La justicia ha condenado al gobierno francés por no garantizar unos derechos mínimos a los más de 6 mil migrantes y refugiados que viven en el campamento improvisado de Calais, conocido como La Jungla, según informa El Diario.

La denuncia fue realizada por parte de las organizaciones Médicos del Mundo y Cáritas en Francia, ante el tribunal administrativo de Lille, que ha estimado una actuación inmediata de las autoridades francesas para garantizar, entre otros derechos, su acceso al agua potable y a sanitarios.

Las dos organizaciones humanitarias incidían en «la violación permanente de las libertades fundamentales» de los habitantes de La Jungla, en concreto el derecho al asilo y a no sufrir un trato inhumano y degradante. En una denuncia de más de cien páginas las ONG exigían al tribunal de Lille que obligase a las autoridades galas a actuar de forma inmediata.

El asentamiento concentra a miles de personas que intentan llegar a Reino Unido, en este punto próximo a suelo británico. Aunque este punto es testigo de un flujo migratorio hacia Reino Unido desde 1999, la crisis humanitaria de los refugiados se ha dejado notar en las llegadas a este asentamiento. Si en verano la población era de unas 3 mil personas, según las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno, en la actualidad afirman que hay unos 6 mil migrantes y solicitantes de asilo.

Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), gran parte de los pobladores del campamento son de Sudán, Eritrea, Afganistán, Siria y Etiopía. Muchos, por tanto, huyen de zonas de conflicto y son potenciales refugiados.

En su intento de llegar a suelo británico, escondidos sobre todo en camiones y en trenes, han muerto 18 personas desde principios de junio, recoge el diario francés La Voix du Nord, varios de ellos menores de edad.

Actuación inmediata

El tribunal administrativo ha ordenado a la prefectura de Paso de Calais, la región norteña en la que se halla el asentamiento, el censo de los menores migrantes que se encuentran solos y en peligro en el campamento para proceder a su alojamientos. El plazo: las próximas 48 horas desde la notificación de la orden.

La justicia exige también, y esta vez en un plazo máximo de ocho días, la creación de diez puntos de agua potable, la disposición en la zona de 50 letrinas, la instalación de contenedores y la limpieza del lugar. Además, también ordena la creación de varios accesos al campamento para permitir el acceso de los servicios de emergencia y para evacuar la basura almacenada en los contenedores.

El ministro del interior francés, Bernard Cazeneuve, ha calificado el proceso de «injusto», en declaraciones que recoge France info. El político entiende que las medidas que deberán cumplir por mandato de la justicia ya iban a ser puestas en marcha. «Decidimos hacerlo antes de la demanda», ha afirmado.

Los jueces rechazaron, sin embargo, otras peticiones de las ONG, como la distribución de dos comidas diarias a cargo del Ayuntamiento de Calais o la confiscación de edificios vacíos para acoger a los inmigrantes.

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