Tormentas y esperanzas

Eduardo J. Almeida

¿La madre naturaleza injusta?

Cada vez que hay un terremoto, un huracán, inundaciones o cualquier otro evento natural con la fuerza suficiente como para devastar ciudades y poblados humanos gritamos ¡DESASTRE! e inmediatamente señalamos a la naturaleza como autora del crimen. Cuando vemos casas destruidas, comunidades aisladas, personas muertas o desaparecidas, como ocurre ahora en por lo menos 111 municipios de México en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí tras las lluvias torrenciales, es inevitable sentir que ha ocurrido una injusticia profunda, dolorosa. ¿Pero es que la madre naturaleza se volvió injusta?

Es bastante conocido el planteamiento de que los desastres son fenómenos sociales, no naturales, aunque sean provocados por fenómenos geológicos o meteorológicos. Es decir, si cae una lluvia torrencial en un territorio sin poblados humanos, no se habla de desastre, son los efectos en la población humana los que hacen que los consideremos como tales. Esto lleva a nuevos señalamientos, como que los culpables son quienes construyen sus casas en barrancas, a lado de ríos o en zonas más expuestas a los efectos de estos fenómenos. Esto lleva a otra pregunta ¿La gente que construye sus casas en esos lugares es suicida o por qué construye en lugares peligrosos?

Entre las personas que están sufriendo este desastre, algo en lo que una gran cantidad de testimonios coinciden es en que no hubo un alerta que les permitiera ponerse en un lugar seguro, rescatar algunas de sus pertenencias o que evitara muertes y desapariciones. Otra coincidencia en los testimonios es que la ayuda y los trabajos de rescate y reconstrucción han sido tardíos e insuficientes. En un país en el este tipo eventos meteorológicos son recurrentes, no había un protocolo o mecanismo de alerta temprana ni los recursos suficientes para atender a toda la población afectada. Y esto lleva a una tercer pregunta ¿Por que el Estado Mexicano no tiene o no activó protocolos o mecanismos de alerta temprana ni recursos para enfrentar la crisis humanitaria resultante?

El inicio de una respuesta puede ser una combinación de negligencia y corrupción, que no son ni han sido ajenas al funcionamiento cotidiano de la instituciones del Estado Mexicano. Que nadie sea capaz de sonar una alerta cuando entre las 3:00 y las 3:30 hrs un río sube de nivel de 4 a 7m y que un anciano tenga que enterarse que hay una inundación porque el agua está empezando a cubrir su cama significa que el Estado ha sido negligente, más allá de si un responsable se quedó dormido o no le dio importancia a ese incremento de nivel. El Estado Mexicano no le ha dado importancia a las inundaciones en ciudades pequeñas o comunidades rurales, como la que sí le ha dado a los mecanismos de alerta temprana ante sismos en la Ciudad de México.

La argumentación de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum para eliminar el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que representaba el 0.4% del presupuesto federal, fue y es precisamente la excesiva burocracia que se prestaba para desviar esos recursos en actos de corrupción. Sin embargo, los recursos siguen siendo distribuidos a través de los mismos canales burocráticos y clientelares. Aquí aparece una segunda característica de los “desastres naturales”, son momentos que presentan posibilidades y oportunidades. En México esas son aprovechadas para lucrar comercial o políticamente en lugar de para potenciar la organización social.

Cuando la catástrofe azota hay un periodo de shock en el que la población dañada, si no tiene sus propios mecanismos de respuesta, busca ayuda externa, en particular del Estado. Si esa ayuda no llega la necesidad y la capacidad de supervivencia colectiva detonan procesos de organización, como ocurrió en los sismos de la Ciudad de México y en incontables inundaciones y huracanes. Ese proceso organizativo genera una potencia que evidencia la ineficacia del Estado y pone en duda su necesidad. Parte de los planes militares de respuesta a desastres, como el DN-III en México, consiste en separar a hombres, mujeres y niñeces en albergues temporales y tomar en sus manos la gestión de la ayuda humanitaria. Esto no es sólo una cuestión de orden sino sobre todo de control. Lo que esto logra es entorpecer y burocratizar los procesos que podrían agilizar una reconstrucción autogestiva no solo material sino social. El elemento de shock en el desastre en lugar de detonar organización es canalizado hacia mantener a la población dañada como víctimas pasivas.

Del lado de la ayuda humanitaria ocurre algo similar, en lugar de facilitar el flujo, la burocratización y filtración del Estado limita las vías de entrada de esa ayuda. Así aparecen otros actores que capitalizan la situación. Los primeros son los actores empresariales, que convierten el dolor y la desgracia en una oportunidad publicitaria. La conmovedora foto de una comunidad rural recibiendo con ojos de esperanza una despensa claramente marcada con el logo de la Fundación Carlos Slim o cualquier otra resulta un material invaluable de publicidad que viene muy bien cuando otras ramas de esas mismas empresas son las que despojan y destruyen esas u otras comunidades rurales. En ese juego de imagen los políticos hacen lo suyo, asegurándose de obtener la foto de campaña perfecta que demuestre su compasión y fuerza ante la catástrofe. Incluso emerge un nuevo actor, los cárteles del narcotráfico, que al estilo de sus contrapartes empresariales legales, reparten despensas a las mimas personas que poco después pueden acabar en uno de sus centros de reclutamiento y tortura o en una de sus fosas clandestinas.

¿Por que no son prioritarios los mecanismos de alerta temprana o la gestión socialmente efectiva de la ayuda humanitaria? Porque el desastre es una maravillosa “ventana de oportunidad” para los expertos en lucrar con el dolor ajeno. Y eso sin siquiera hablar del jugoso negocio de la reconstrucción.

Ahora, ante la pregunta sobre el instinto suicida de quienes habitan en zonas de riesgo, la respuesta surge simplemente al ver a la mayoría de quienes resultan dañados por la catástrofe. Comunidades rurales, barrios marginados y algunas colonias de clase media suelen ser las afectadas, prácticamente ninguno podría ubicarse en el 1%. Una posible explicación de esto es que las zonas de riesgo son terrenos más baratos y la gente con menor capacidad de consumo se ve obligada a vivir en esos lugares. Otra explicación complementaria es que el dinero público se gasta con mayor holgura en proteger zonas que le resultan prioritarias al Estado o a quienes ejercen su poder. Zonas en las que, coincidentemente, viven poblaciones de clase alta. Una explicación complementaria más puede ser que tras el desastre las personas que ahí vivían son expulsadas por procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria que ven en esos espacios tierras brutalmente devaluadas que pueden convertirse en jugosos negocios, como ocurrió en el centro de la Ciudad de Puebla tras el terremoto de 2017.

¿Son entonces suicidas en potencia quienes viven en zonas de riesgo? Tal vez habría que mirar más los lugares en los que viven quienes rara vez son parte de las estadísticas del desastre y preguntarse no tanto sobre quienes están en el borde del abismo sino en quienes los empujaron hasta ahí, sobre las dinámicas capitalistas y coloniales que hacen que haya quienes parezcan inmunes al desastre y quienes son sus clientes regulares.

Cerremos con la pregunta sobre la intención injusta de la naturaleza. ¿Es la intención de la madre naturaleza que unos sufran por sus fenómenos y otros lucren con ellos? No es nuevo señalar el negacionismo sobre el cambio climático, promovido por la oximorónica derecha libertaria, como una intención de perpetuar procesos extractivos y destructivos a pesar de los evidentes efectos en el clima y en la salud del planeta. Hay también quienes reconocen el cambio climático y la crisis ambiental, pero señalan como responsables a quienes se tardan bañándose o a quienes cortan árboles para usar su leña para cocinar o calentarse, en lugar de señalar a las industrias que llenan los cielos de gases tóxicos y afectan sus corrientes naturales; secuestran y envenenan ríos y acuíferos; destrozan montañas enteras; devastan bosques y tantos otros crímenes ecocidas en nombre del desarrollo y el progreso. ¿La naturaleza tiene una intención injusta? En lo absoluto, la naturaleza simplemente se adapta, protege y responde ante esa patología planetaria conocida como capitalismo. Lo trágico de esta historia es que quienes sufren como consecuencia de esa respuesta inevitable son también víctimas de los verdaderos criminales.

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida tratan de acompañar y tejer caminos entre luchas. Son integrantes del Nodo de Derechos Humanos, del proyecto Etćetera Errante y Adherentes a la Sexta Delcaración de la Selva Lacandona.

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