La mayor parte del poder judicial en Nicaragua está a las órdenes del Ejecutivo. Los magistrados de manera abierta hablan del respaldo y cómo sujetan sus decisiones a criterios políticos.
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A inicios de octubre de 2020, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas, reconoció ante los diputados de la Asamblea Nacional que el poder judicial había preparado una ley que castiga las noticias falsas a petición del presidente Daniel Ortega.
El proyecto fue luego presentado por diputados del partido sandinista como si fuese de ellos. Poca sorpresa causó que fuera aprobado el 27 de octubre. Tanto magistrados como los legisladores del proyecto son miembros del partido de gobierno.
Ramos Vanegas, de 71 años, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 —casi la mitad de su vida— y preside la institución desde 2010 con el apoyo de Ortega. Ingresó a las filas de esa organización como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra Somoza.
Más de cuarenta años después, Ramos es la cabeza de un poder del Estado, integrado por militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a todos los niveles, incluyendo jueces que asisten a actividades políticas y tienen decoradas sus oficinas con imágenes partidarias.
La filiación partidista de la rama judicial es tal que el vicepresidente de la Corte Suprema, el magistrado Marvin Aguilar Garcia, fue sancionado por Estados Unidos en diciembre pasado, acusado de reportar a objetivos de la oposición para ser perseguidos, desde el cargo de Secretario Político Nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista que ejerce dentro la CSJ.
La influencia del FSLN supera al 70 por ciento de la estructura judicial en todo el país, según dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en 2014 al periódico digital Confidencial que “por muy independientes que (los jueces) quieran ser, si les hacen una llamada deben atenderla”. Eso significa que, si el más reciente dato oficial del personal judicial suma 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias.
El exmagistrado de apelaciones, José Antonio Barrientos Watson, confirmó en octubre pasado que el FSLN logró el control de manera paulatina.
“La independencia judicial no existe. En casos donde hay intereses políticos o personales de magistrados de la Corte, para fallar tenés que llamar al magistrado que atiende la zona para ver qué orienta”, explica Barrientos Watson, a quien despidieron “por conveniencia de la institución”.
Magistrados sandinistas atienden territorios
Según fuentes de este poder del Estado consultadas para esta investigación de CONNECTAS, los magistrados de la CSJ se dividen cada año el territorio por circunscripción y lo atienden políticamente. Ramos Vanegas vio Managua, capital de Nicaragua; Aguilar la circunscripción norte; la magistrada Juana Méndez la circunscripción occidental; el magistrado Armengol Cuadra Las Segovias; la magistrada Yadira Centeno la circunscripción oriental; la magistrada Ileana Pérez la circunscripción Sur; el magistrado Gerardo Arce la circunscripción Central y la magistrada Ellen Joy Lewis la circunscripción Caribe norte y sur. Todos son del partido de gobierno.
Las directrices a los jueces son delegadas a través del Consejo de Administración de la CSJ, encabezado por Ramos y Aguilar. Las otras órdenes son enviadas a través de los Consejos de Liderazgo Sandinista y la Juventud de ese mismo partido.
Un informe de inicios de diciembre pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló que al menos 1.614 personas fueron encarceladas desde abril de 2018, en procesos en los cuales hubo violaciones a las garantías y al derecho a la justicia.
Para Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos, “los jueces y magistrados son operadores políticos. Estamos viviendo una dictadura institucional”, concluye.
Pese a las críticas al poder judicial, no hizo ningún comentario, aunque CONNECTAS le hizo llegar una solicitud de entrevista al portavoz del poder judicial, Roberto Larios.
La influencia sandinista en las decisiones judiciales tiene un pasado de décadas. En 1999, cuando el caudillo sandinista, fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, la jueza Juana Méndez declaró prescrita la causa. A la vuelta de veinte años, ahora es magistrada por apoyo del FSLN, del cual es una orgullosa militante.
“Si el sandinismo no existiera, yo no fuera política. Pero mientras exista el sandinismo, yo voy a ser política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas”, clamó orgullosa la magistrada Méndez al diario oficialista Barricada.
La construcción del poder en los tribunales
Este poder lo fueron desde que Ortega dejó por primera vez el poder tras el fin de la revolución sandinista en 1990.
Méndez relató a la misma Barricada que fue el comandante Tomás Borge, uno de los fundadores del partido de gobierno, ya fallecido, quien tuvo a cargo la estrategia de orientar que los exfuncionarios y exguerrilleros estudiaran derecho. Con el paso del tiempo, ascendieron hasta convertirse en jueces y magistrados y hoy son uno de los músculos más visibles en el poder ejecutivo actual.
Según el exprocurador general Alberto Novoa, quien estuvo en el cargo entre 2004 y 2007, un momento clave para el FSLN ocurrió con el pacto político entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Ortega —en la oposición en aquel momento— lo que permitió que se repartieran las instituciones entre adeptos de ambos líderes.
Tras el juicio al primero por corrupción, el caudillo sandinista se hizo con el poder judicial. Finalmente en 2014, el FSLN eligió a 11 sandinistas de un total de 16 magistrados, con lo que afianzó su poder.
Luego vino la radicalización. En los propios tribunales, se empezó a perseguir a quienes no eran sandinistas como Margarito García, quien trabajaba en Chontales hasta su detención de siete meses, la cual finalizó el 18 de diciembre pasado.
Antes que lo liberaran, García buscó a un equipo de CONNECTAS, con él habló desde la cárcel para contar su historia.
El caso del comerciante Luis Enrique Cuevas ilustra el exceso de la injerencia política en las decisiones judiciales. Fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por vender banderas de Nicaragua, que son vistas como subversivas por el gobierno, dado que los opositores las usaban en sus protestas.
O el caso de Otoniel Aráuz Torres, quien hace dos años era juez suplente en el Tribunal único local de San Ramón, Matagalpa, una comunidad rural del norte de Nicaragua. Pero eso no le impidió hacer parte de los grupos paramilitares que atacaron a la población durante las revueltas de 2018.
El funcionario se armó con un minifusil automático y, según el testimonio de algunos testigos, disparó contra una manifestación ciudadana. El caso se conoció por denuncias ciudadanas, pero no lo investigaron. Reinó la impunidad. Por el contrario, fue promovido a juez titular.
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Tomado de Onda Local
