Estamos profundamente preocupados y más indignados aún por todo este proceso de guerra, de “paz armada” que está atravesando este período electoral en nuestro país, que no es otra cosa, en primera instancia, que la disputa por el control de un territorio plagado de formas delictivas de muy diferentes tipos, y a la vez por formas de control político-social-económico de los cuerpos, de los recursos materiales y naturales de México.

Está claro que el partido en el poder y sus alianzas disfrazadas de oposición -lo peor del PAN y del PRD juntos-, no están dispuestos a dejar un negocio de esta magnitud, que no sólo es nacional sino transnacional; la estrategia y la táctica que han usado en gran parte tiene que ver con la siembra de la inseguridad a través del “aterrorizamiento ciudadano”. Trampa mortal creer que la paz es la seguridad y entregarla a las autoridades y a sus fuerzas con armas, está claro que los efectos de la Ley de Seguridad Interior cada vez más se van a hacer sentir en nuestro país y en nuestros cuerpos, si no nos organizamos y creamos formas de asumir el poder y “control social” que nos corresponde desde la ciudadanía.

Estas formas de desestabilización nacional tienen frecuentemente como uno de los grandes centros donde actuar las universidades, los sectores de jóvenes y los estudiantes. Hemos visto en estos días en la UNAM el enfrentamiento armado y el asesinato de dos personas afuera de la Facultad de Contaduría; en el estacionamiento de la FES-Acatlán balearon a una profesora y funcionaria. En la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado un estudiante de derecho también en el estacionamiento. Asimismo, en la Universidad Veracruzana (UV) se ha atacado una investigación social acerca de las violencias en la Universidad Veracruzana y en Veracruz, citando a declarar a su responsable académica. Resulta increíble constatar que en nuestro país la investigación social, el querer saber más, típicas armas del conocimiento, la paz y la noviolencia, son ahora presumiblemente delitos en esta lógica de la paz armada.

Universidad Veracruzana

Las doctoras Rocío Córdova y Mayra Ledesma, coordinadoras del Programa “Universidad Veracruzana Constructora de Paz: Alternativas a las violencias en Veracruz”, galardonado en 2017 por la propia universidad como uno de sus proyectos sociales más importantes, junto a su equipo, presentaron el 22 de febrero un Informe preliminar de una importante investigación (a partir de una muestra del 10% de la universidad), acerca de las violencias en la universidad y en el Estado, con todo el rigor y honestidad científicas que nos constan plenamente, donde los encuestados registraron un número importante de secuestros de estudiantes (36) en los últimos tiempos. La Fiscalía General del Estado –con una celeridad inusual en México y Veracruz- irrumpió en un evento académico de presentación de este Informe preliminar, en una forma totalmente judicial -casi penal- entrando en la universidad sin respetar ningún derecho de autonomía, entregando un citatorio a declarar a la doctora Córdova; colocando de este modo un acto y una investigación social en el terreno de la judicialización.

Nos parece increíble que la Fiscalía y el gobierno del Estado no estén agradecidos con estas investigadoras e investigaciones sociales –así como las que realizan los famliares de víctimas- que permiten saber mucho más y avanzar en el terreno de la violencia social, de la impunidad, pues sabemos perfectamente que en México más del 98% de los delitos no se denuncian, entonces cualquier forma de investigación social es una ayuda inconmensurable para poder saber más y actuar mejor. Asimismo nos parece igualmente increíble que la propia rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, se haya deslindado de la investigación, en vez de otorgarle todo el soporte académico y moral. Esta tarea investigativa deberían haberla estado haciendo al menos todas las universidades públicas del país desde el 2011.

UAEMorelos

Aquí en Morelos conocemos perfectamente cómo son esos ataques oficiales a la verdad y justicia correspondiente, porque la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuando quiso investigar y participar más directamente en el tema de las fosas clandestinas del Estado, provocó una reacción brutal y violenta del gobernador Graco Ramírez que dura hasta hoy, contra el ex_rector Alejandro Vera y todo su equipo de investigación social, perjudicando también a todo el personal docente y administrativo -así como al estudiantado-, al retener permanentemente –por catorcenas y hasta meses- los depósitos de la SEP a la UAEM para sueldos.

El actual rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, declaró el 28 de febrero que la universidad “ya no podrá acompañar a las víctimas…(porque) tenemos problemas financieros”. Sin embargo, afortunadamente, corrigió esta declaración y declaró oportunamente que “pondremos todas nuestras capacidades y conocimientos al alcance da la ciudadanía para coadyuvar al combate de actos inhumanos y al esclarecimiento de la verdad y la justicia” (3 de marzo).

UNAM

Finalmente, como decíamos, en la UNAM sigue también este proceso de “siembra de la inseguridad” y aumento de la “espiral de violencia”. Ante ello, nos parece importante que el rector Enrique Graue haya declarado una vez más que se niega a la vigilancia armada en la Universidad, y que se diga con claridad que las formas de delito organizado y narcotráfico deben salir de la universidad. Las presiones políticas y sociales hacia la seguridad armada han sido muy grandes, queriendo magnificar los sucesos en CU como si la ciudad universitaria fuera una isla y no estuviera dentro de la actual realidad bélica mexicana, en cuyo contexto estos hechos violentos adquieren otra proporción, lo que no quita nada a la necesidad urgente de prevención que se debe tener. Pero no desde la “siembra del aterrorizamiento”, que llega incluso a que Margarita Zavala, esposa de uno de los mayores responsables directos de esta muy mal llamada “guerra al narco” y militarización del país, y por ello también responsable directa de esta situación porque jamás se opuso ni dijo nada diferente en los últimos doce años, diga que “la seguridad estudiantil es más importante que la autonomía de la UNAM”. Una gran ignorancia en cuanto a péridida de la memoria histórica en aras del aterrorizamiento desproporcionado (muy diferente al miedo que sí ayuda a actuar), del valor y costo que tuvo en nuestro país y continente la lucha por la autonomía universitaria, que ahora se propone subordinar a hechos sociales de violencia, que además en CU son excepción y no regla. Se trata evidentemente de construir más terror que elimine la reflexión que da un buen “principio de realidad”, e induzca a dejar atrás la historia, la memoria, y prolongue el gran negocio de la paz armada.

Esta postura nos parece grave, además, porque la UNAM tiene una gran tarea y herencia humanista en México, refrendada en múltiples situaciones de nuestra historia, y justamente en esta guerra que nos atraviesa y se nos ha sembrado sin ningún consenso desde el poder nacional y trasnacional, y en la cual la sociedad civil ha puesto los muertos y desaparecidos, la UNAM debería tener claro y mostrar socialmente el camino de una “paz justa y digna”, “desobedeciendo las órdenes inhumanas” de combatir la violencia con mayor violencia aun (física, verbal o simbólica), enseñándonos con hechos y ejemplos claros la “utopía” (“no es, pero puede ser”) de cómo debería ser la convivencia humanizante en el orden social mexicano.

Asimismo, también es central tomar en cuenta que el tema no es sólo la venta, sino que es también el consumo, y esto es importante porque querer detener la venta debe implicar también detener el consumo en el territorio que se está defendiendo, para no caer en una fuerte contradicción o solución parcial estéril.

Por otro lado, fácilmente –en aras de demostrar “firmeza” y “valores”- se puede caer en la reproducción del esquema y cultura de la “paz armada” que impera en el país, a partir de la “estigmatizción” y formas de “castigos ejemplares”, muchas veces hacia los últimos eslabones de la cadena como son los narcomenudistas, sin querer atacar de fondo el problema y a los grandes cárteles, capos y jefes (delictivos, políticos, autoridades de todos los niveles y empresariales) que están apenas cruzando las avenidas que bordean CU. Se trata de un problema del “estado delictivo” como gran negocio, que caracteriza a México mundialmente. Carteles, en medio de siluetas con estereotipos de jóvenes pobres y rapados, que afirman: “No es tu amigo. Es un narco” o “Digámoslo como es: Es Ilegal”, no ayudan en nada a la “humanización” de nuestra cultura o universidad, por el contrario polarizan, estigmatizan, siembran prejuicios y odio. Particularmente, en la cultura de la noviolencia y la paz justa y digna el tema de lo legal conlleva una reflexión compleja y no mecánica, que asocie lo legal a lo legítimo. La historia, y ni hablar de la de México, está llena de ejemplos en que ambas cosas no son sinónimas, y bien decía Gandhi que la legitimidad y la conciencia vienen antes que lo legal y la ley.

Por tanto, la solución no es armar ni crear más formas de espiral de violencia en CU sino investigar con rigor mucho más lo que sucede realmente, organizarnos, involucrar a la comunidad universitaria y tomar en nuestras manos las soluciones desde la paz con justicia y dignidad, que son muchas si nos ponemos a “pensar en voz alta”.