Patiño, como lo establece el reglamento Interno y la Ley 701. Estamos viendo que fue claramente una trampa puesta por el gobierno del estado para oprimir a esta organización de los pueblos, señalan.
Valentín Hernández, asesor de la CRAC, señaló en entrevista con Desinformémonos que hoy se concentraron 300 elementos de la Policía Comunitaria, y que en Tixtla bloquearon la carretera; además de que en Ayutla se está convocando a las comunidades, todo para exigir la liberación de sus compañeros.
Para Hernández, ya se están aplicando el decreto del gobierno que fue rechazado por las comunidades, y se trata de dejar que los pueblos ejerzan la justicia en sus comunidades. Esto, agrega, como parte de una práctica del gobierno de Aguirre que habla, engaña, utiliza y encarcela. Ya lo vimos con los estudiantes de Ayotzinapa, y con los maestros.
El comunicado advierte que es clara la intención y objetivo de desarticular nuestra institución comunitaria, reprimiéndola, hostigándola, orillando a nuestros pueblos a asumir una posición defensiva. Se trata, indican, de desconocer el trabajo la policía comunitaria que en los últimos 17 años ha resuelto de manera eficaz el problema de la inseguridad y la justicia en la región de La Montaña y la Costa Chica.
La detención, señalan en el volante que se reparte en los bloqueos, es una represalia clara por nuestra participación en el movimiento popular de Guerrero y por el apoyo que hemos dado a la lucha magisterial. Valentín Hernández agrega: llama la atención que el gobierno esté jugando con la estabilidad en Guerrero. Este 11 de mayo tendremos una asamblea regional donde replantearemos nuevamente nuestra relación con el gobierno.
