Chiapas, México. Después de más de tres años de iniciada la defensa legal de las tierras ejidales de San Sebastián Bachajón, el Tercer Tribunal Colegiado tendrá la oportunidad de resolver el fondo del problema y pronunciarse sobre las alegadas violaciones a los derechos de los indígenas.

La vida de los pueblos y comunidades indígenas en México se encuentra cada vez más en riesgo de desaparecer, ante el avance de las reformas constitucionales y legislativas denominadas “estructurales” -que se encaminan hacia la apropiación ilegal de sus recursos naturales, vía la privatización o a través del despojo con uso de la fuerza.

Ante este panorama, algunos pueblos y comunidades indígenas emprenden acciones legales para defender sus derechos, por ejemplo: la tribu yaqui contra el Acueducto Independencia, y el pueblo ikoots de San Dionisio del Mar contra el mega proyecto eólico de la Barra Santa Teresa, entre otros. Los fallos judiciales (provisionales o definitivos) con efectos de protección a los territorios indígenas, no se logran materializar en la realidad de esas comunidades, por lo que el riesgo a su vida y territorio se mantiene vigente, lo que les demanda mayor organización y movilización política para evitar se concrete la violación a sus derechos.

Los ejidatarios tzeltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón, comenzaron la defensa jurídica de sus tierras en marzo de 2011, en contra del despojo violento de su territorio que inició el 2 de febrero de 2011 con la apropiación de una superficie de tierras de uso común del área, de dotación ejidal, que colinda con el poblado Agua Azul, municipio de Tumbalá, Chiapas, así como del banco de grava principal del ejido. Todo el despojo fue operado por el entonces secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, en coordinación con Leonardo Rafael Guirao Aguilar (presidente de la Fundación Chiapas Verde, A.C. y ahora presidente municipal de Chilón), con el ex comisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez y grupos oficialistas de la comunidad Xanil y Pamalha, ambas del municipio de Chilón.

A partir de marzo de 2011, los adherentes enfrentan una serie de decisiones judiciales arbitrarias que les deniegan la justicia y la protección de su territorio de manera pronta y eficaz; a pesar de estas violaciones graves a sus derechos y no obstante que en el ámbito legal prevalecen los prejuicios racistas y discriminatorios hacia los pueblos indígenas, mantiene la resistencia y optaron por impugnar las ilegales resoluciones del juez Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, y ventilar en la opinión pública la falta de ética de ciertos juzgadores federales que se hincan ante los intereses económicos y políticos.

Durante la tramitación del juicio de amparo 274/2011, en dos ocasiones el Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez advirtió violaciones al debido proceso legal cometidas por el Juez Séptimo de Distrito, ya que omitió hacer del conocimiento de la asamblea general de ejidatarios de San Sebastián Bachajón la existencia del juicio de amparo interpuesto por Mariano Moreno Guzmán, como representante sustituto en defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena tzeltal de Bachajón; sin embargo, ahora que la asamblea general ya se encuentra notificada del juicio y sin que se haya manifestado en contra de la existencia del amparo, el Tercer Tribunal Colegiado tendrá la oportunidad de resolver el asunto de fondo y pronunciarse sobre las alegadas violaciones a los derechos de los indígenas.

En distintos momentos, tanto el ex comisariado ejidal, Francisco Guzmán Jiménez, como el actual, Alejandro Moreno Gómez, pretendieron desistirse del juicio de amparo con la elaboración de actas de asamblea apócrifas, sin cubrir en lo más mínimo los requisitos de la Ley Agraria, firmadas exclusivamente por ellos y sin firma de ejidatarios, es por ello que no han logrado la conclusión definitiva del juicio a favor de los intereses políticos y económicos que protegen.

Los intereses que protegen los comisariados ejidales oficialistas es lo único que les permite ostentar el cargo, ya que ante la asamblea y el pueblo en general no cuentan con el respeto y dignidad que las autoridades comunitarias comúnmente gozan. En su imposición participó muy activamente la presidencia municipal de Chilón y la Procuraduría Agraria en Ocosingo, principalmente, con la finalidad de cubrir de cierta legalidad la “elección”. Actualmente, la designación de Alejandro Moreno Gómez y sus demás integrantes, se encuentra bajo escrutinio ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 en Comitán, con la demanda agraria de nulidad interpuesta por ejidatarios adherentes.

En la búsqueda de desempeñar correctamente su papel asignado, Alejandro Moreno Gómez no solamente colabora con las diferentes instancias de gobierno para que el despojo de las tierras de uso común y el banco de grava principal del ejido continúe, sino también se prepara para abrir el paso a la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, y al parecer está dispuesto a seguir contribuyendo con la parte que le corresponde para alimentar la ecuación de muerte e impunidad.

El autor es abogado defensor de derechos humanos

16 junio del 2014