Los balances de 2020 concluyen que México es el país más letal para periodistas en el mundo. Ya lo sabíamos, pero otra vez la noticia sacudió al mundo. Medios internacionales empezaron a llamarnos para preguntar qué pasa en México, y por qué tanta violencia contra periodistas. En realidad, la respuesta no es sencilla.

Primero, los datos: el informe de Reporteros Sin Fronteras registra ocho asesinatos en el año, la Federación Internacional de Periodistas notificó 14, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reportó 19 en su informe del 25 de noviembre, faltando dos más antes de terminar el año. La diferencia en los números depende de si se están contando homicidios con vínculo comprobado con el trabajo periodístico, o se trata del total de personas periodistas asesinadas. También se debe a la falta de investigaciones serias en estos crímenes, que vuelve muy difícil documentarlos de manera oficial. En muchos casos, las personas ya habían reportado amenazas y seis de los asesinados desde 2017, el año en que se creó el mecanismo de protección a periodistas, contaban con medidas protectoras. El número de agresiones también ha crecido, llegando a 1,052 en los últimos cinco años, según la Secretaría de Gobernación.

A pesar del revuelo internacional, de los años de movilizaciones por parte de periodistas y defensores de derechos humanos, de supuestos esfuerzos gubernamentales para proteger a periodistas y prevenir la violencia, la situación no solo no mejora, se pone peor. Artículo 19 documentó un incremento de 45% en los ataques a la prensa en el primer semestre de 2020, con relación a 2019. En medio de la pandemia, aunado al riesgo de contagio que ha cobrado la vida de un número desconocido de reporteras y reporteros, subió el riesgo de la violencia selectiva contra ellos.

El asesinato de una persona que trabaja en la comunicación es un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto es sabido y reconocido en el canon de los derechos humanos, pero vale la pena repetirlo porque —más allá de las organizaciones internacionales especializadas— siguen manejándolo como un homicidio, terrible en sí, pero sin mayores implicaciones para la sociedad. El gobierno federal no siempre atrae los casos locales, y aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión se encargara de un caso, en esta oficina las investigaciones parecen tan muertas como sus víctimas —su tasa de impunidad es mayor a 99%, es decir, mayor que la impunidad en general.

Aunque fueron mujeres el 13% de periodistas víctimas de asesinato en 2020, según Encinas, enfrentan amenazas y ataques de violencia de género, y más amenazas contra sus familias. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México reconoce a las periodistas como defensoras de derechos humanos. Por primera vez en su historia, los datos preliminares de 2020 (hasta el 31 de octubre) ubican a las periodistas como la categoría con más agresiones, con un registro de 532 ataques a 167 mujeres periodistas —casi la mitad de todas las agresiones reportadas contra defensoras en el país.

Son tres factores principales que explican la violencia contra periodistas en México actualmente. El primero es la violencia general. 2020 terminó con una tasa oficial de homicidios casi igual que en 2019, que fue un año récord. Disminuyó solo 0.4% —lejos de representar una tendencia a la baja, mientras los feminicidios subieron 0.3%. Son malos resultados para la nueva estrategia de “pacificación del país”, denominada y encabezada por la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

La frase suena rara en un pais que no ha tenido un conflicto abierto, y destaca un hallazgo principal del informe de RSF: la mayor parte de las muertes de periodistas en el mundo ahora se dan en paises que no están en guerra. Sin embargo, la guerra ya no tiene la misma cara de antes. Está en todas partes y en ninguna. El trabajo valiente de corresponsales de guerra que se acercaban a la linea de fuego con sus libretas y sus cámaras se ha convertido en una situación en que una periodista puede ser acribillada en su coche, llevando su hijo a la escuela, como en el caso de Miroslava Breach en 2017. El fuego enemigo puede ser del cártel o de la policia que se supone lo combate. Es la misma palabra escrita lo que te vuelve el blanco. Esta es una guerra de poderes en la sombra, y periodistas que intentan llevar la luz a esa oscuridad arriesgan la vida.

El tráfico de drogas al mercado de EEUU se ha convertido en una batalla permanente por control territorial, no solo de rutas sino de regiones enteras, gracias a la estrategia de Guerra contra las Drogas lanzada por Felipe Calderón y seguida hasta la fecha. Los militares y policias que encabezan la estrategia enfocada en golpes a capos, enfrentamientos y confiscación de drogas, perpetúan la violencia, corrupción y extorsión que vive México. Aunque se ha avanzado en estrategias paralelas, notablemente, programas sociales, combate a la corrupción y cortar el flujo de dinero al crimen organizado, si no cambia y se desmilitariza la estrategia de seguridad, la violencia seguirá reproduciéndose y la gente que lo informa seguirá pagando un precio muy alto.

El segundo factor es la falta de justicia. Cuando el 99% de los casos de ataques a periodistas no se logra llevar a la justicia, es una señal de luz verde para los asesinos. Aun cuando hay arrestos, en la mayoría de los casos son de los autores materiales y no los intelectuales. Una razón importante que explica la altísima impunidad es que muchos de los ataques vienen de servidores públicos —el 40%, según la SEGOB. La Red de Defensoras atribuye al gobierno más de la mitad de las agresiones. En muchos lugares es más peligroso informar sobre corrupción gubernamental que sobre crimen organizado, y muchas veces los dos están estrechamente vinculados. Investigar y enjuiciar los casos es una medida esencial para acabar con los ataques, lo cual dista mucho de ser realidad.

Finalmente, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un impacto negativo en el esfuerzo por reducir la violencia contra la prensa. En reiteradas ocasiones, ha acusado a la prensa crítica de ser chayoteros, ha reaccionado con agresiones verbales a preguntas incómodas y ha presentado a la prensa en general como enemiga de la transformación social. No hay transformación democrática sin información crítica, sin periodismo de investigación, sin debate —en suma, sin periodistas que puedan hacer su trabajo sin miedo. Revelar datos sobre la descomposición en los medios es una parte válida del combate a la corrupción, pero descalificar el trabajo periodístico pone en mayor peligro a hombres y mujeres que llevan a cabo la tarea de informar. Como en todos los defensores de derechos humanos, el reconocimiento público al valor de su trabajo es un elemento central para su protección.